Manos Limpias denuncia ante el Consejo Fiscal la filtración que afecta a la pareja de Díaz Ayuso

El sindicato Manos Limpias presentó una denuncia el 15 de marzo contra la fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid y contra el fiscal del que forma parte de la investigación contra la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Se trata de una actuación que ha llevado a cabo ante el Consejo Fiscal por una "presunta falta grave" por la supuesta vulneración del secreto de las comunicaciones.

Miguel Bernad, el secretario general de la organización, lo ha confirmado a LA RAZÓN. El abogado fue exculpado hace unos días por el Tribunal Supremo de delitos de extorsión y estafa que le atribuían en el marco del conocido como "caso Ausbanc". En el escrito, se pide al Consejo Fiscal que inicie las diligencias disciplinarias correspondientes por esta filtración.

La denuncia se basa en la supuesta vulneración del Reglamento Fiscal bajo la premisa de que los fiscales deben resguardar la confidencialidad y el sigilo de las negociaciones que desarrollan con los abogados defensores de los acusados. "Los fiscales estarán obligados a guardar el debido secreto de los asuntos reservados de que conozcan por razón de sus cargos y no hacer uso indebido de los informes obtenidos por razón de los mismos", señala el Reglamento en su artículo 122.

Con esta iniciativa, se suma a lo anunciado ayer por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM). La Junta de Gobierno acordó ordenar a sus servicios jurídicos que interpongan una denuncia administrativa y otra penal en relación a la presunta vulneración del secreto profesional de las comunicaciones que ampara a las actuaciones de los letrados por la revelación de datos en la investigación relativa a Alberto González, el novio de Díaz Ayuso, que está siendo investigado por dos presuntos delitos fiscales y otro de falsedad documental, al considerar Hacienda que ha presentado facturas falsas,

Debido a la gravedad de la filtración, la Asociación de Fiscales exigió la semana pasada la "inmediata dimisión" del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración a los medios de comunicación de comunicaciones entre la Fiscalía y el abogado de González en un comunicado del que se responsabilizó la Fiscalía Provincial de Madrid. Para la AF estos hechos tienen un impacto negativo en el prestigio y la imagen del Ministerio Fiscal.

Por otra parte, la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (Apif) también destacó la gravedad de este comunicado, en el que se daba cuenta de fechas y negociaciones para un acuerdo de conformidad que no se llegó a concretar. "Las propuestas emitidas y no ratificadas por un letrado en defensa de los intereses de su patrocinado no pueden ser desveladas por el Ministerio Fiscal", recordó la Apif. Pidieron, además, al fiscal general que trasladase a todas la fiscalías del país la orden de dar cumplimiento a su deber de sigilo.

En la nota la Fiscalía madrileña comunicaba que "el único pacto de conformidad, con reconocimiento de hechos delictivos y aceptación de una sanción penal" que ha existido hasta la fecha en relación a la pareja de Ayuso es el que propuso el abogado de González al fiscal del caso el pasado febrero. Fuentes de la Fiscalía General del Estado han respaldado a la Fiscalía madrileña bajo el argumento de que en el contenido de la nota de prensa no se revelaba ningún datos que no hubiese sido publicado previamente por la prensa.

Sin embargo, desde el ICAM explicaban que lo grave es que lo haya hecho un miembro del Ministerio Público y de ahí que acordasen presentar dos denuncias para depurar responsabilidades sobre esta filtración de datos.