El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cedido ante una nueva concesión a Junts. Esta vez, el grupo independentista ha conseguido que se realice la tramitación de una nueva regulación que obliga a los empleados de las empresas con más de 250 trabajadores o que obtengan beneficios anuales de más de 50 millones de euros a aprender el catalán para atender a sus clientes aunque la sede de la organización no se encuentre en Cataluña.

En un comunicado de prensa, la formación dirigida por Carles Puigdemont, ha celebrado el acuerdo logrado en el Congreso de los Diputados y ha señalado que la reforma acordada con el Gobierno permitirá blindar el "derechos de los ciudadanos y evitar la invasión de las competencias de la Generalitat".

Aunque desde la organización independentista no se ha fechado la entrada en vigor de la nueva legislación en el apartado lingüístico, se ha señalado que la enseñanza del catalán será obligatoria para los trabajadores del sector para garantizar que los clientes catalanes puedan ser atendidos sin usar el castellano. De la misma manera, las comunicaciones escritas y orales se deberán realizar por la lengua elegida por el cliente al comenzar la tramitación.

Las empresas afectadas por el acuerdo entre Junts y el PSOE

La nueva concesión del presidente del Gobierno a los independentistas supone nuevos gastos para las empresas o en su defecto para los trabajadores que deberán invertir en aprender la lengua. A diferencia de las percepciones de la entidades, desde los miembros de Junts se señala que el cambio "supone un cambio de paradigma" con el que "se pone por delante el derecho del consumidor", sin que el uso del catalán dependa de la buena voluntad de la empresa o de la ubicación territorial.

En este sentido, la formación ha facilitado un listado con las entidades que deberán cambiar sus hábitos. Se encuentran las corporaciones dedicadas a los servicios básicos del hogar -luz, gas, agua o teléfono-; los servicios públicos como las aerolíneas, ferroviarias o los conductores de los autobuses.

De la misma manera, los trabajadores de Correos, las entidades financieras o los empleados de las aseguradoras deberán aprender las nociones básicas de la lengua. Independientemente del sector, las empresas que cuenten con más de 250 empleados o que facturen más de 50 millones de euros anuales se verán afectadas.