Galicia aprueba un nuevo protocolo para proteger a las trabajadoras de ayuda en el hogar frente a la violencia

La Xunta ha decidido impulsar un nuevo protocolo de prevención y actuación frente a la violencia hacia las trabajadoras del Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF), una herramienta pionera en Galicia que busca ofrecer más garantías de seguridad y apoyo a un colectivo que, en muchos casos, desarrolla su labor en soledad y en entornos vulnerables.

Elaborado por el Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Galicia (Issga) en colaboración con la Consellería de Política Social e Igualdade, el texto fue impulsado a petición unánime de la mesa de trabajo promovida por la Fegamp, en la que participan también sindicatos, empresarios y el Colegio Oficial de Trabajo Social.

La aprobación del protocolo llega apenas unos meses después del asesinato de una trabajadora del SAF en la parroquia de Atios, en O Porriño, un crimen que conmocionó a toda Galicia y puso de relieve la necesidad urgente de reforzar la seguridad en este ámbito.

La víctima, de 48 años y vecina de Mos, acudía cada día a cuidar a una mujer encamada cuando fue atacada y asesinada a las puertas del domicilio por el marido de la paciente, un carnicero jubilado de 73 años. La Guardia Civil investiga el caso como un homicidio y fuentes sindicales confirmaron que la trabajadora había denunciado acoso sexual por parte del agresor el día anterior.

Tres ejes de actuación: prevención, organización y formación

El nuevo protocolo gallego actúa sobre tres ejes fundamentales: identificación y gestión de riesgos, organización del trabajo y refuerzo de la formación específica. El objetivo es prevenir, detectar y responder de forma eficaz a cualquier forma de violencia laboral externa, entendida como cualquier comportamiento o amenaza que pueda causar daño físico, psicológico, sexual o económico, incluyendo la violencia de género y el acoso sexual.

El documento destaca la importancia del entorno en el que se realiza el servicio —los domicilios de las personas usuarias— y de la planificación del trabajo para reducir riesgos.

Entre las medidas concretas, se propone garantizar espacios seguros y establecer criterios sobre la presencia de personas conflictivas durante las visitas; realizar evaluaciones de riesgos en los domicilios y ofrecer información a las familias sobre las normas del servicio; mantener operativo el teléfono móvil durante toda la jornada y prever acompañamiento temporal en situaciones de riesgo; y reforzar la coordinación con los servicios sanitarios y hacer seguimiento de los casos con antecedentes de conflicto.

En el ámbito formativo, el protocolo enfatiza la necesidad de capacitar al personal en prevención de la violencia, comunicación efectiva y resolución de conflictos, con el fin de dotar a las trabajadoras de herramientas que les permitan actuar con mayor seguridad y confianza.

El texto establece un sistema de actuación progresivo, desde la anticipación del riesgo hasta la respuesta inmediata ante agresiones. Incluye pautas para mantener la calma, reconducir situaciones de tensión y actuar con prioridad absoluta sobre la integridad física y emocional de las profesionales.

Asimismo, se insta a registrar y dar seguimiento a todos los incidentes, para que puedan ser evaluados por las empresas y los ayuntamientos, permitiendo así adoptar medidas correctoras y mejorar de forma continua la protección de las trabajadoras.

Una labor imprescindible

El protocolo reconoce expresamente el perfil mayoritariamente femenino de las profesionales del SAF y las dificultades específicas en los pequeños ayuntamientos rurales, donde el acompañamiento técnico y la supervisión son más limitados.

La Xunta subraya que este documento supone un paso decisivo en las políticas preventivas del sector y una herramienta clave para dignificar y proteger una labor esencial, la de quienes cuidan de las personas dependientes en sus propios hogares.

El Issga reforzará en 2026 sus acciones de sensibilización e información para difundir este nuevo protocolo y fomentar una cultura de prevención en un ámbito donde, como demuestra el reciente crimen de O Porriño, el riesgo no es solo teórico, sino una amenaza real que exige respuestas firmes, coordinadas y urgentes.