Portugal se asoma a elecciones en febrero tras la caída anunciada de Costa

El escenario político actual no tiene precedentes en la democracia portuguesa. Nunca el presidente de la República aceptó en diferido la dimisión de un primer ministro. Pero es precisamente lo que pretende hacer Marcelo Rebelo de Sousa. El jefe de Estado ha realizado este miércoles una ronda de consultas con las distintas formaciones políticas para dejar atrás la crisis política abierta el martes tras la dimisión del primer ministro, António Costa, después de que la Fiscalía hiciera pública una investigación judicial en su contra por presuntas irregularidades relacionadas con las concesiones de exploración de litio, un proyecto para la construcción de una planta de hidrógeno y de un centro de datos en la ciudad de Sines. Fueron detenidos cinco perfiles próximos al líder socialista en el marco de una causa paralela, entre ellos su jefe de gabinete, Vítor Escária, el ministro de Infraestructuras, João Galamba, y el empresario Diogo Lacerda Machado, hombre de confianza del primer ministro.

Desfilaron por el Palacio de Bélem el único diputado del izquierdista Livre, Rui Tavares; la líder del Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua; el presidente de Iniciativa Liberal, Rui Rocha; el secretario general del Partido Comunista, Paulo Raimundo; el presidente del ultraderechista Chega, André Ventura; y el presidente del conservador Partido Social Demócrata (PSD), Luís Montenegro. Además del primer ministro saliente. Todos pidieron ir a elecciones a excepción de Costa, que puso encima de la mesa del jefe de Estado el nombre de cuatro candidatos para sustituirle y sortear las urnas, según el diario Expresso. Una lista en la que figuraba el de Mário Centeno, actual gobernador del Banco Central luso, expresidente del Eurogrupo y exministro de Finanzas.

Ahora, Rebelo de Sousa tiene dos opciones. Disolver la Asamblea de la República y convocar elecciones anticipadas o, por el contrario, permitir al Partido Socialista presentar otro candidato para primer ministro. Aparecen en las quinielas los nombres de Fernando Medina, titular de Finanzas, o Mariana Vieira da Silva, ministra de Presidencia. Aunque en las últimas horas gana fuerza como figura «de consenso» el presidente del Parlamento, Augusto Santos Silva, un veterano que ha pasado por todos los cargos del Estado.

Este escenario ya sucedió en 2004. El entonces primer ministro, José Manuel Durão Barroso, abandonó la jefatura del Gobierno para presidir la Comisión Europea. Un destino que, paradójicamente, parecía escrito para Costa. El conservador PSD propuso como sustituto a Pedro Santana Lopes. Sin embargo, parece poco factible que Rebelo de Sousa explore esta vía. «La sustitución de Durão Barroso ya fue bastante polémica, y el Gobierno cayó al cabo de seis meses», explica Manuel Loff, historiador y profesor de Estudios Políticos en la Universidad de Oporto, en conversación telefónica con LA RAZÓN. «Es el único precedente y funcionó mal».

El jefe de Estado ya ha dado pistas sobre cuál puede ser su decisión. En la toma de posesión del Gobierno en solitario de Costa, en marzo de 2022, afirmó que una salida del socialista a mitad de mandato conllevaría una disolución de la Asamblea. Loff considera que el presidente «ha sido muy claro cuando ha dicho que esta mayoría absoluta había sido obtenida con un candidato a primer ministro que era António Costa, que además ya gobernaba antes de las elecciones. Por lo tanto, es lógico que se disuelva el Parlamento».

Antes deberá reunirse con el Consejo de Estado, un órgano meramente consultivo de la Presidencia cuyos pronunciamientos no son vinculantes. Rebelo de Sousa ha convocado el jueves a sus miembros, entre los que está el propio Costa, todavía como primer ministro, puesto que el presidente no ha aceptado oficialmente su renuncia. Después de la consulta, se dirigirá a la nación para anunciar la decisión.

El calendario complica los planes del jefe de Estado. Los Presupuestos Generales del Estado siguen tramitándose. Por eso, según el diario Observador, Rebelo de Sousa pretende aplazar la publicación de los decretos de destitución del Gobierno y de disolución de la Asamblea hasta después del 29 de noviembre, un mecanismo formal que permitiría aprobar los presupuestos de 2024. Es decir, extender un mes y dos semanas el mandato de Costa para sacar adelante las cuentas del próximo año.

La Constitución portuguesa establece un plazo mínimo de 55 días entre la disolución y la celebración de elecciones. La última palabra la tiene el presidente, pero en Portugal pasan de media tres meses entre la dimisión y la votación, por lo que los comicios podrían llegar en febrero. El Partido Socialista, ya sin Costa, que ha anunciado que no volverá a presentarse, tendría tiempo para cerrar filas.

Acabará así la era Costa. El hasta ahora primer ministro suscitó un amor-odio en la sociedad portuguesa, traslada a este periódico Susana Rogeiro Nina, profesora de Ciencia Política en la Universidad Lusófona. «En la primera legislatura hubo un prolongado estado de gracia. No sólo porque fue con Costa y su política económica que los portugueses recuperaron sus ingresos y creció la economía, sino también por la llamada geringonça y la fascinación por los acuerdos de izquierdas», explica Rogeiro. «En el segundo/tercero, porque en el segundo la geringonça fracasó y hubo elecciones anticipadas en las que el PS obtuvo mayoría absoluta, Costa cayó en desgracia: escándalos con sucesivos ministros, huelgas en el sector público, con médicos y profesores, etc».