El independentismo exige una respuesta al Gobierno ante el dictamen de la “ONU”

os exconsejeros Raül Romeva y Josep Rull han reclamado al Gobierno una respuesta al dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre la vulneración de derechos civiles y políticos a los expresos del 1-O cuando eran diputados del Parlamen; que debería pasar por acabar con la “causa general contra el independentismo” a través de una “amnistía” y también por hacer posible el ejercicio del derecho de autodeterminación de Cataluña. Se llama amnistía». Oriol Junqueras, sin embargo, se ha mantenido al margen a última hora del acto.

Junto con los abogados Jordi Pina y Carles Mundó, y en una conexión en directo en Ginebra (Suiza) con el abogado Nico Krisch, Romeva ha asegurado que este dictamen «obliga a una reacción» por parte del Gobierno, que tiene 180 días para tomar medidas al respecto. «Debe haber una respuesta política, se llama amnistía. Se ha judicializado un conflicto político y la única manera de desjudicializarlo es anular las causas judiciales», ha sostenido el exconsejero republicano, que ha pedido devolver el debate de la autodeterminación al ámbito de la política.

Romeva ha destacado que este caso, además de ser «una victoria moral y política, es también una victoria de defensa de derechos fundamentales» de cualquier persona que quiera defender ideas de forma pacífica. A su juicio, que la resolución “no es una sorpresa”, porque “hace tiempo que insistimos en que cuando superáramos el ámbito legal español encontraríamos derecho y justicia”. En este sentido, ha añadido que en el Estado español no ha habido “respeto por la separación de poderes”, ya que, a su juicio, han sufrido “una clara injerencia del poder judicial en el marco legislativo” y una “clara desproporcionalidad” en sentencias judiciales tomadas con “objetivos políticos”.

Han sostenido que este dictamen es «clave» de cara a la causa abierta ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y Rull ha explicado que esperarán a que el Tribunal Supremo informe de esta resolución al tribunal de Luxemburgo y, si no lo hace, ellos lo presentarán en las cuestiones prejudiciales. «Tendremos una buena munición jurídica para las causas que tenemos abiertas», ha celebrado Rull, que ha destacado que esto les permitirá acreditar que ha habido una voluntad de perseguir determinada conducta política, en sus palabras. Rull ha criticado que se ha visto una «primera reacción de menosprecio de la resolución» por parte del Gobierno, y ha subrayado que esta no es una resolución simbólica sino que exige el cumplimiento a España.