El Consejo de Médicos también cree ilegal el plan del Gobierno para las bajas por covid

El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, corporación que representa a alrededor de 275.000 facultativos, se ha sumado a las voces críticas contra la solución propuesta por el Gobierno para agilizar la tramitación del tsunami de bajas laborales desatado en esta sexta ola de la pandemia que ha llevado al colapso burocrático de los centros de salud en la mayor parte del país.

Al igual que ya hicieran la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), mayoritaria en el sector sanitario, y la Comunidad de Madrid, el Consejo General que preside el anestesiólogo Tomás Cobo demanda un soporte legal adecuado para que pueda simultanearse en un mismo acto la emisión del parte de baja y de alta de los enfermos de Covid-19 asintomáticos, ya que la normativa vigente, el Real Decreto 625/2014, permite al médico hacerlo, pero sólo en procesos por incapacidad temporal de duración inferior a cinco días, cuando los que atañen a la covid se prolongan al menos durante siete, el tiempo que duran las cuarentenas.

En un comunicado, la corporación profesional señala que la solución propuesta por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de José Luis Escrivá de extender ese periodo a siete días ante el colapso actual de la pandemia y la sobrecarga asistencial y administrativa de la atención primaria es “conveniente”. Sin embargo, teme que la inseguridad jurídica que pudiera derivarse de ello pueda recaer sobre el médico.

Esta ausencia de un soporte legal adecuado para poner en marcha la medida ha llevado incluso a la Consejería de Sanidad de Madrid a enviar dos cartas al ministro Escrivá, en las que expone su preocupación por las consecuencias de su aplicación entre los profesionales y la propia administración. Como informó ayer este periódico, en la última misiva, enviada el pasado viernes, el máximo responsable de la Sanidad madrileña, Enrique Ruiz Escudero, expone que su comunidad ha decidido activar la tramitación de las bajas y altas en un mismo acto, aunque transfiere la responsabilidades inherentes a ello al Gobierno.

“Como quiera que corresponde al departamento ministerial del que es titular la realización de las funciones de ordenación jurídica del sistema de la Seguridad Social, elaborando e interpretando las normas y disposiciones que afecten a dicho sistema, unificando y dictando los criterios normativos necesarios para su efectividad, desde esta Consejería se ha adoptado la decisión de impulsar el procedimiento propuesto en nuestra Región. Todo ello en beneficio del interés general que debe primar y presidir las decisiones acordadas durante la gestión de la crisis sanitaria”, subraya el consejero, insistiendo al Ministerio para que aborde “una modificación normativa que contribuya a aportar certeza sobre el ordenamiento aplicable y los intereses tutelados. O, en su caso, la adopción de una disposición que contemple de forma expresa la solución manejada por concurrir una situación de extraordinaria y urgente necesidad”.

La desconfianza es tal, que Ruiz Escudero ha llegado a pedir una copia de la comunicación entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Ministerio de Sanidad avalando esta solución técnica. Como informó este periódico, los sindicatos médicos, presididos por Tomás Toranzo, también mandaron una carta al ministro en la que cuestionan sus argumentos, compartidos por la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y recalcan que “la aplicación que se nos está sugiriendo desde el Ministerio supone una vulneración de la normativa vigente y una incitación a la comisión de un delito por falsedad en documento público”.

El Consejo de Médicos aprovecha por su parte para señalar que “la Covid-19 crea la necesidad imperiosa de hacer cambios que ya eran ineludibles en el escenario anterior a la pandemia”, por lo que traslada a las autoridades sanitarias y del Instituto Nacional de la Seguridad Social “la propuesta de activar una mesa técnica que aúne las aportaciones de Colegios de Médicos, sociedades científicas y organizaciones sindicales, las cuales llevan tiempo planteando iniciativas para racionalizar, simplificar y desburocratizar todo el proceso de gestión y control de la incapacidad laboral”.