Primo de Rivera: desenlace a un mes de las elecciones

Los restos mortales de José Antonio Primo de Rivera descansan desde primera hora de la tarde de ayer en el cementerio madrileño de San Isidro. Ha sido el lugar elegido por su familia, que en ningún caso quería forzar una negociación o exponerse a un espectáculo como el vivido durante la mediática exhumación de Francisco Franco en 2019, en el hoy rebautizado Valle de Cuelgamuros. Aunque Primo de Rivera podía permanecer allí como víctima de la Guerra Civil, según la Ley de Memoria Democrática, pero los suyos alegaban la prevista resignificación del recinto, lo que chocaba con el último deseo expresado en el testamento del fundador de Falange de ser enterrado «en tierra bendita y bajo el amparo de la Santa Cruz».

El desenlace ha ocurrido de nuevo a un mes de unas elecciones, a las puertas de una cita con las generales en el caso de hace tres años y medio; ahora en vías de la votación para municipales y autonómicas, el próximo 28 de mayo.

En cualquier caso, todo siguió el guion previsto, con expectación ante un acontecimiento histórico que pudo discurrir con la discreción buscada por la familia, especialmente en el Valle de los Caídos. Los 77 miembros de los Primo de Rivera Oriol, Sainz de Vicuña Primo de Rivera, Díez Peche, Peche Marín-Lázaro, Peche Moreno y Anós Peche llegaron a primera hora en una veintena de vehículos a la basílica, donde los preparativos habían arrancado de madrugada para que los deudos solo tuvieran que presenciar la extracción del féretro. Bajo una carpa de color blanco que se instaló sobre la sepultura, a puerta cerrada y en medio de fuertes medidas de seguridad, con un Valle blindado para evitar incidentes. En este sentido, un testigo relata haber contado «hasta 38 dotaciones policiales diferentes que se esfumaron una vez acabó todo, dejando el lugar en el desamparo habitual».

También estaba presente en el recinto la plana mayor de Patrimonio Nacional, con su directora al frente, Ana de la Cueva, y la gerente, María Dolores Menéndez. Se llegó a un acuerdo para que hubiera un fotógrafo por cada parte, de manera que quedara constancia gráfica del episodio. Solo hubo un contratiempo que provocó un ligero retraso, al topar los operarios con «un forjado de hormigón y ladrillo antiguo», según ha sabido LA RAZÓN, «que impedía el acceso a la sepultura». Las tareas han causado daños en varios conductos de aire acondicionado.

Poco después, el prior de la abadía benedictina, Santiago Cantera, rezó un responso como epílogo de la estancia allí de los restos del líder falangista, que reposaba junto al altar mayor desde el 31 de marzo de 1959.

La comitiva salió a continuación –las 12:40– hacia la Sacramental de San Isidro, donde se personaba a las 13:30 horas para proceder a la inhumación junto a los hermanos de José Antonio, Miguel, Carmen, Pilar y Fernando. Los restos de Primo de Rivera se pasaron antes a un ataúd de reducidas dimensiones, pues el original, que no cabía en su nuevo destino, fue incinerado. De nuevo solo con la familia como testigo y con el camposanto cerrado.

La llegada fue acompañada de momentos de tensión por parte de unas 200 personas, alguna con camisa azul y parafernalia falangista. Hubo tres detenidos por parte de la Policía Nacional después de que rompieran la barrera que les alejaba de la necrópolis y forcejaran con los agentes al ver entrar el coche fúnebre. Con gritos de «Arriba España», «Gobierno criminal» y «Primero asesináis y luego profanáis», los exaltados se encontraban en la acera frente al cementerio protestando por la exhumación.

Los seguidores del fundador de Falange entonaron el «Cara al Sol» y desplegaron banderas y pancartas con la cara del histórico político con el texto: «José Antonio Primo de Rivera ¡Presente!». Todo ello mientras algunos falangistas cantaban con el brazo en alto.

Por la tarde, los familiares expresaron en un comunicado su deseo de dar «por cumplida nuestra voluntad de dignificar la figura de nuestro tío abuelo y conseguir el descanso eterno tantas veces interrumpido», en referencia a las cinco veces que el cuerpo ha sido inhumado hasta ayer.

Este es el quinto entierro del político, que fue fusilado por el bando republicano en noviembre de 1936 en la cárcel de Alicante y enterrado en una fosa común. Dos años después sus restos mortales se colocaron en un nicho, en el mismo lugar. Una vez finalizada la Guerra Civil, en 1939, fue exhumado de nuevo y llevado desde Alicante hasta el monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Su ataúd fue portado a pie por falangistas durante 10 días: pasó por Aranjuez, recorrió la Gran Vía de Madrid y entró en el monasterio escurialense el 30 de noviembre de 1939. Allí fue recibido por Franco y enterrado junto al altar mayor de la basílica. Años después, en noviembre de 1959, cambió otra vez de ubicación, el día antes de que se inaugurase el Valle de los Caídos, y quedó enterrado en un lugar de honor en la basílica de Cuelgamuros. Ahora ha vuelto a ser inhumado en San Isidro, en el distrito madrileño de Carabanchel, después de un acuerdo entre la familia y el Gobierno, en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, aprobada el pasado mes de octubre.

Los Primo de Rivera también agradecen la comprensión «de muchos españoles que quieren y admiran» a José Antonio y que «de forma serena» han entendido que la decisión de la familia tenía el único fin de dignificar su figura. Finalmente dan las gracias por el respeto a su «silencio» durante estos meses y anuncian que así seguirá siendo en el futuro porque consideran que «es la mejor manera de respetarle y honrarle». «Su ejemplo de amor a España es el mejor testimonio», señalan en el comunicado.

Especialmente miembros de Falange han criticado a la familia por no haber «luchado lo suficiente» por evitar este final. Jesús Muñoz, convocante del «acto informal» ayer en San Isidro criticó el «silencio» de los Primo de Rivera y que no hayan dado una batalla jurídica y en los medios de comunicación para defender a su pariente, poniendo como ejemplo que los de Francisco Franco sí «dieron la batalla» para que no fuera exhumado.

«La familia obviamente no está contenta con la exhumación (...) pero no han luchado como deberían luchar por mantener el derecho de un muerto a reposar», esgrimió, cargando contra los Primo de Rivera. «Podían haber dado una batalla que no han dado», sentenció, refiriéndose a llevar el asunto ante la Justicia, una vía que agotaron los Martínez-Bordiú Franco.

Uno de los detenidos ayer ante las tapias del cementerio de San Isidro es Martín Sáenz de Ynestrillas, hijo de Ricardo Sáenz de Ynestrillas, comandante de Infantería asesinado por ETA en 1986 frente a su casa –muy cerca del camposanto–, y hermano de Ricardo Sáenz de Ynestrillas, que fue juzgado en 1993 por el asesinato del diputado de Herri Batasuna Josu Muguruza y absuelto por la Audiencia Nacional por falta de pruebas.

Ahora quedan pendientes las exhumaciones de dos dirigentes del franquismo: el general José Moscardó y el teniente coronel Jaime Milans del Bosch, que permanecen enterrados en el Alcázar de Toledo. Moscardó y Milans del Bosch se hallan en la cripta junto a otros militares y civiles que defendieron la fortaleza durante el asedio que se llevó a cabo del 21 de julio al 27 de septiembre de 1936, un espacio que es únicamente visitable por sus familiares con autorización previa. Sus exhumaciones siguen pendientes en aplicación de la Ley de Memoria Democrática.

Al amparo de la misma normativa, el pasado 3 de noviembre fueron exhumados los restos mortales del general Gonzalo Queipo de Llano y de su esposa Genoveva Martí de la basílica de la Macarena de Sevilla.

[[H3:El PP acusa al Gobierno de usar la exhumación como «un juego de magia»]]

A poco más de un mes para las elecciones municipales y autonómicas, toda maniobra política conviene leerla con lupa para ver qué intenciones tiene. En este sentido, no cabe duda de que la exhumación de José Antonio Primo de Rivera buscaba un golpe de efecto por parte del Gobierno en materia de Memoria Democrática en plena precampaña, aunque, realmente, ha tenido mucho menos impacto político del que se podía prever.

En este sentido, en el Gobierno se reivindicó ayer la exhumación, aunque con perfil bajo, a través de Isabel Rodríguez, del Ministerio de la Presidencia y Memoria Democrática, quien explicó que la Ley de Memoria Democrática aprobada el año pasado impide la presencia de restos mortales en ningún lugar «preeminente» del recinto, como era el caso de Primo de Rivera. Desde el PSOE, la ministra de Educación y portavoz del partido, Pilar Alegría, enmarcó la exhumación en el cumplimiento de la ley y dijo que se da un paso más «en la dignificación de nuestra democracia».

El PP, por su parte, acusó al Ejecutivo de utilizar la exhumación como un «juego de magia» y de «birlibirloque» para distraer la atención de los problemas de los españoles o de los «líos» del Ejecutivo, mientras que Vox expresó su rechazo a «un Gobierno que dedica gran parte de su tiempo a profanar tumbas y desenterrar muertos».

Por contra, para IU ayer fue «un gran día para la memoria democrática de este país» y Podemos consideró una buena noticia la retirada de los restos de José Antonio del Valle de Cuelgamuros.

Lo cierto es que la exhumación se ha dado también en un contexto de tensión en el seno del Gobierno y la maniobra política permite cohesionar, aunque sea un poco, a la izquierda.