El juez apremia a la Fiscalía a designar a la persona que le identificará al responsable de la nota del novio de Ayuso

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid Francisco José Goyena, que instruye la querella por revelación de secretos del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, contra dos fiscales de Madrid, ha dado diez días de plazo a la Fiscalía -según confirman fuentes jurídicas- para que designe a la persona encargada de facilitarle la información que requirió el pasado día 16, entre ella la identificación del "máximo responsable" del Ministerio Público que autorizó la difusión del comunicado que aireaba las negociaciones con la defensa del empresario para llegar a un acuerdo de conformidad.

El instructor dio 15 días de plazo a la Fiscalía para que le aclarara "quién o quiénes fueron las personas físicas concretas que procedieron a la redacción de dicho comunicado" y las que intervinieron "en la decisión de hacer público" el mismo, así como "el máximo responsable (en rango) de la carrera fiscal que acordó o dio el visto bueno a la decisión de difundir el comunicado con el contenido finalmente remitido". La Fiscalía ha recurrido ya esa decisión y ha solicitado al magistrado que deje en suspenso ese plazo hasta que se resuelva su petición. El juez Goyena aún no se ha pronunciado al respecto, pero sí ha apremiado a la Fiscalía a que designe a la persona que será la encargada de facilitar todas esa información.

Entre otras cosas, el instructor quiere que se le entreguen "todas las comunicaciones" mantenidas por la Fiscalía con el abogado del empresario "antes y después de hacerse público el comunicado", y que se le precise quiénes dispusieron de una copia de esos correos electrónicos. Además, ha reclamado las instrucciones remitidas a la carrera fiscal para "impedir que queden a la vista, a disposición o sean entregados a personal no autorizado documentos y soportes qué contengan datos personales".

Ribón ratifica la denuncia

González Amador se querelló contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, y el fiscal de delitos económicos Julián Salto, al igual que hizo el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), lo que llevó al TSJM a la admisión a trámite de ambas denuncias el pasado 7 de mayo.

Precisamente hoy, el decano del ICAM, Eugenio Ribón, ha ratificado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la querella por revelación de secretos contra los dos fiscales por la filtración de la denuncia por fraude fiscal contra González Amador y por la difusión de la nota de la Fiscalía.

Tras su comparecencia, Ribón ha insistido en la necesidad de que se investiguen los hechos y que el instructor "identifique a la persona que dio las instrucciones" para que se publicara esa nota pública. Dado que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ya ha asumido la "responsabilidad última" de ese comunicado, el decano del Colegio de Abogados de Madrid considera "muy probable" que la causa termine en el Tribunal Supremo (TS). Para Ribón, esa supuesta revelación de secreto vulneró el derecho de defensa del empresario y su derecho a un proceso con todas las garantías.

"Deber de sigilo y discreción"

Según la denuncia del ICAM, la difusión de esos datos "ofrecen indiciariamente caracteres constitutivos de un delito de revelación de secretos", que sanciona "el quebrantamiento por parte de una autoridad o funcionario público" del "deber de sigilo y discreción que impone el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal". En ese escrito, la institución que preside Eugenio Ribón instaba a averiguar la "autoría mediata o inmediata" del comunicado dado que según su propia normativa reguladora el Ministerio Fiscal "ejerce sus funciones por medio de órganos propios", en este caso la Fiscalía Provincial de Madrid, que fue quien difundió la polémica nota el pasado 14 de marzo.

Para el Colegio de la Abogacía de Madrid con la difusión de la denuncia de la Fiscalía contra el empresario por fraude fiscal y con la difusión de todas las actuaciones realizadas en relación a la misma, con "prolijo detalle", y con "carácter previo a alcanzarse un pacto de conformidad", los fiscales habrían vulnerado los derechos de reserva y sigilo inherentes al cargo cuyo daño a la causa "trascienda del umbral admisible".

El ICAM se queja de que se hicieron públicos "datos o informaciones que están afectas a un específico secreto por razón del cargo de representante del Ministerio Fiscal, lo que hace que sean materia reservada por su propia naturaleza, aunque no haya recibido formalmente la calificación de secreto". Se vulneró así, entiende la institución, el derecho del empresario a un proceso con todas las garantías en su vertiente del derecho a un juez imparcial.

El pasado miércoles, fue González Amador quien ratificó su querella por revelación de secretos contra los dos fiscales (aunque también estaba citado en un principio hoy, el instructor adelantó esa comparecencia por obligaciones profesionales del empresario). El empresario abandonó la sede judicial junto a su abogado sin hacer declaraciones a los medios de comunicación.

González Amador considera que la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de delitos económicos Julián Salto –que le atribuye un fraude tributario de 350.000 euros– cometieron un delito de revelación de secretos por difundir las negociaciones con su defensa para intentar llegar a un acuerdo de conformidad por el que, a cambio de admitir los dos delitos fiscales imputados, vería reducida la petición de condena.

En su denuncia, la defensa del empresario sostenía que "nadie duda" de que si "hubiera mantenido una relación sentimental con cualquier otra persona", y no con la presidenta de la Comunidad de Madrid, "jamás se habrían producido las conductas y los hechos delictivos» denunciados".

La Fiscalía pide el archivo y carga contra el juez

La Fiscalía ya ha pedido al juez Francisco José Goyena que archive la causa y reprocha al instructor que asumiese el contenido de la denuncia de forma "acrítica" y "sin filtro alguno", abriendo una investigación "meramente prospectiva". En el escrito en el que solicita la medida -y pide que se paralice el plazo de 15 días para identificar al máximo responsable de la Fiscalía en la distribución del comunicado-, el fiscal Francisco Javier Montero afirma que "no hay el más mínimo indicio" de que los dos fiscales fuesen los responsables de la filtración de la denuncia contra González Amador por fraude fiscal, lo que según defiende no debería ser el TSJM el que instruya el procedimiento, sino los juzgados ordinarios.

El fiscal niega que se produjese "una brecha de seguridad" en la Fiscalía de Madrid y califica de "hipótesis remota" atribuir al Ministerio Público la responsabilidad de esa revelación. Incluso apunta al "entorno" de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, a su defensa, la Agencia Tributaria o al Juzgado Decano de Instrucción de Madrid como origen de la filtración de esos correos electrónicos intercambiados con la Fiscalía.

En la resolución en la que admitió a trámite las querellas de González Amador y el ICAM, los magistrados de la Sala Civil y Penal del TSJ de Madrid señalaron la necesidad de indagar "si se ha excedido el límite permitido penalmente en el ámbito del derecho a la información que asiste al Ministerio Público al tratarse de unas diligencias penales, y por tanto reservadas, y así mismo en qué medida han podido perjudicarse los derechos constitucionalmente reconocidos al querellante". El objetivo del procedimiento, precisaron, es por tanto "analizar si se ha visto vulnerado el deber de confidencialidad y reserva inherente a las actuaciones penales".