Canarias 50, Casa del Mar y Colegio León: así se reparte la presión de los menores con asilo en Gran Canaria

Seis meses después del auto del Tribunal Supremo que obligaba al Gobierno central a reubicar en recursos estatales a los menores extranjeros no acompañados llegados a Canarias y con derecho a protección internacional, el Archipiélago continúa soportando una presión sostenida sobre su red de acogida. En este escenario permanecen 280 jóvenes que llegaron siendo menores, han cumplido los 18 años durante la tramitación de sus expedientes y siguen esperando un traslado a la península, una realidad que, según la Consejería de Bienestar Social del Ejecutivo regional, mantiene al sistema al borde de sus capacidades operativas.

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, detalló este viernes en rueda de prensa que el dispositivo de protección continúa "tensionado" porque la red educativa, sanitaria y social de las islas trabaja al límite pese a que la guarda de estos menores haya sido cedida al Estado. Delgado recordó que la tutela sigue recayendo en la comunidad autónoma y subrayó que la obligación del Ejecutivo regional pasa por "seguir velando porque esos niños y niñas en el menor tiempo posible estén en un centro de permanencia estable, ya sea en Canarias o en la península, pero con las debidas condiciones y cumpliendo lo establecido en los decretos y leyes en cuanto a centros de menores y protección", una exigencia que, a su juicio, no siempre se cumple con la rapidez necesaria.

En los recursos habilitados en Gran Canaria, todos de titularidad estatal, se concentran actualmente 200 menores solicitantes de asilo en el antiguo cuartel Canarias 50, 16 en la Casa del Mar y 127 en el Colegio León, lo que suma 343 chicos y chicas todavía en las islas bajo paraguas estatal. Si se suman los que ya fueron derivados a la península, 336 en total, el volumen de menores con protección internacional que han pasado por este circuito asciende a 679, una cifra que alcanza los 919 cuando se incorporan los 280 jóvenes que cumplieron la mayoría de edad durante el proceso. Desde la Consejería se admite que algunos migrantes han decidido renunciar a la reubicación por motivos personales, aunque se insiste en que la prioridad pasa por garantizar un recurso estable para quienes desean continuar el procedimiento.

Delgado reconoce que el escenario se complica aún más por la existencia de alrededor de 70 chicos alojados en dispositivos canarios sobre los que hay discrepancias con la Administración central, ya que el Gobierno regional sostiene que son todavía menores. Mientras se resuelven esas diferencias, la comunidad autónoma mantiene la tutela y asume los costes de atención, mientras reclama al Estado una respuesta más "ágil". En este contexto la consejera insiste en que la obligación institucional no termina con el traslado a un centro provisional y recalca que "el compromiso real se cumple únicamente cuando cada joven se encuentra en un recurso definitivo con garantías jurídicas y condiciones dignas".

La directora general de Protección a la Infancia y a las Familias, Sandra Rodríguez, ha sido aún más explícita al valorar la actuación del Ejecutivo central. A su juicio, el Gobierno de España intenta ahora acelerar un trabajo que lleva meses pendiente y sostiene que "esta vez" parece decidido a cumplir el auto del Supremo del pasado 25 de marzo, aunque reprocha que "lo que no ha hecho en ocho meses lo pretende hacer en 15 días". Según explicó, Madrid ha solicitado un listado actualizado de los menores que ya cuentan con protección internacional, con la previsión de que los traslados se produzcan entre este viernes y el próximo lunes, siempre con la condición de que "se efectuarán contando con la voluntad del menor tras ser escuchados por la Dirección General y la Fiscalía", tal y como se pactó durante las negociaciones con el Estado.