Colau intenta blindar frente a los tribunales la Zona de Bajas Emisiones de Barcelona

El pasado mes de marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) anulaba la Zona de Bajas Emisiones de Barcelona (ZBE) por “falta de informes”, por un “exceso en el ámbito geográfico de implantación” y por una “excesiva restricción en el tipo de vehículos afectados”. El fallo sacudió la estrategia medioambiental del Ayuntamiento y la Generalitat. Incluso políticos y periódicos de toda Europa se hicieron eco de la sentencia por ir en contra de los preceptos de Bruselas. Las administraciones catalanas recurrieron ante el Tribunal Supremo. El Ayuntamiento, sin embargo, ha decidido cambiar el marco normativo para evitar que la ZBE “estuviera en peligro”.

Los cambios en la ordenanza que ha presentado este martes el gobierno municipal persiguen, por lo tanto, un doble objetivo: por un lado, añadir medidas sociales y, por otro, blindar la ZBE antes de que el Tribunal Supremo dicte una sentencia que pueda anular la norma actual.

Así las cosas, los ciudadanos más vulnerables con vehículos sin etiqueta ambiental de la DGT podrán circular por la zona de bajas emisiones (ZBE de Barcelona). La actualización de la ordenanza de la ZBE añadirá nuevas medidas para proteger a las personas con rentas más bajas -que recibirán autorizaciones anuales- y también ampliará de 10 a 24 el número de autorizaciones diarias que el resto de la población puede utilizar cada año.

Para determinar qué personas podrán circular con vehículos contaminantes por la ZBE se utilizará el indicador IPREM (indicador público de renta de efectos múltiples) que en 2022 es de 579 euros mensuales. La persona que viva sola tendrá que cobrar un máximo de dos veces este indicador (equivalente a 1.158 euros/mes) y, a partir de ahí, se establecen diferentes baremos según el número de individuos de la unidad de convivencia familiar. Cuando sean dos personas, el tope será el IPREM multiplicado por 2,5; cuando sean tres, se multiplicará por 2,9, y cuando sean más, por 3,3

.Los ciudadanos que entren dentro de estos baremos podrán solicitar autorizaciones anuales, después de acreditar todos los ingresos del año. El consistorio calcula que vincular la renta a la matrícula podría suponer la introducción de unos 20.000 vehículos contaminantes en la ZBE. Ahora bien, matizan que habrá que ver cuántas familias acaban pidiendo el permiso.

Otra de las novedades destacadas es el incremento de las autorizaciones diarias para los vehículos que carecen de etiqueta ambiental que pasan de los 10 días al año a 24. Aquí también quedan incluidos los vehículos históricos y los clásicos. Además, se añaden los vehículos extranjeros, que tendrán 24 días de permiso.

La nueva ordenanza también amplía la lista de autorizaciones temporales para circular por la ZBE a los vehículos sin etiqueta ambiental. Así, pueden obtener una autorización temporal los siguientes casos:

• Profesionales que utilizan el vehículo para trabajar y les faltan cinco años para jubilarse.
• Vehículos en estado de reposición si se acredita la compra de un vehículo que cumple con los requisitos establecidos.
• Vehículos que lleven a cabo labores de mantenimiento en talleres. Tienen autorización mientras el vehículo está en el taller.
• Vehículos de personas con tratamientos médicos periódicos. Tienen autorización mientras dura el tratamiento.
• Vehículos singulares como coches de autoescuela, portacontenedores, vehículos cisterna, camiones jaula, camiones dumper, vehículos blindados… En estos casos la autorización será anual.

El Ayuntamiento de Barcelona ha encargado nuevos informes técnicos a diversas instituciones y organismos para fundamentar las nuevas medidas incluidas en la ordenanza. La argumentación municipal incluye informes de entidades como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Barcelona Regional, el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la UPC o el RACC. El Ayuntamiento de Barcelona presentará el texto con las nuevas medidas a la Comisión de Gobierno, con la intención de que se apruebe en el plenario municipal. El gobierno municipal calcula que la aprobación definitiva podría llegar a enero.