La Audiencia acerca al banquillo al ex consejero Alfredo Prada por el Campus de la Justicia

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ve indicios suficientes para sentar en el banquillo por supuestas irregularidades en diversos contratos del Campus de la Justicia de Madrid (CJM) al ex vicepresidente segundo de la Comunidad Alfredo Prada y a cinco directivos del proyecto por delitos de prevaricación, malversación y fraude a las administraciones pública. El magistrado cierra así la primera fase de investigación de este procedimiento, que continúa instruyéndose en el Juzgado de Instrucción número 5 del citado tribunal.

En la resolución en la que acuerda el pase a procedimiento abreviado, un paso equivalente al auto de procesamientos en el sumario, De la Mata concluye que “lideradas desde luego” por Prada, las personas investigadas -entre ellos Andrés Gómez Gordo, uno de los comisarios clave del “caso Kitchen” y ex jefe de Seguridad de María Dolores de Cospedal, cuya imputación adelantó LA RAZÓN, además de Isabelino Baños, Mariano José Sanz y Alicio de las Heras, responsables de los departamentos técnico y financiero del Campus- se pusieron de acuerdo, con el asesoramiento de Félix José García de Castro, también imputado, “con distintas personas y mercantiles para adjudicar irregularmente a su favor distintos contratos de CJM, elaboraron un plan criminal y pusieron en marcha distintos artificios para llevarlos a cabo”.

Al comisario Gómez Gordo, director de Seguridad del Campus, el juez le considera cooperador necesario “en la toma de decisiones arbitrarias de Prada”. Además, le vincula con el contrato de asistencia técnica para la implantación de un sistema integral de seguridad en el Campus, en el que se habría adjudicado una ampliación del contrato por 87.507 euros a “un conocido” de Gómez Gordo. El instructor considera además que hubo una “manipulación de las valoraciones de las ofertas” para la contratación de los servicios de vigilancia y seguridad en el recinto de las obras de construcción del Campus.

En la resolución, de más de 250 páginas, se detallan los contratos investigados a lo largo de la instrucción, en los que, según el juez, el ex consejero de Justicia e Interior madrileño y los directivos investigados “corrompieron sustancialmente el procedimiento de adjudicación de contratos del Campus de la Justicia, quedando afectada sustancialmente su operativa y los resultados económicos, menoscabando así los bienes jurídicos que tutela el tipo penal de la malversación de los caudales públicos”.

“En este caso no estamos -subraya De la Mata- ante autoridades o funcionarios que hayan sustraído para su lucro personal el dinero de la administración en perjuicio del patrimonio público”, sino que su comportamiento “afecta al sistema de funcionamiento de una entidad pública, que ha resultado deteriorada, dañada y menoscabada, tanto en su imparcialidad, probidad y prestigio, como en su eficacia y en su integridad patrimonial”. Hasta el punto, llama la atención, de que ha el erario público ha sufrido perjuicios “de cientos de millones de euros”.

Como ejemplo de ese “desprecio a que fueron sometidos los principios esenciales de la actuación administrativa” y “el aparente despilfarro de recursos” el instructor se refiere, por ejemplo, a la firma de tres convenios para la celebración de dos exposiciones -"La Justicia en el Arte. De la Edad Moderna hasta nuestros días" (2006) y “Campus, imágenes de la Justicia” (2007), reseñando al respecto “la lejanía que estas actuaciones presentaban respecto del objeto social de CJM”.

Y es que, reseña, aunque el monto de los convenios sumaba 600.000 euros, “se produjo un gasto adicional de fondos públicos” de 1.061.000 euros y de 1.015.631 en ambas exposiciones, correspondientes supuestamente a gastos de publicidad y propaganda que no estaban comprometidos “sin necesidad, justificación y procedimiento de clase alguna, de modo completamente arbitrario”.

Esos convenios (uno para la primera exposición y otros dos para la segunda), dice el juez, “surgen como fruto exclusivo de una decisión voluntarista, arbitraria y ajena a todo cauce procedimental administrativo” de Prada. De hecho, añade, ni siquiera eran actividades organizadas por el Campus de la Justicia, sino por la propia Comunidad de Madrid que entonces presidía Esperanza Aguirre, por lo que el papel del Campus era de “mero patrocinador, es decir, aportador de fondos”.

De la Mata también aprecia “cantidades exorbitantes” pagadas y “múltiples irregularidades y arbitrariedades” en la adjudicación del contrato para la exposición Museo de la Justicia en Plaza de Castilla, que costó casi un millón de euros: 758.074 euros y otros 227.795 en publicidad.

Entre los contratos presuntamente irregulares figuran también los referidos a la “Gestión Integrada del Proyecto y la construcción de la urbanización y la edificación de la Fase 1 del Campus de la Justicia de Madrid (2007)” o la “Redacción del proyecto y dirección facultativa de las obras de la Audiencia Provincial y Tribunal Superior de Justicia, obras de urbanización fase 2 del campus de la justicia de Madrid (2006)”.

E igualmente los que tenían como objeto la “Asistencia técnica para el desarrollo de servicios de consultorías especializadas en las fases de diseño y construcción del Tribunal Superior de Justicia y la Audiencia Provincial del Campus de Justicia de Madrid (2007)”, la "Edición y distribución del libro “Foster&Partners” y la “Creación de la marca representativa y estrategia de comunicación del proyecto Campus de la Justicia de Madrid” o el “Servicio de asesoramiento jurídico”, entre otros.

Tras analizar la actuación de las personas investigadas, el instructor no tiene dudas de que “conocieron perfectamente la ilegalidad de su actuación”. Entre otros motivos, porque “no elaboraron la adecuada justificación de las necesidades que los contratos iban a atender, pasaron por alto las insuficiencias y defectos” de los pliegos y de los informes técnicos de valoración y en la mayor parte de las ocasiones orillaron a la Mesa de Contratación y “realizaron propuestas de valoración arbitrarias y no justificadas” o incluso prescindieron “de procedimiento de contratación alguna”.

De la Mata subraya “la intervención personal y directa y la preeminencia absoluta que” habría ejercido Alfredo Prada durante la primera fase del proyecto del Campus de la Justicia, en la que ejerció la presidencia del mismo, respecto a los procesos de contratación.

Y es que, continúa, todos los contratos que tenían que ver con publicidad y comunicación, que sumaban en conjunto más de cinco millones de euros, "se sustrajeron materialmente a la propia mercantil Campus de la Justicia de Madrid, donde “se limitaban a ejecutar las órdenes que llegaban desde Vicepresidencia y Consejería de la CAM, es decir, de Prada, limitándose el personal de CJM a cumplir tales decisiones”.

Prada era quien personalmente, explica, adoptaba todas las decisiones “sobre los objetivos a alcanzar, contratos a suscribir, empresas a invitar y empresa adjudicataria”, y en la mayor parte de los casos “también firmaba las decisiones de adjudicación y los contratos”.

“Aun así -llama la atención el juez- lo más relevante no es esto, sino que los contratos de comunicación y publicidad no constituían, como era lógico y debido, el componente comunicacional del Programa Ciudad de la Justicia de Madrid, que era el objetivo de CJM, ni estaban integrados en la estrategia de CJM”.

“Las políticas de CJM en materia de comunicación, publicidad y propaganda, en realidad, no existían. La única política en la materia y, por tanto, los únicos objetivos comunicacionales eran los de la Vicepresidencia y la Consejería de la Comunidad de Madrid” que dirigía Prada. El Campus de la Justicia, dice De la Mata, “fue un mero pagador”.