Javier Milei da marcha atrás y retira el paquete fiscal de su ley ómnibus para contentar a sus socios parlamentarios

En su tenaz carrera por conseguir los votos necesarios para aprobar la ley emblema de su Gobierno, Javier Milei decidió retirar de un porrazo el paquete fiscal de la ley ómnibus para contentar a la oposición en el Parlamento que exigía cambios al proyecto original. En total han sido cerca de 100 modificaciones.

El ministro de Economía, Luis Caputo, fue quien anunció que el Ejecutivo había cedido en mitad de las negociaciones y en la previa del debate en la Cámara de Diputados. «Hemos decidido retirar el capítulo fiscal de la Ley de Bases para facilitar y acelerar la aprobación». El paquete fiscal de la norma, que buscaba en teoría reformar las bases estructurales del país, incluía puntos vinculados con el «blanqueo, la moratoria, el adelanto de bienes personales, la Ley de Ganancias, las retenciones y el cambio de fórmula jubilatoria», de acuerdo a lo mencionado por Caputo.

Esta jugada radical, sin embargo, no ha contentado a todos. Al contrario, ha despertado ciertas sospechas. «Nos ha dejado sorprendidos que en una actitud caprichosa el Gobierno haya decidido retirar todo el capítulo fiscal de la ley ómnibus. Si ahí se estaba tratando el programa económico que se estaba discutiendo. Es sospechoso. Lo más grave en sí son las declaraciones de emergencia y la delegación de facultades», dice en declaraciones a LA RAZÓN, Fernando Carbajal, diputado por la Unión Cívica Radical (UCRF), partido considerado por el Gobierno como oposición «amigable» y donde apunta a cosechar los votos que conforman este bloque parlamentario.

«Vemos con mucha preocupación esta postura política del presidente que desnuda su perfil autoritario de “todo o nada”. Es un hombre que ha tenido una personalidad con ribetes bastante extraños y con un gran nivel de intolerancia. A un presidente de estas características delegarle facultades legislativas y declaratorias de emergencias para que gobierne con decretos es muy riesgoso. Estamos con las defensas más altas y en alerta», dice Carbajal, quien fue uno de los que no firmó a favor del primer dictamen del proyecto, que sí consiguió votos de otros colegas de su misma bancada.

Sobre el derrotero a seguir de la norma, Carbajal asegura que se vislumbra un panorama muy complicado. «La ley ómnibus es un mamotreto, y es muy difícil de tratarlo. Si no llega al recinto con propuestas de modificaciones y acuerdos políticos ya concretos, el tratamiento legislativo va a ser tremendamente engorroso, se tendrá que ver artículo por artículo. Se está pensando convocar una sesión para el miércoles. Desde nuestro bloque no vamos a aceptar privatizaciones. De ninguna manera vamos a otorgarle autorización, tenemos pésimas experiencias en la década de los 90», señala Carbajal, quien es abogado de profesión y ha sido juez federal.

Desde su punto de vista, el Ejecutivo está muy lejos de alcanzar los votos para la aprobación de la ley ómnibus. «El Gobierno necesita los votos de la mayoría de los miembros presentes, que en total somos 272, la mayoría dependerá mucho del quorum. Va a requerir que más de 100 y pico de diputados voten a favor de la ley. El bloque propio que tiene el Gobierno sumados a los del PRO que han expresado una voluntad de apoyar al Gobierno, llegarían sólo a 70, es decir están muy lejos de conseguir una mayoría. El congreso está muy fragmentado», asegura.

En una actitud contradictoria a las mismas negociaciones desde la Casa Rosada, el presidente Javier Milei dijo a The Wall Street Journal, que «no hay plan B para hacer las cosas bien». Al mismo tiempo ratificó sus pretensiones de dolarizar la economía y privatizar las empresas públicas. Un total de 44 están en el radar.

Ante la pregunta sobre la resistencia de los argentinos y las señales de que su plan esté funcionando, Milei no fue muy optimista y dijo que el pueblo «entiende que este proceso puede durar cerca de dos años». En la entrevista publicada el domingo último, Milei también dijo desafiante: «Todo lo que pueda vender de empresas del Estado lo voy a hacer a la máxima brevedad, pero hay restricciones institucionales. Todo lo que pueda privatizar, lo vamos a privatizar. No es una cuestión de nombres, sino de una restricción técnica en términos de tiempo».

Por lo pronto, el Gobierno ha descartado la privatización de la YPF, posibilidad que generaba bastantes anticuerpos en la oposición. Y en medio de la crisis económica y política que atraviesa el país, una señal desde el Vaticano podría traer a Milei las fuerzas del cielo que tanto invoca.