Una ley universitaria «al servicio del separatismo»

La Ley de Universidades (Losu) impulsada, primero por el ex ministro Castells, en el último año, por Joan Subirats, culmina su trámite parlamentario sin consenso y con críticas de «ley antisistema universitario» al servicio de los partidos independentistas. Aunque la votación se producirá mañana, previsiblemente saldrá adelante sin los apoyos de Vox, Cs, Junts, Bildu, BNG o CUP.

El ministro defendió su reforma como una «ley necesaria» para encarar los próximos veinte años, teniendo en cuenta que la vigente cuenta con más de 21 años y «estaban por desplegar las competencias de las autonomías y, además, eran inimaginables los cambios tecnológicos que ha habido». Quiso poner en valor su «intenso diálogo» enumerando la ristra de más de 150 reuniones mantenidas, las consultas con órganos colegiados, sindicatos, grupos parlamentarios y hasta con ex ministros (incluidos los del PP). Sin embargo, esto no le ha valido al titular de Universidades para lograr el consenso en la reforma de una ley obsoleta.

Para el ministro, la nueva ley que saldrá del Congreso, «mejora la situación actual, porque reconoce la diversidad y pluralidad del sistema universitario e incorpora elementos nuevos, como todo el proceso de europeización del sistema». También cree que «supera los efectos de la infrafinanciación y elimina la precariedad reduciendo la temporalidad del 40 al 8%, además de responder al envejecimiento de la plantilla». Pero si hay un grupo político que convirtió su intervención casi en una oda a la reforma fue Esquerra Republicana. De hecho, la intervención de su portavoz, Marta Rosique, se convirtió prácticamente en una enumeración de mejoras, respecto a la norma anterior, más amplia incluso que la que hizo el propio ministro.

Rosique aplaudió que al estudiantado se le reconozca, por primera vez en la historia, el derecho a hacer huelga y al paro académico sin que tenga que batallar con el equipo de gobierno de la universidad. También que sea compatible estudiar con el activismo. Celebró que los programas Erasmus plus se puedan impulsar en lenguas distintas al castellano y se congratuló de que, gracias a sus enmiendas, se puedan desarrollar planes de estudios en lenguas cooficiales, que los profesores contratados puedan llegar a ser rectores y que una agencia autonómica pueda acreditar a un funcionario, cosa que hasta ahora era impensable. Esto llevó a la portavoz del PP, María Jesús Moro, a reparar en la idea de que se trataba de «la ley de Esquerra Republicana», al servicio de una autonomía, y la calificó como «ley anti sistema universitario». Juan I. López (Cs) hizo hincapié en que la reforma «no garantiza la pluralidad y la tolerancia», mientras que Joaquín Robles (Vox) la calificó de «nefasta» orientada al «debilitamiento del sistema» a «arrinconar el castellano» y «al servicio de los separatistas».