
La semana
Madrid refuerza la agenda social frente a la parálisis sanchista
Planta cara al Gobierno con rebajas fiscales y políticas familiares mientras Moncloa se enreda en el escándalo: más ayudas por hijo, menos impuestos y nuevos barrios

En medio de la parálisis legislativa y los escándalos de corrupción del Gobierno, Madrid ha optado esta semana por marcar agenda social. Comunidad y Ayuntamiento han intensificado su ofensiva con nuevas medidas destinadas a apoyar a las familias y consolidar el modelo de ciudad.
El Consistorio que dirige José Luis Martínez-Almeida ha anunciado que otorgará una ayuda directa a las familias por nacimiento o adopción desde el 1 de junio. La iniciativa contempla 500 euros por el primer hijo, 750 por el segundo y 1.000 por el tercero y siguientes y podrá solicitarse a partir de noviembre.
La medida forma parte del Plan Municipal de Fomento de la Natalidad y la Conciliación, un paquete de iniciativas con las que desde Cibeles quieren reforzar la apuesta por la familia y que se suma a las políticas sociales ya desplegadas por la Comunidad de Madrid. Desde el Ejecutivo presidido por Isabel Díaz Ayuso, la estrategia viene consolidándose con medidas como las deducciones fiscales por hijos, ayudas al alquiler para jóvenes y familias, becas en las etapas de Infantil y Secundaria y un cheque de 100 euros por cada hijo de 0 a 3 años. También, el impulso del Plan Vive para el acceso asequible a la vivienda y las rebajas fiscales que han reducido el IRPF en todos los tramos. Además, contribuyen las bonificaciones en el impuesto de sucesiones y donaciones. La propia Ayuso ha reiterado esta semana que su gobierno no va a subir impuestos «ni aunque lo pida Bruselas».
El mensaje es claro: mientras el Gobierno de Pedro Sánchez pierde la iniciativa política, incapacitado para aprobar leyes clave, Madrid se propone marcar la agenda con hechos. La propia presidenta lo resumía esta semana: «Estamos demostrando que la política no tiene que ser sólo ruido y polarización. También pueden ser soluciones».
En Moncloa, la acción legislativa parece congelada y el debate público atascado en las tuberías. En este contexto, la ministra de Sanidad, Mónica García, centraba su acción en la polémica sobre la regulación del cannabis recreativo. «Lo de los porros, otra vez, mientras las familias piden apoyo y certezas», ironizaba Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid.
El Ejecutivo de Sánchez, acorralado los escándalos, se enfrenta además a una revuelta autonómica por la financiación, con varias regiones, entre ellas Madrid, denunciando impagos millonarios.
La consejera de Economía, Rocío Albert, exigía ante la celebración de la Conferencia de Presidentes que el Gobierno abone los más de 1.100 millones de euros que adeuda a Madrid por el sistema de financiación autonómica: «Es inadmisible que una región que aporta más de lo que recibe sea penalizada de esta manera». En la misma línea, Alfonso Serrano advertía que «la Conferencia de Presidentes no puede ser una escenificación de igualdad territorial cuando no hay respeto institucional».
La semana ha estado marcada también por el nuevo choque en la Asamblea de Madrid, donde la presidenta volvió a protagonizar un duro enfrentamiento con la izquierda. El detonante ha sido la manifestación convocada por asociaciones de defensa de los mayores en las residencias, con un cartel que acusa al Gobierno regional de «mafia». Ayuso respondió señalando al PSOE y a Más Madrid por «instrumentalizar el dolor» y los acusó de formar parte de una «red clientelar con apariencia de protesta». «Quien debería dar explicaciones es el Gobierno, que sí tiene tramas de corrupción judicializadas y una fontanera en Moncloa», lanzó.
Desde la oposición, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, acusó a la dirigente popular de «haber abandonado a miles de mayores en las residencias». La portavoz del PSOE, Mar Espinar, preguntó en repetidas ocasiones a Ayuso: «¿mafia o democracia?». Lo hizo en referencia al ex capitán de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Juan Vicente Bonilla o al piso donde vive la presidenta. «Mucho ojito, señora Ayuso. Tenga cuidado que todos sabemos dónde están los de la Kitchen», advirtió en una sesión sin precedentes en los ataques.
También desde el Gobierno, la ministra de Sanidad Mónica García afirmó que Ayuso «ha hecho negocio con la salud pública y no tiene autoridad moral para hablar de mafia». Óscar López, titular de Presidencia y aspirante a gobernar la Comunidad de Madrid, se sumó a las críticas: «No hay mayor corrupción que abandonar a los más vulnerables por un interés electoral».
La presidenta, lejos de amilanarse, arremetió duramente contra la socialista a quien calificó de «portavoz de la mafia» después de interpelarla con este dardo: «¿Necesitan algún fontanero más?», en alusión al caso que afecta de lleno a su partido.
Frente a la extraordinaria tensión política, Madrid continúa desplegando infraestructuras que impactan directamente en la vida diaria. Esta semana se ha inaugurado la pasarela que conecta los distritos de Salamanca y Chamartín sobre la A-2, un eje clave en la movilidad peatonal y ciclista. «Estas obras también son política social. Mejoran barrios, reducen barreras y acercan personas», defendió José Luis Martínez-Almeida. La pasarela se suma a otros proyectos estructurales del Consistorio como el soterramiento del Paseo de Santa María de la Cabeza, la nueva conexión de Valdebebas con la M-40 y la remodelación del Nudo Norte.
Además, la Operación Campamento ha dado esta semana un paso decisivo: la cesión formal del suelo por parte del Ministerio de Defensa a la Sareb permitirá poner en marcha la venta de más de 17.000 viviendas, en uno de los desarrollos urbanísticos más ambiciosos de Europa, con más de dos millones de metros cuadrados. Frente al descrédito institucional que marca el clima político nacional, Madrid trata de consolidar un relato alternativo que pasa por dar la batalla cultural y mejorar la vida de los madrileños. Políticas sociales, vivienda, movilidad y baja fiscalidad. «Menos bulos y más medidas», resumen en el PP madrileño. Esa es la hoja de ruta que la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid quieren impulsar mientras el Ejecutivo de Pedro Sánchez transita por un laberinto de escándalos y fragmentación.
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