El colectivo LGTBI alerta del aumento del ciberodio y pide más concienciación en los colegios

En vísperas de que el Consejo de Ministros apruebe este martes el polémico anteproyecto de Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de Derechos de las Personas LGTBI, que ha enfrentado a colectivos feministas además de a los partidos del propio Gobierno de España, PSOE y Unidas Podemos, Castilla y León celebra el Día del Orgullo LGTBI con numerosos actos institucionales y concentraciones por toda la Comunidad, en los que se ha pedido respeto y dignidad para estas personas y que se garanticen sus derechos.

Unos derechos que las asociaciones que integran este colectivo en Castilla y León, cuyos representantes se han reunido este lunes con el delegado del Gobierno del Reino de España en la Comunidad, Javier Izquierdo, consideran que están más en riesgo que nunca debido a la intolerancia existente y al crecimiento del acoso que dicen sufrir, especialmente en las redes sociales e internet. Frente a este aumento del ciberodio, estas entidades han pedido al delegado del Gobierno que se intensifiquen las campañas de sensibilización en los colegios y a edades cada vez más tempranas contra el acoso homofóbico en los centros educativos, pero también más formación a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, como la Policía Nacional y la Guardia Civil a la hora de atender cualquier discriminación que sufra el colectivo.

También piden más iniciativas de concienciación en la sociedad y que se aplique el protocolo de actuación contra los delitos de odio para promover que las víctimas denuncien en lugar de quedarse en su casa por miedo, y reclaman datos territorializados de actos de violencia contra personas LGTBI para saber de forma pormenorizada la realidad de este problema.

El delegado del Gobierno, por su parte, ha reafirmado ante ellos el compromiso del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez para con el colectivo en la lucha por garantizar sus derechos, y les animaba a trasladar a la Delegación cualquier discriminación que sufran así como a aportar los aspectos que consideran oportunos que deban incluirse en la formación dirigida a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

En cuanto a los actos que se celebraban en la Comunidad por el Día del Orgullo, destacan los celebrados en el Ayuntamiento y la Diputación de Valladolid. En este último, el organismo que preside Conrado Íscar daba voz a las diversas asociaciones que integran este colectivo en la provincia y en el que han colocado la bandera arcoíris en el patio de la sede de la institución.

Si bien, en esta ocasión, la institución provincial ha optado por colocar esta enseña en el patio de su sede en el Palacio de Pimentel de Valladolid después de que un juzgado obligase a la institución retirar la bandera el año pasado por ubicarla en el balcón de la fachada principal del edificio, que alberga también las banderas oficiales, a pesar de que otras instituciones han apostado por repetir la fórmula de colocar la bandera en la fachada de sus edificios, como el Ayuntamiento de Valladolid.

En la Casa Consistorial de la capital vallisoletana el acto lo protagonizaba Alfredo Corell, inmunólogo y catedrático de la Universidad de Valladolid, además de divulgador científico durante esta pandemia en los medios de comunicación, quien denunciaba la “intolerancia” que aún hoy sigue existiendo en la sociedad para con los homosexuales o personas con distinta orientación sexual.

Frente a ello, Corell recetaba la “inmunización social “ como el antídoto perfecto para anular a los que gritan “a por ellos”, y es que, en su opinión, “hasta que no desaparezca este odio y la sociedad no fabrique anticuerpos a estos mensajes neofascistas, será necesario seguir celebrando el Orgullo”.

Todos los partidos con representación en el Ayuntamiento participaban en este acto salvo Vox, que remitía un comunicado en el que argumenta su ausencia en este acto, entre otras cosas, porque la orientación sexual pertenece “al ámbito privado de las personas, no debiendo las Administraciones Públicas hacer políticas ideológicas al respecto, ni gastar dinero del contribuyente en las mismas, y menos aún inmiscuirse en la educación de la infancia, donde hay que respetar el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus creencias y valores”.