Los Alcántara: del final de la serie a un juicio todavía sin fecha

Ana Duato e Imanol Arias encaran tras 23 temporadas los últimos siete capítulos de «Cuéntame como pasó». Más de veinte años en antena, que para Gardel no eran nada pero que, en su caso, se han visto sobresaltados por una fecha: el 27 de abril de 2016. Ese día, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ordenó poner en marcha la «operación City» con el registro del despacho de abogados Nummaria en la madrileña calle Juan Bravo, en pleno barrio de Salamanca, en busca de documentación que avalara los indicios de fraude fiscal y el rastro de empresas offshore en Reino Unido, Costa Rica y Panamá, entre otros países. El brilló mediático de la operación policial iba paralelo a la nómina de los clientes del bufete que dirigía Fernando Peña, supuesto cerebro de la trama defraudatoria. Entre ellos, los dos principales protagonistas de la exitosa seria de televisión.

Siete años y medio después de ese alboroto mediático y social, ambos continúan a la espera de conocer la fecha en la que se sentarán en el banquillo por haber defraudado supuestamente entre ambos a través de Nummaria 4,6 millones de euros de sus ingresos por «Cuéntame» entre 2009 y 2017. Ana Duato se enfrenta a una petición de condena de la Fiscalía Anticorrupción de 32 años de cárcel, 27 en el caso de su compañero de reparto.

Han pasado cuatro años desde su procesamiento y uno menos desde la apertura de juicio oral, pero los dos actores seguramente despedirán la longeva serie televisiva el próximo 29 de noviembre sin conocer la fecha del juicio. Y es que al apretado calendario de señalamientos judiciales de la Sección Segunda –encargada de celebrar la vista oral– se une en este caso una circunstancia que pone este caso a la cola de la lista de espera. Al no estar en prisión ninguno de los 31 acusados, tienen prioridad las causas con preso por una simple razón: pasados los cuatro años de prisión preventiva que la ley permite como máximo sin que se haya celebrado el juicio, el preso que se encuentre en esa situación debe ser inmediatamente puesto en libertad (con el consiguiente riesgo de fuga, en su caso). De ahí que se priorice en el calendario a las causas que sí mantienen a algún imputado en la cárcel provisionalmente. Con ese panorama, parece complicado que el juicio se celebre en 2024.

Problemas de agenda de los abogados

Una incertidumbre que solivianta a las defensas de algunos procesados, entre ellos el productor de «Cuéntame», Miguel Ángel Bernardeau –para quien Anticorrupción solicita una condena de 18 de prisión–, quien como informó LA RAZÓN el pasado septiembre se quejó a la Audiencia Nacional del retraso e instó al tribunal a facilitar al menos una fecha orientativa del comienzo de la vista.

No en vano, al «overbooking» en el calendario de juicios de la Audiencia se le añaden los problemas de agenda de los numerosos abogados (además de los 31 imputados, clientes y responsables del despacho, hay seis personas jurídicas también procesadas, con sus correspondientes defensas).

En septiembre del pasado año, los letrados de la defensa fueron convocados en la sede del tribunal en busca de unas fechas para la celebración del juicio (los señalamientos de juicios anteriores siempre tienen preferencia). Tras cruzar las agendas de unos y otros con las de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, se valoró incluso que la vista oral comenzase el pasado septiembre. No fue así.

Han sellado la paz con Hacienda

En todo caso, a estas alturas la principal incógnita reside en comprobar si Ana Duato e Imanol Arias llegan a un acuerdo con Anticorrupción y reconocen los hechos a cambio de una notable reducción en sus respectivas peticiones de condena. Tanto uno como otro se han puesto al día en sus obligaciones con Hacienda (la pronta reparación del daño es uno de los mandamientos que los abogados especializados en derecho tributario aconsejan a sus clientes en busca de una atenuante que aminore el peso de una posible condena).

Ana Duato abonó a la Agencia Tributaria en febrero de 2016 (dos meses antes del estallido del «caso Nummaria») 970.297 euros por las cuotas defraudas entre 2010 y 2012, una cantidad a la que añadió posteriormente otros 265.427 euros a cuenta del dinero reclamado por Hacienda por los ejercicios fiscales de 2014 a 2017 (la Agencia Tributaria le reclama otros 75.760 euros por intereses). Esta última reclamación, que se produjo en 2018 en plena instrucción, afloró después de que Anticorrupción le imputara otros cuatro delitos fiscales al entender que –aunque ya declaraba los ingresos de la serie a través del IRPF y no en el Impuesto de Sociedades, más beneficioso para tributar esas rentas– había dejado de declarar 41 capítulos. Su defensa se apoya ahora en un informe de Hacienda que recalcula las cuotas defraudadas para intentar que Anticorrupción retire la acusación por esos cuatro últimos delitos fiscales.

Una confesión para reducir la condena

En cuanto a Imanol Arias, él mismo aseguró hace unos días en una entrevista en «Espejo Público» que «los errores que se han podido cometer se han subsanado con todos los intereses”, asegurando que había “llegado a un acuerdo». En todo caso, una cosa es firmar la paz con Hacienda y otra bien distinta sortear las imputaciones penales. Algo que está en manos de la Fiscalía Anticorrupción y que pasa inevitablemente por admitir la defraudación (los dos actores siempre han insistido en que eran ajenos a la operativa fiscal de Fernando Peña), un paso que, tal y como informó este periódico, Ana Duato se resiste a dar pese a que su desde su entorno se le haya aconsejado cerrar un acuerdo con la Fiscalía.

Si Ana Duato e Imanol Arias reconocen los hechos que les imputa la Fiscalía –la defraudación tributaria a través de Nummaria– podrían beneficiarse (como otros procesados que ya han dado el paso) de la atenuante de confesión. Esta, junto a la de reparación del daño (al haber devuelto ya a Hacienda el dinero defraudado) e, incluso, dilaciones indebidas, les acercaría a una condena menor de prisión que les garantice evitar la cárcel.