Dos años de la sentencia del 25%: más cerca de otra asignatura en castellano

A punto de cumplirse dos años de la histórica sentencia del 25% de castellano del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), su aplicación sigue llena de incertidumbre. De momento, ha quedado en suspense, ya que está en manos del Tribunal Constitucional, pero una nueva maniobra judicial puede acelerar su aplicación a través de una vía alternativa: el TSJC se debe pronunciar en pocos días sobre el recurso que presentó en septiembre la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) para impugnar las instrucciones sobre el inicio de curso que dio la Generalitat a los 5.500 centros educativos catalanes, instándoles a que se impartieran todas las clases en catalán (sin aplicar ningún porcentaje de castellano).

En esa impugnación, la AEB pidió medidas cautelares para que, mientras se resuelve el fondo de la cuestión, todos los centros educativos incluyan una asignatura más en castellano. Actualmente, salvo 27 centros educativos, todos los colegios públicos catalanes dan todas las asignaturas en catalán (a excepción de Lengua Castellana). Y esos 27 centros dan un 25% de castellano en algún aula (es decir, no en todo el centro educativo) porque así lo ha dictado el TSJC a petición de alguna familia.

También cabe decir que a esos 27 centros educativos se les dirigió desde la conselleria de Educación una circular (en septiembre, también, en paralelo a las instrucciones) para que también dejaran de aplicar ese 25% de castellano, desobedeciendo así las resoluciones del TSJC. Sin embargo, el TSJC ha pedido en 12 centros que se vuelva a aplicar ese 25% de castellano y a seis de ellos los ha condenado en costas. «En esos 12 centros ya han sido revocados por el TSJC con tirón de orejas porque les ha dicho que no pueden hacer nada sin autorización judicial», señala a este diario Pepe Domingo, abogado de la AEB. Los otros 15 centros han hecho oídos sordos a la circular de la Generalitat y han mantenido ese 25% de castellano.

De esta manera, si el TSJC da la razón a la AEB, transitoriamente, se podría empezar a dar otra asignatura más en castellano, además de Lengua. No obstante, Domingo también mantiene las cautelas porque la Generalitat podría recurrir y dilatar nuevamente en el tiempo la aplicación.

De momento, esa estrategia de presentar recursos y dilatar el desenlace en el tiempo le está funcionando al Govern, a tenor de los resultados: la sentencia se dictó el 17 de diciembre de 2020 y, dos años después, sigue sin aplicarse. En primer lugar, la Generalitat recurrió esa sentencia del TSJC y no fue firme hasta que el Tribunal Supremo se pronunció un año después: el 23 de noviembre de 2021, desoyendo el recurso de la Generalitat. A partir de ahí, un culebrón de un año: la AEB instando a la ejecución de la sentencia, mientras que el Govern ha ido presentando una serie de recursos y ha ido aprobando una serie de iniciativas legislativas (una ley que recibió el apoyo del PSC y los Comunes, y un decreto) que esquivaban los porcentajes, lo que ha dado pie a que el TSJC se haya visto imposibilitado a ejecutar la resolución judicial por ahora y haya decidido elevar una cuestión de inconstitucionalidad para que el TC se pronuncie

Sin embargo, esa cuestión de inconstitucionalidad puede tardar mucho en dirimirse (hasta un par de años) porque el TC está sin renovarse y tiene mucho atasco, con un gran número de asuntos pendientes. Y cuando se dirima será con una composición del Tribunal Constitucional de orientación previsiblemente progresista: entre los integrantes, podrían estar ya el exministro de Justicia del Gobierno de Pedro Sánchez, Juan Carlos Campo, responsable de los indultos del «procés», y Laura Díez Bueso, jurista catalana que ha tratado ya temas como el 25% de castellano en Cataluña y ha sido alto cargo del Ministerio de Presidencia hasta abril. Es decir, con ambos integrantes, la respuesta que se podría dar a esta causa podría ser más favorable a las tesis independentistas teniendo en cuenta la alianza del PSOE y ERC.

De hecho, no cabe olvidar que el propio Pere Aragonès desveló en una entrevista en «TV3» que pactó con el Gobierno para que no pusiera trabas a la estrategia jurídica del Govern (por ejemplo, para evitar que interpusiera un recurso ante el Tribunal Constitucional que hubiera paralizado de inmediato la ley del Parlament para sortear el 25% de castellano). En el PSC siguen exigiendo que se flexibilice la inmersión lingüística con la intención de que se imponga más castellano en aquellas zonas catalanoparlantes, pero, de momento, sin éxito: se van imponiendo las tesis duras del independentismo, con más y más catalán. En cualquier caso, la pugna sigue y todo sigue estando en manos de la Justicia.