Vecinos bloquean una calle en Tenerife por una deuda impagada: cuatro años de vallas y obras que nunca llegaron

Desde hace casi cinco años, la calle El Fresno, en la zona de Guamasa (La Laguna, Tenerife), permanece cerrada al paso de vehículos y peatones debido a un conflicto urbanístico sin resolver. Un grupo de vecinos instaló barreras de cemento armado y vallas metálicas con el fin de presionar al Ayuntamiento para que asuma la urbanización del área. Sin embargo, la situación sigue sin resolverse y las obras que justificarían el cierre no se han ejecutado.

Las consecuencias de este bloqueo recaen, paradójicamente, sobre quienes no tienen nada que ver con el conflicto. Residentes de calles como Suertes Largas, Santa Rosa de Lima o la Vereda del Camellón, incluida una residencia para personas con problemas de salud mental, han perdido su acceso habitual y se ven obligados a utilizar una vía alternativa: el angosto camino Padilla, sin iluminación ni arcén. El paso de ambulancias, camiones de reparto o vehículos de emergencia se complica enormemente en ese tramo, generando preocupación entre los afectados.

Una deuda individual que paraliza a toda una comunidad

La historia se remonta a una operación de regularización urbanística en la que la mayoría de los propietarios de El Fresno accedió a pagar cuantiosas sumas, en algunos casos de hasta 50.000 euros, para legalizar sus viviendas construidas en suelo rústico. Sin embargo, un vecino se negó a realizar el desembolso. Esa decisión paralizó el proceso de urbanización. El propietario en cuestión vendió su inmueble y el nuevo dueño tampoco ha hecho frente al pago exigido por el consistorio. Resultado: los trámites siguen atascados y el Ayuntamiento no puede asumir oficialmente la gestión de la calle.

Pese a que las obras de urbanización están formalmente "en curso", no se ha visto un solo obrero en la zona desde hace más de cuatro años. Las vallas, por tanto, se mantienen como si los trabajos estuvieran activos, aunque lo único que avanza es el deterioro de la situación.

El Ayuntamiento insiste en que la vía sigue siendo privada, ya que los terrenos no han sido entregados formalmente al municipio. Asegura que, según la normativa vigente, debe mantenerse vallada por razones de seguridad hasta que se finalicen las obras de urbanización. Pero los vecinos perjudicados, cansados de excusas, cuestionan si esas obras existen realmente o si han sido abandonadas de facto.

Malestar creciente y soluciones que no llegan

Desde hace años, los afectados han presentado escritos al Ayuntamiento solicitando la reapertura del paso. Alegan que, al haber sido usado durante mucho tiempo, debería reconocerse su derecho de servidumbre. Incluso recuerdan que en 2004 se concedió la licencia de urbanización, lo que convierte el proyecto en un ejemplo de lentitud administrativa extrema.

En uno de los documentos más recientes, con fecha de marzo de 2024, el gobierno municipal (PSOE y Coalición Canaria) reiteró su posición: la responsabilidad recae en la Junta de Compensación de la unidad de actuación afectada (UA_GM03), que no ha completado el proceso de urbanización ni la redistribución de parcelas. También señala que la propuesta de paso alternativo que sugieren los vecinos discurre por una zona aún no recepcionada oficialmente por el Ayuntamiento.

Sin embargo, hay una excepción. El camino Padilla, por el que ahora deben circular los residentes de Suertes Largas, sí es de titularidad municipal. Desde el consistorio reconocen que podrían aplicarse mejoras en ese tramo, como iluminación o ensanchamiento, aunque hasta la fecha no se ha llevado a cabo ninguna intervención concreta.

Mientras tanto, los carteles de “calle cortada por obras” siguen allí, como testigos mudos de unas obras que nadie ha visto empezar.