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La Justicia desmonta el "fake" de las residencias en Madrid

La Audiencia Provincial de Madrid determina que la región priorizó en las residencias de mayores el criterio clínico en las derivaciones

 Cuidadores atienden a los ancianos alojados en la residencia Casablanca, en el barrio madrileño de Villaverde, antes de proceder a la desinfección de las instalaciones para evitar la propagación del coronavirus.
Cuidadores atienden a los ancianos alojados en la residencia Casablanca, en el barrio madrileño de Villaverde, antes de proceder a la desinfección de las instalaciones para evitar la propagación del coronavirus.MariscalAgencia EFE

Algunos creen que en política vale todo. También traficar con el dolor y la muerte. Pero no. De ahí que sea tan capital que la Audiencia Provincial de Madrid determine que la Comunidad de Madrid priorizó el criterio clínico en las derivaciones a hospitales de residentes de centros de mayores, durante el inicio de la pandemia, frente a los protocolos de actuación vigentes en la época más dura del Covid-19.

Así consta en un auto, clave frente a la política de acoso y derribo de cierta izquierda, con los fallecidos de fondo, en el que los magistrados desestiman el recurso de apelación interpuesto por las hijas de dos residentes fallecidos contra el auto dictado el 10 de noviembre de 2022 por el juez de Instrucción número 48 de Madrid por el que se archivó la querella interpuesta contra la Comunidad de Madrid.

Tras conocer la resolución, las reacciones no se han hecho esperar. Así, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha destacado que la decisión judicial pone de manifiesto que «las derivaciones se hicieron siempre atendiendo a criterios clínicos» y no a los citados protocolos.

A su juicio, ello libera de cualquier tipo de responsabilidad tanto al personal directivo como a la Administración regional. «Pido a los partidos de izquierda que dejen de instrumentalizar el dolor de los familiares y que dejen de hacer demagogia con el dolor», ha aseverado.

En los argumentos, los magistrados exponen que la situación excepcional de pandemia motivó «la adopción de procedimientos, recomendaciones, protocolos e instrucciones técnicas ad hoc resueltas por las administraciones competentes».

Entienden que no existen «indicios racionales de criminalidad para continuar la instrucción del procedimiento», basándose en la conclusión del médico forense. «No se puede garantizar que de haber sido derivados a un centro hospitalario y de haber recibido otro tipo de tratamiento disponible, el resultado final hubiera sido otro», recogía el informe pericial.