Mónica Lavín: «La ley trans de Madrid atiende a los que han padecido excesos ideológicos»

La Asamblea de Madrid prevé aprobar este viernes las reformas de las leyes trans y contra la LGBTIfobia en medio de un clima hostil de la izquierda, que ya ha anunciado que recurrirá a los tribunales y a todas las instancias necesarias ante lo que considera un «recorte de derechos». La portavoz de Familia y Asuntos sociales del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, además de secretaria de Familia y Natalidad en el partido, charla con LA RAZÓN

sobre lo que supondrán los cambios legales que se pretenden introducir.

¿Por qué es necesario cambiar las leyes trans y LGTBI cuando muchos los colectivos afectados estaban contentos con ellas?

La exigencia de proteger a todos, pero no a costa de los derechos de las mujeres ni de los menores, ni de principios constitucionales como la libertad de expresión, la libertad educativa, la presunción de inocencia o el derecho a la salud, hacían necesaria una reforma de aquellas leyes.

Muy especialmente es necesario por la protección de la infancia. Nos jugamos el derecho a la salud física y mental de las generaciones más jóvenes, que necesitan un acompañamiento profesional ante tratamientos irreversibles en un momento vital que se caracteriza por una enorme volubilidad.

Las reformas legales que se proponen siguen las recomendaciones de la comunidad científica, de los médicos especialistas en la materia, de juristas de reconocido prestigio, y de movimientos y asociaciones que reclamaba mayor seguridad y certeza en la norma.

Se ha dicho que la ley trans y LGTBI supone un recorte de derechos para los colectivos afectados. ¿Es esto así?

Los derechos no los dan ni los quitan las leyes autonómicas, los derechos los da la Constitución. La ley tiene que estar bien hecha para evitar abusos y, evitando esos abusos, garantizamos los derechos y la protección efectiva de todos.

La reforma es moderada, sensata, no priva de un solo derecho, no desprotege a nadie. Al contrario, acompaña, ampara, corrige abusos, es mucho más eficaz en la protección y atiende a lo que pedían familias, médicos, juristas, docentes, feministas clásicas y las personas que han padecido los excesos ideológicos, el desamparo y la falta de responsabilidad, que ahora se corrigen sin que nadie salga perdiendo.

Una de las cosas que ha achacado la oposición es que no se prohíban las terapias para modificar la orientación sexual de una persona. ¿Finalmente cómo va a quedar este punto en la ley? ¿Seguirá habiendo sanciones?

Por supuesto que están expresamente prohibidas y sancionadas. De hecho, y para más garantías, ahora se habla de «Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid» para garantizar que dicha prohibición no se refiera sólo y expresamente a la sanidad pública madrileña, sino para que se entienda que se refiere también a la privada.

Ustedes dicen que los grupos de izquierdas han tenido el control de las charlas Lgtbi en los colegios. ¿Cree que han hecho un mal trabajo durante este tiempo?

Lo que tenían, con la ley aún en vigor era un control total y un monopolio injustificado. Podían censurar y fijar contenidos. Ahora la formación se profesionaliza, la imparten profesionales sanitarios, psicólogos, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y docentes. Todos cualificados. Las asociaciones LGTBI pasan a ser como son todas, pueden ofrecer a colegios e institutos sus charlas o visitas y cada colegio y junta de padres elegirá, pero es al margen de lo curricular, como todas las demás.

No se elimina ninguna medida de formación de profesores, alumnos o profesionales; ni tampoco se elimina ninguna medida de lucha contra la discriminación, pero las debe llevar a cabo la Administración ayudada por los mejores profesionales.

¿Por qué se ha considerado importante suprimir la carga de la prueba en la ley o la «discriminación por error»?

Se trata de garantizar el derecho de todos a la presunción de inocencia y de que se cumpla la tutela judicial efectiva de los tribunales del artículo 24 de la Constitución española.

Ahora se quiere reforzar el acompañamiento de personas expertas en transexualidad, especialmente en el caso de menores. ¿En base a qué se quiere hacer este cambio?

En base a la experiencia de estos años, el sufrimiento de muchos y el clamor de sociedades científicas. Hasta ahora la atención médica estaba criminalizada y sustituida por la experiencia individual subjetiva y el autodiagnóstico. Esta criminalización de los médicos es peligrosa.

Los niños y adolescentes tienen derecho a recibir una atención médica integral física y mental que favorezca su desarrollo y a tener toda la información cuando tomen decisiones trascendentales, y en este caso irreversibles, sobre sus vidas.

Más Madrid, PSOE y Vox han denunciado el «retorcimiento», la «chapuza» y el «caos» generados por el PP en el seno de la cámara a la hora de aprobar «con prisas» no solo la Ley de Simplificación, conocida como Ómnibus, sino también los dos textos de las normas Lgtbi. ¿Era necesario un debate más amplio del que se ha hecho?

Esa reforma fue una promesa electoral que validaron con su voto la mayoría de los madrileños y ahora se cumple, después de las elecciones y de aprobarse la ley nacional, a la que la ley autonómica se adecua –como no podía ser de otra forma– sin someterse ideológicamente. Han sido llamados por todos los grupos parlamentarios a comparecer expertos y afectados, y la reforma recoge todas las realidades que hasta ahora no habían sido tenidas en cuenta, como la de aquellos que, habiendo iniciado un tratamiento, quieren desistir del mismo o incluso revertirlo.

¿Qué opina de frases como las que se vienen escuchando en la Asamblea de la activista trans Carla Antonelli cuando dice al PP que con las modificaciones «Pasaréis a tener las manos manchadas de sangre»?

Demuestra que el único discurso de odio es el suyo, es el de la izquierda. Para ellos todo es válido, hasta llegar a acusarnos de la barbaridad de tener las manos manchadas de sangre. No hay límite: ni la mentira, ni la calumnia. La izquierda vive de victimizar para instrumentalizar y dividir. Desde el odio no se puede trabajar, ni pensar, ni hacer política, ni siquiera ver la realidad.

¿Teme que prosperen en los tribunales las denuncias que ya ha amenazado la izquierda que piensa interponer?

En absoluto, todo está hecho conforme a la ley y al reglamento en cuestiones de fondo y forma. Estas son unas reformas necesarias y justas. La calidad legislativa y la seguridad jurídica que nosotros pretendemos permiten la protección efectiva. No se pueden permitir vacíos legales o indeterminaciones jurídicas, ni que la ideología sustituya la garantía de la ley, la ley que es fruto del dialogo en las urnas y en los parlamentos, en la opinión pública y los medios. Es la hora del rigor jurídico y de la protección efectiva frente al oportunismo político y la demagogia, de que las leyes sean marcos de convivencia, que sirvan a las personas e intenten dar respuesta a sus problemas.