Pescadores japoneses interponen una demanda por el vertido de agua de Fukushima

A pesar de que está previsto que la primera fase del vertido de las aguas residuales contaminadas por la energía nuclear de Fukushima finalice el lunes y de que es posible que la siguiente se ponga en marcha a final de mes, durante la clausura de la cumbre de los líderes del Grupo de los 20 (G20) en Nueva Delhi, el primer ministro japonés trató por todos los medios de maquillar el asunto.

Aun así, pescadores y residentes de Fukushima y otras cinco prefecturas de la costa nororiental de Japón presentaron el pasado viernes una demanda en la que exigen que se detenga el vertido al mar de aguas residuales radiactivas tratadas procedentes de la accidentada central nuclear de Fukushima Daiichi. En el recurso presentado ante el Tribunal de Distrito de Fukushima, los 151 afectados afirman que dicho vertido «perjudica los medios de vida de la comunidad pesquera y viola el derecho de los residentes a vivir en paz». Este pleito colectivo exige fundamentalmente la revocación del permiso de alteración del plan de vertido de aguas y la realización de inspecciones preoperativas de las instalaciones. En última instancia desean el cese inmediato de la operación, una responsabilidad que actualmente recae en la empresa gestora, Tepco.

El vertido de aguas residuales tratadas y diluidas en el océano, que comenzó el 24 de agosto y se espera que continúe varias décadas, podría afectar a toda la región del Pacífico y más allá, por lo que cuenta con la firme oposición de los grupos pesqueros, ya que temen que perjudique sus capturas, aunque sean seguras. Además, ha suscitado la preocupación mundial por las repercusiones en la salud de la humanidad y el medio ambiente.

El Gobierno japonés declaró previamente que había facilitado un plan detallado al OIEA (Organismo Internacional de la Energía Atómica). A su vez, el director del OIEA confirmó la aprobación de este proyecto durante una reunión pública, afirmando que se adhiere estrictamente a las normas de seguridad establecidas por la organización mundial.

El agua radiactiva procede del reactor nuclear Fukushima-1, parcialmente dañado. Según el plan japonés, se someterá a una purificación gradual mediante un sistema diseñado para eliminar los iones multivalentes. Después de este complicado proceso se verterá en mayores cantidades en el Pacifico, mezclada proporcionalmente con agua normal.

Un miembro del equipo jurídico, Yuichi Kaiwatari, declaró a medios locales japoneses que lo que se pretende mediante la querella es que «se acuse al gobierno japonés y a Tepco de doble autoría. La explosión de la central parece haber sido causada por la grave negligencia de la empresa gestora y el gobierno nacional, pero el tratamiento del agua contaminada fue deliberado y causará daños casi catastróficos. Es absolutamente necesario detenerlo», y añadió que van a «impugnar la violación del Convenio de Londres y de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar».

De acuerdo con los argumentos de los abogados de los demandantes, se trata de la primera demanda en el país que solicita una orden judicial para detener dichos vertidos. Asimismo, está previsto que a finales de octubre se presenten otras similares, según declaró al rotativo chino Global Times el representante del grupo demandante, Chiyo Oda. Asimismo, la asociación demandante señaló que el vertido viola el Protocolo de Londres de 1996, que prohíbe el derrame de materiales radiactivos al océano.

La comunidad internacional ha expresado su escepticismo ante el programa japonés, principalmente porque el tritio, una sustancia radiactiva, comparte propiedades químicas con el hidrógeno y, por tanto, no puede purificarse ni eliminarse eficazmente. Hasta la fecha, son muchos los que afirman que no se dispone de métodos viables para descontaminar realmente esta agua de contaminantes radiactivos, lo que supone una amenaza potencial para la flora y la fauna mundiales.

También se han opuesto a esta idea los gobiernos de Corea del Sur y China, que dependen directamente del agua que podría estar contaminada con tritio. Por ello, China impuso un embargo total al marisco japonés tras protestar con fiereza y acusar al gobierno nipón de convertir el mar en una “cloaca”. En respuesta, Tokio destinó aproximadamente 100.000 millones de yenes (unos 634,5 millones de euros) a apoyar su industria pesquera como contramedida.