Opinión

El golpe en directo

Pedro Sánchez ha confesado que apuesta por la amnistía. La investidura está hecha; habrá que escribir el epitafio del orden constitucional tal y como lo hemos conocido

Comité Federal del PSOE @Gonzalo Pérez Mata
Sánchez habla con Montero en el Comité Federal del PSOEGonzalo Pérez Mata Fotógrafos

No hay paso atrás. Ya no hay plan B por si acaso se repiten las elecciones. Pedro Sánchez ha confesado en directo entre aplausos de autómatas que apuesta por la amnistía. Eso significa que la investidura está hecha, y que lo que se negocia es el alcance de las concesiones del Gobierno a golpistas y delincuentes. A partir de hoy, habrá que escribir el epitafio del orden constitucional tal y como lo hemos conocido. Es el clásico golpe para una democracia iliberal.

El lote completo aceptado por Sánchez supone reforzar las estructuras de Estado de Cataluña para la independencia, como las económicas, y desvincular a sus políticos de la Justicia española. A esto hay que sumar algún tipo de referéndum, ya sea a nivel nacional o solo en la autonomía catalana. Para todo, y así lo ha dicho Sánchez, solo es preciso el encaje constitucional, y al quite está Cándido Conde Pumpido. Una vez amarrado el negocio y liberados los obstáculos, todo fluye.

El asunto era convencer a Carles Puigdemont de que los ofrecimientos de Sánchez no iban a ser paralizados por el Tribunal Constitucional ni deshechos por un futuro gobierno del PP. Ya está todo bien atado para ir de la ley a la ley.

El resto del discurso del presidente es retórica de autócrata. Ha identificado al país con su persona al decir que, «en el interés de España, defiendo hoy la amnistía en Cataluña», cuando sabemos que solo hay un motivo: mantenerse en el poder. O cuando ha venido a decir: «Yo o el caos», es decir, o la amnistía o el Gobierno del PP con Vox. Lo demás es una justificación barata que, no por casualidad, sino por la naturaleza actual del PSOE, consigue el aplauso de los suyos.

Lo relevante de la situación, como fue en Cataluña en 2017, es la retransmisión en directo de la puñalada a la Constitución. El golpe de Estado en ciencia política es mucho más que el típico militar con pistola que entra en un Parlamento. Es un cambio arbitrario de las reglas de juego desde alguna instancia del poder para obtener o conservar el Gobierno. Ese cambio se considera un golpe cuando se eliminan las instituciones que aseguran el orden legal, o estas olvidan sus funciones para favorecer al que ambiciona el poder. Luttwak, estudioso del golpismo, escribió que no hacía falta un acto de fuerza, sino la infiltración del golpista en la máquina administrativa del Estado, en sus instituciones, y que todo pareciera legal. Así es en el siglo XXI. Es el mecanismo para la creación de las democracias iliberales que contó Fareed Zakaria o más recientemente la progresista Anne Applebaum.

Son cambios, como dijo Pedro Sánchez ante el Comité Sanchista Federal, que resultarán irreversibles, y que la derecha, la mitad de España, tendrá que aceptar en silencio. Un «trágala, constitucionalista» que nada tiene que ver con la democracia. Porque una cuestión tan grave como una amnistía y un referéndum que niega la soberanía nacional, la Constitución y el Estado de derecho no puede hacerse de espaldas a la España constitucionalista, y abrazado a los rupturistas. Donde debería haber un consenso con el PP hay un acuerdo con los golpistas que, como siempre en el sanchismo, se tira con violencia a la cara del constitucionalismo.

En todo acto de este tipo, como es un golpe posmoderno, se argumenta aludiendo a grandes valores universales, como la paz y el reencuentro, y se reniega de la etapa anterior como compendio de desgracias. Eso es justo lo que ha hecho Pedro Sánchez uniendo la cursilería con el descaro. Y no se confundan Vds. El presidente no es rehén de los independentistas, sino de una ambición que hace que sacrifique la responsabilidad y el sentido de Estado. Si no fuera así, vería que es desproporcionado volar por los aires la democracia que nos ha proporcionado la Constitución de 1978 solo para seguir en Moncloa.