El Gobierno da 4.500 millones de más a Cataluña en dos años

El nacionalismo catalán tiene una larga tradición de peticiones al Estado: ya en 1885, en pleno Reinado de Alfonso XII, grupos catalanistas elaboraron un memorial de agravios con reclamaciones directas (de carácter económico) a la Corona. En los últimos 40 años de democracia, se han intensificado todavía más las reivindicaciones, que parecen insaciables, y los distintos gobiernos españoles han tenido en muchas ocasiones que hacer cesiones para poder sostenerse en el poder gracias al apoyo de las fuerzas nacionalistas (primero Convergència y, ahora, Esquerra).

En este sentido, el nacionalismo ha pedido, sobre todo, dinero y reconocimiento a su singularidad cultural (lengua) en las últimas décadas y el Gobierno del PSOE se ha mostrado receptivo y comprensivo a este tipo de demandas en su intento por contrarrestar el relato independentista. Muestra de ello es su defensa de un sistema de financiación que descentralice los ingresos para transitar hacia una Hacienda federal (Cataluña tendría un mayor protagonismo en la recaudación fiscal); algunas inversiones anunciadas recientemente, como los 1.700 millones para ampliar el Aeropuerto de El Prat; o, el aumento en los últimos dos años del dinero destinado a Cataluña a través de los fondos de financiación autonómica (dinero a coste cero facilitado por el Estado a las autonomías).

En concreto, Cataluña ha pasado de recibir 7.997 millones de euros en 2019 a recibir 12.527 millones de euros en 2021: es decir, 4.500 millones de euros más. De hecho, este año acapara el 39,2% de todas las ayudas que ha destinado el Gobierno a las autonomías. Y, desde que se crearon los fondos, en 2012, ha recibido el 31,4% del total (112.544 millones de euros de los 358.318 millones). Estos fondos se crearon en su momento para ayudar a las autonomías a hacer frente a deudas y pago a proveedores (pagaban con mucho retraso y eso amenazaba al sistema económico).

Lo cierto es que Cataluña es la autonomía que más ampliamente se ha beneficiado de esta asistencia financiera extraordinaria durante la última década ya que le ha permitido ir atendiendo pagos a coste cero (el Estado se endeuda y hace el préstamo): la Comunidad de Madrid tan solo ha necesitado 4.700 millones de euros desde 2012.

Desde la oposición, se pone bajo sospecha que Pedro Sánchez haya disparado las ayudas a Cataluña durante los dos últimos años ya que se entiende que forma parte de su complicidad con Esquerra para sostenerse en el Gobierno. Los reproches apuntan, sobre todo, a la laxitud en las exigencias a la Generalitat en los planes de reequilibrio para conjurar el desfase entre ingresos y gastos como contrapartida por el apoyo al Gobierno (Esquerra ahora preside el Govern, pero ha estado al mando de la conselleria de Economia entre enero de 2016 y mayo de 2021).

De hecho, el portavoz de Economía en el Congreso del PP, Mario Garcés, recriminó ayer que Sánchez dé pábulo a la Generalitat en su intento de «romper» el modelo multilateral autonómico de fijación de los objetivos de estabilidad financiera (déficit y deuda pública) mientras se reúne en paralelo de forma bilateral con el Govern. A su juicio, esta circunstancia puede dar pie a una «relajación» de las exigencias presupuestarias para la Generalitat y «una sobrefinanciación directa a través de infraestructuras y otras transferencias».

Además, Garcés criticó el «victimismo fiscal» de la Generalitat, a la que acusó de haber disminuido sus ingresos fiscales por la «inestabilidad institucional» de los últimos años y por «las políticas tributarias» basadas en el incremento de la «presión» y la «indisciplina e ineficiencia del gasto público».

Más allá del dinero, también se cierne una nueva polémica en la operación diálogo de Moncloa con la Generalitat. La delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, dejó ayer la puerta abierta a negociar todas las 56 demandas del Govern. Entre estas peticiones aparecen algunas muy sensibles, como el traspaso del edificio de la comisaría de la Jefatura Superior de la Policía Nacional en la Via Laietana: los agentes del cuerpo ya han advertido de su rechazo a ser trasladados de la sede, ya que consideran que el edificio es un «emblema» para el Cuerpo y, además, puede convertirse en «el primer paso» para su «expulsión» final de Cataluña.

El separatismo quiere convertir ese edificio, que fue sede de la Brigada Político-Social durante el Franquismo (desde donde se dirigía la persecución de disidentes), en un museo de memoria histórica. El Gobierno, de momento, es muy ambiguo: el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, lo rechaza rotundamente, mientras que el PSC y Podemos se han abierto a ceder ante las demandas independentistas.

En cualquier caso, la delegada del Gobierno remitió ayer a la negociación de los grupos de trabajo que han creado Gobierno y Generalitat para tratar todos los traspasos durante los próximos seis meses. Estas citas bilaterales, que servirán para abordar cuestiones de agenda económica y social, así como la crisis política, estarán condicionadas también por el efecto que pueda tener la Diada. De entrada, el independentismo más radical ya ha advertido que el 11 de septiembre saldrá en tropel contra la mesa de diálogo y prepara un boicot a la negociación.

Cunillera, que ayer hizo balance de la actuación del Gobierno en Cataluña durante el primer semestre, reivindicó todas las iniciativas para ayudar a la autonomía a salir adelante tras el golpe de la pandemia. Entre las medidas, están que 191.240 catalanes de media al mes se han beneficiado de la prórroga de los ERTE por un importe de 666,7 millones de euros; 4.401 empresas han obtenido avales ICO por un importe de 1.134,8 millones de euros desde enero, con lo cual ya son 22.260,7 millones los que han sido destinados a avalar a 120.235 empresas catalanas; 1.115,2 millones de euros han sido dedicados a prestaciones extraordinarias para trabajadores autónomos y 75.154 se han beneficiado de la extensión de estas ayudas.