Ciudadanos

El PP pedirá a Cs eliminar la dimisión por imputación en el pacto de Murcia

Génova pide coherencia a los de Rivera en las negociaciones que retomaron ayer y que respetan la ley de regeneración que ellos mismos defienden en el Congreso

Albert Rivera, en una imagen en el Congreso
Albert Rivera, en una imagen en el Congresolarazon

Génova pide coherencia a los de Rivera en las negociaciones que retomaron ayer y que respetan la ley de regeneración que ellos mismos defienden en el Congreso

La negociación del nuevo pacto entre PP y Ciudadanos (Cs) para la investidura del nuevo presidente de Murcia va a volver a ser otro tablero en que los dos partidos contrapongan sus posiciones en materia de lucha contra la corrupción. El choque es más que previsible ya que el relevo en Murcia no es automático, exige el concurso de la formación naranja, y los dos partidos han tenido que tragarse sapos en este pulso, aunque Cs haya conseguido finalmente forzar la caída del barón popular, Pedro Antonio Sánchez, «mal y tarde», como ellos mismos han reconocido. Ayer se iniciaron las conversaciones con el anuncio público por parte de Cs de que exigen como condición que se eliminen los aforamientos y que este debate se sustancie antes de la investidura de Fernando López Miras. El nuevo documento, en el que empezó a trabajar ayer Cs, incluirá también la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones y una reformulación del capítulo dedicado a la regeneración democrática. El debate de investidura del nuevo presidente se celebrará a finales de abril o principios de mayo.

Los populares creen que la formación naranja debería ser coherente consigo misma y ajustarse a la ley en materia de regeneración democrática que han presentado en el Congreso de los Diputados. Esto implica que revisen su posición en Murcia, es decir, que rectifiquen la razón por la que han forzado la dimisión de Pedro Antonio Sánchez como presidente de esa comunidad autónoma. El acuerdo de investidura de Cs con Sánchez incluía entre sus cláusulas la exigencia de que cualquier cargo público investigado en un proceso judicial abandonase su puesto institucional, y también el acta de diputado regional y cualquier responsabilidad en su partido. Sánchez aguantó investigado en el «caso Auditorio», pero cuando se cruzó también por medio la trama Púnica, y la petición del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco al Tribunal Superior de justicia de Murcia (TSJRM) de que le investigase, tuvo que abandonar la presidencia autonómica, aunque mantiene el acta de diputado autonómico y su condición de aforado. Además de que sigue siendo presidente regional de los populares.

Ante el nuevo acuerdo que tienen que negociar, el PP cree que lo lógico es que Albert Rivera sea «consecuente» con sus decisiones y plantee como referente su ley anticorrupción, en la que se admite que la dimisión se produzca cuando se formalice la apertura de juicio oral. Esto es lo que demandaban los populares con el caso de Pedro Antonio Sánchez. Cs ha tenido serias dificultades para justificar su cambio de criterio en la Cámara Baja, e incluso en declaraciones públicas algunos de sus dirigentes han explicado que su referente nacional es la ley que han llevado al Congreso, y que en Murcia plantearon ese límite porque Sánchez lo había defendido en su campaña electoral. También han esgrimido que hay que distinguir entre una ley y un acuerdo político. Pero la contradicción es imborrable. En clave nacional los dos partidos mantienen abiertas sus diferencias sobre otros dos puntos del acuerdo de investidura de Mariano Rajoy, la supresión de los aforamientos y la limitación de mandatos. Las conversaciones se iniciaron desde posiciones enfrentadas, igual que ocurrió con la comisión de investigación sobre la financiación del PP. Aunque en este último punto Rivera decidió seguir adelante y buscar una mayoría alternativa con la izquierda. En la supresión de los aforamientos necesita obligatoriamente el concurso de los dos principales partidos, porque es una cuestión que obliga a hacer una reforma constitucional, exprés en el mejor de los casos. Mientras que en la limitación de mandatos no hay acuerdo sobre el procedimiento. El PP sostiene también que podría exigir una modificación constitucional, planteamiento que Cs rechaza.

Aunque el acuerdo para los Presupuestos de 2017 está cerrado, estas cuestiones y la renegociación del acuerdo en Murcia no van a ser un camino de rosas en la relación entre los dos partidos. El pulso está en marcha.