El líder del PSOE de Extremadura se atrinchera en el Parlamento regional para garantizarse el aforamiento

Miguel Ángel Gallardo, secretario general del PSOE en Extremadura y presidente de la Diputación de Badajoz, ha dado un paso que podría definirse como "escapismo" institucional. Y es que no solo cambia de escenario político, sino que lo hace justo cuando más aprieta la presión judicial. Su salto al Parlamento regional busca esquivar el banquillo y protegerse bajo el paraguas del aforamiento. Una maniobra que, más que responder a una lógica política, responde a una necesidad personal de blindaje ante una causa que amenaza con salpicarle de lleno. Sin embargo, Gallardo ha insistido que lo hace por "razones políticas" yasí a estar aforado, lo que significa que, de ser juzgado, lo haría ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

La decisión la tomó a apenas 24 horas después de que la Fiscalía de Badajoz solicitara el archivo de la causa abierta contra él por presuntas irregularidades en el nombramiento de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Pero lejos de cerrar la polémica, el paso de Gallardo ha sido interpretado por la oposición como una maniobra de protección y un acto de debilidad política y judicial.

Sin embargo, para que Miguel Ángel Gallardo pueda incorporarse como diputado y así obtener el aforamiento, es necesario que al menos diputados de su grupo renuncien o cedan sus escaños, ya que la entrada de un nuevo diputado a mitad de legislatura suele producirse por vacantes generadas por dimisiones, renuncias o cambios internos. Aunque Gallardo ocupaba el puesto número 23 en la lista electoral del PSOE por Badajoz en las elecciones autonómicas de 2023, el grupo socialista obtuvo 16 escaños, por lo que se requiere que corra la lista con esas renuncias para que pueda acceder al escaño correspondiente. Hasta la fecha, se ha confirmado la renuncia de la diputada socialista María de la Cruz Rodríguez Vegazo, quien fue jefa de gabinete de Gallardo en la Diputación de Badajoz. Además, se espera que otros cuatro suplentes en la lista electoral, tres de los cuales trabajan directamente con Gallardo en la Diputación, también presenten su renuncia para facilitar su entrada en la Asamblea. Este proceso está previsto para completarse antes del próximo pleno de la Asamblea, programado para el 29 de mayo.

El caso: favores, enchufes y blindajes

Gallardo está imputado en una causa que investiga el presunto acceso irregular de David Sánchez a un alto cargo en la Diputación de Badajoz en 2017. La investigación apunta a que el hermano del presidente del Gobierno pudo haber utilizado su influencia para favorecer a un amigo personal -extrabajador del Palacio de La Moncloa- en un nombramiento similar.

En este contexto, la entrada de Gallardo al Parlamento regional le garantiza el aforamiento que hasta ahora no tenía. Un detalle que no ha pasado desapercibido en la oposición ni en la opinión pública.

"Confesión de culpabilidad encubierta"

El portavoz del PP en Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha cargado con dureza contra lo que considera una operación política calculada. “Hemos sido testigos de una confesión de culpabilidad encubierta por parte de Miguel Ángel Gallardo”, ha afirmado. “Lo que ha hecho es anunciar que se quiere blindar ante la justicia y decirle a los extremeños que quiere ser aforado”. Para los populares de Extremadura el anuncio se hizo “con nocturnidad y alevosía” y ha cuestionado abiertamente los motivos del dirigente socialista:

Un escaño como escudo

El blindaje de Gallardo se completa con un detalle especialmente revelador: en la Asamblea extremeña ya se encuentra Antonio Garrote, responsable del área de Recursos Humanos de la Diputación en el momento de la polémica contratación. Garrote, por su condición de aforado, no ha tenido que declarar aún ante el juez instructor.

La incorporación de Gallardo al Parlamento, por tanto, no solo representa un cambio de rol político, sino que lo sienta al lado de otro de los implicados, también protegido por el aforamiento. Todo ello, en un momento crítico en el que se espera que la causa avance o incluso llegue a juicio.

Su entrada en la Asamblea se percibe como una fortificación preventiva, una maniobra para resistir desde dentro de la institución cualquier embate judicial.