La infinita espera de las aduanas de Ceuta y Melilla

La única certeza en el culebrón de la apertura de las aduanas comerciales de Ceuta y Melilla es que, contrariamente al deseo de algunos, las dos ciudades autónomas son cada vez más españolas y europeas y menos norteafricanas. El paso del tiempo las aísla cada vez más económica y socialmente de su entorno magrebí.

Desde el cierre, en marzo de 2020, de las fronteras del Tarajal y Beni-Enzar (también la de Farhana) no se ha producido paso alguno de mercancías entre los dos países con la excepción de las tres experiencias piloto anunciadas a bombo y platillo por el Gobierno a lo largo de este año. Suprimida de facto la excepción Schengen, sólo ciudadanos con pasaporte de la UE, permiso para circular por el propio espacio comunitario y un reducido grupo de trabajadores transfronterizos puede a día de hoy cruzar las divisorias entre los dos países. El contrabando, llamado de manera eufemística «comercio atípico», había desaparecido ya en Ceuta en diciembre de 2019 y en agosto del año anterior en Melilla. Varios años, por tanto, de aislamiento respecto a las provincias de Tetuán y Nador, donde habían estado plenamente imbricadas sus economías durante décadas.

Transcurridos 14 meses de la firma en Rabat de la primera hoja de ruta tras la vuelta a la normalidad entre los gobiernos de España y Marruecos y, con ella, de la promesa de la reapertura de la aduana comercial de Melilla –que había funcionado desde 1959 hasta su cierre unilateral por parte de Marruecos en agosto de 2018– y de la creación de una nueva en Ceuta, el Gobierno de España es incapaz a día de hoy de garantizar cuándo y cómo se producirá la puesta en marcha definitiva. Parece claro que no depende de él.

Después de varios retrasos el Gobierno de Pedro Sánchez ponía fecha final, el inicio del año en curso, al acontecimiento, el único logro concreto que podía vincularse a la histórica transacción por el giro diplomático en el Sáhara Occidental. No ha sido así. Sí ha habido, en cambio, tres ensayos de pasos de mercancías desde que comenzara 2023: el 27 de enero, el 24 de febrero y el 25 de mayo. Todos ellos resultaron un éxito, según el Gobierno, pero a la vista de los acontecimientos también fueron insuficientes para garantizar la apertura definitiva de los pasos comerciales.

Sin temor al error puede constatarse que Marruecos no tiene ningún interés en que las aduanas comerciales que España –y los empresarios de Ceuta y Melilla aguardan con dosis de indignación y resignación por igual– pretende vean la luz. Ningún representante del gabinete real marroquí se ha referido públicamente a la apertura de las aduanas. Las únicas alusiones a las dos ciudades autónomas han llegado en los últimos tiempos en una protesta formal de las autoridades marroquíes ante la Delegación de la UE en el país a propósito de un informe sobre migraciones de uno de los vicepresidentes de la Comisión Europa en el que este se refería a las ciudades como «españolas y europeas». Marruecos no ha mentido en ningún momento en este punto: para Rabat son «ciudades ocupadas» por España que espera algún día integrar en los territorios del reino, a pesar de que no haya nunca una reclamación oficial ante los organismos internacionales.

Si, por el contrario, como se ha dicho recientemente desde el Gobierno de España, lo hacía hace unos días tanto la ministra de Política Territorial y portavoz, Isabel Rodríguez, como el ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Albares la hoja de ruta con Marruecos «se está cumpliendo» y el procedimiento de la puesta a punto de las aduanas «avanza», y sólo lo retrasa la «complejidad» técnica del mismo, el responsable del fracaso no es otro que el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Lo es por no haberlo tenido en cuenta cuando anunció su apertura en el cambio de año, y si entonces el Gobierno era consciente de la extrema dificultad del «mecanismo» –en el caso de Melilla la aduana funcionó con plena normalidad hasta el 31 de julio de 2018-, lo ocultó a la opinión pública española.

Sumidos ya en la precampaña electoral para el 23-J, el Gobierno no quiere nuevos sobresaltos en las fronteras sur. No habrá declaraciones grandilocuentes que puedan poner en riesgo los equilibrios en la relación con Marruecos. Aunque la cooperación de Rabat ha rebajado el problema migratorio en las costas y fronteras españolas, el Ejecutivo presidido por Sánchez tiene abiertos dos frentes en el Magreb: la eterna espera de las aduanas comerciales de Ceuta y Melilla y el veto argelino a las empresas españolas tras el giro en el Sáhara –con un grupo de sociedades ultimando una demanda patrimonial contra el Estado.

El Gobierno asume, según fuentes cercanas al departamento dirigido por Albares, que Marruecos no hará grandes concesiones a España en los próximos tiempos. Y sabe que Rabat y Argel aguardan con atención el resultado de las próximas elecciones generales. Si Marruecos confía en que el nuevo Ejecutivo que salga de las urnas y las alianzas despeje todas las dudas defendiendo públicamente la propuesta de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental, Argelia espera que, por el bien de la relación bilateral, el nuevo presidente dé marcha atrás para volver a la tradicional posición española. El sopor del tórrido fin de junio augura un final de verano turbulento en el Magreb.