La Junta del PSOE ayudaba a las empresas en crisis “a demanda”

Las ayudas que empresas en crisis o sectores estratégicos consiguieron de la Junta de Andalucía, con el PSOE al mando, fueron concedidas «a demanda», sin convocatoria específica y «sin bases concretas». Con esta meridiana claridad se expresó ayer no un miembro de la oposición al régimen socialista, sino uno de sus consejeros más relevantes, y no en una conversación extraoficial o intrascendente, sino ante la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla, que está juzgando una de las muchas piezas separadas que conforman la macrocausa de los ERE. Así habló José Antonio Viera, exconsejero de Empleo y ya condenado a siete años de cárcel en la llamada pieza política a expensas de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la firmeza de esa pena, en su declaración como testigo en el juicio por los 8,4 millones que la Junta otorgó a cinco empresas del sector del corcho ubicadas en la Sierra Norte de Sevilla.

«Convocatoria específica no había. Cuando un sector estaba en crisis, el PSOE decidió adoptar estas medidas para ayudar a las empresas y después se llevó al Parlamento y se concertó con los empresarios y los sindicatos mayoritarios», explicó Viera, que en esta causa ha esquivado la condición de acusado porque el tribunal aceptó que los hechos que se enjuician ahora estaban incluidos en la pieza política, en la que fue condenado por prevaricación y malversación. En términos jurídicos, se benefició del principio non bis in ídem, que prohíbe que una persona pueda ser juzgada dos veces por los mismos hechos.

Tras oír esa primera respuesta, la fiscal de Anticorrupción le preguntó cómo, sin existir convocatoria ni bases, sabían las empresas que podían aspirar a esas ayudas. «La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) firmó esa concertación, era lógico pensar que sus asociados las conocían», dijo.

«Las bases no se publicaban en el BOJA pero no era necesario, existía normativa suficiente para quien pudiera tener interés en las ayudas. Estaban incluidas en el convenio de 2001, que no era publicable porque sólo era un convenio de colaboración con el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), no contenía ningún tipo de base. Pero habrá algo más claro que la Memoria del Parlamento, donde se recogían todas las ayudas...», corroboró el hombre que sucedió a Viera en la Consejería de Empleo, Antonio Fernández, igualmente testigo y no acusado en esta pieza gracias al non bis in ídem porque, como su predecesor, también fue condenado a siete años de prisión por el procedimiento específico.

Los dos exconsejeros, en su retorno a la misma sala donde fueron juzgados por la Sección Primera hace ya cuatro años, también recuperaron uno de los argumentos favoritos de muchos ex altos cargos en aquel macrojuicio: la «competencia absoluta» para conceder las ayudas no era suya sino de la Dirección General de Trabajo, liderada en aquellos años por el ya fallecido Javier Guerrero, con importantes vínculos con esa comarca sevillana, no en vano él mismo era de El Pedroso, a sólo unos kilómetros de Cazalla de la Sierra. Entre los procesados en el juicio del corcho figuran un exalcalde de esa localidad, Ángel Rodríguez de la Borbolla, y el actual primer edil, Sotero Martín Barrero (PSOE).

«Me imagino que la demanda vendría a través del director general de Trabajo, pero lo desconozco», explicó Viera, quien reconoció que Rodríguez de la Borbolla «tenía vinculación empresarial con ese sector, aunque nunca se reunió» con él. De hecho, apostilló que no había «una buena relación política entre ambos» antes de concluir su intervención, cuya «brevedad» agradeció el presidente del tribunal, «gratamente sorprendido». Fernández, por su parte, reiteró que «nunca» gestionó las ayudas porque «los directores generales tenían libertad» para encargarse de esa tarea.

En esta pieza separada de la macrocausa, además de Borbolla y Martín, están acusados dos empresarios y un responsable bancario. La Fiscalía pide siete años de prisión para Borbolla; seis para Martín Barrero y los dos empresarios, uno de ellos portugués; y cuatro para el representante de la banca.