
Estatuto Docente
El Ministerio de Educación fijará el criterio para identificar qué colegios necesitan una intervención especial
Superar el número de alumnos por aula será algo muy excepcional, según el nuevo borrador de Estatuto Docente

El Ministerio de Educación ha introducido nuevas modificaciones en la reforma del Estatuto Docente que regula la profesión y que tiene como objetivo mejorar las condiciones laborales del profesorado tras exponerlas hoy en una reunión de trabajo con los sindicatos. El texto actualiza la Ley 4/2019, con la idea de “asegurar una mínima y fundamental homogeneidad en todo el territorio nacional” respecto a la jornada y las ratios del profesorado.
Entre las principales novedades figura la eliminación del uso habitual de la excepcionalidad a la hora de superar el número máximo de alumnos por aula. El artículo 2 del borrador se modifica para que esta práctica deje de ser la norma y se convierta en una verdadera excepción, con el fin de “garantizar que no se supere el número máximo de alumnos por unidad escolar”.
El texto incorpora también una disposición adicional única sobre atención específica al alumnado, que introduce un sistema de indicadores por los que regirse para determinar en qué centros se requiere una intervención especial. Según el documento, el Ministerio determinará esos indicadores para los colegios que “por escolarizar a un elevado número de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, por estar ubicados en zonas de especial complejidad social o para mejorar las tasas de éxito, promoción y titulación” necesiten medidas concretas. Estas podrán incluir ajustes en las ratios y refuerzos en los medios personales y materiales.
Otra de las novedades es que el anteproyecto reduce de un año a seis meses el plazo para que el Gobierno modifique el Real Decreto 132/2010, que regula las ratios en los centros educativos. Además, se introduce expresamente la idea de que se “favorezca la igualdad de oportunidades en el ámbito rural a través del establecimiento de criterios cualitativos” que incentiven la permanencia del alumnado en los pueblos.
La propuesta fija nuevos límites máximos de estudiantes por aula: 22 en Educación Primaria y 25 en Secundaria Obligatoria. Asimismo, cada alumno o alumna con necesidades educativas especiales computará “como dos plazas a efectos de la determinación de la ratio máxima”, con el fin de facilitar una atención más individualizada. Su implantación será progresiva a partir del próximo curso académico.
En cuanto a la jornada lectiva, el Ministerio mantiene el tope de 23 horas en Infantil, Primaria y Educación Especial, y 18 horas en Secundaria y el resto de enseñanzas, con posibilidad de llegar a 20 solo de forma excepcional y compensada, “a razón de dos horas complementarias por cada periodo lectivo que las supere”. Con estas modificaciones, el Ministerio pretende “mejorar las condiciones del desempeño docente y el bienestar y éxito del alumnado”, dice el documento.
El sindicato ANPE ha valorado positivamente el “dinamismo que se ha adoptado desde el inicio de curso en este grupo de trabajo, algo que no ocurrió el curso pasado con negociaciones muy lentas y grupos de trabajo que carecían de profundidad, compromiso y concreción por parte del Ministerio”. No obstante, el sindicato de profesores ha detallado que “no se puede eliminar en esta Ley la excepcionalidad de poder superar las ratios máximas en un 10%, puesto que el artículo de la LOE donde se recoge tiene carácter de Ley Orgánica”.
Por otro lado considera que “es difícil adelantar las medidas de bajada de ratio porque al curso que viene entraría ya en vigor la reducción del horario lectivo del profesorado y el cómputo, a efectos de ratio, de un alumno con necesidades especiales como dos alumnos”.
CSIF, por su parte, admite los “cambios a mejor”. Considera “adecuado incorporar mejoras en atención a la diversidad, aunque se queda corto, así como la incorporación de la zona rural”. Del mismo modo ha manifestado su satisfacción por el hecho de que “otras organizaciones defiendan reducir al máximo las competencias de las CC.AA., lo consideramos adecuado porque es más fácil llegar a acuerdos con la intención de tener algo básico”.
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