La acogida de menas por parte de la Generalitat de Cataluña cuesta 100 millones al año a las arcas públicas

La Generalitat ha reiterado su petición al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de impulsar más espacios de codecisión y de coordinación para planificar la llegada de personas migradas y solicitantes de asilo en España.

Lo han hecho la secretaria de Infancia, Adolescencia y Juventud, Núria Valls, y la directora de Migraciones, Refugio y Antiracismo, Eunice Romero, durante la Conferencia Sectorial de la Inmigración, organizada en Madrid el pasado jueves por el Gobierno y presidida por la ministra, Elma Saiz.

También han pedido la transferencia de los fondos económicos procedentes de la Unión Europea para ejecutar las políticas de acogida desde Catalunya, así como "la necesidad de obtener información puntual y actualizada" sobre las personas migradas que llegan a las islas Canarias y que se derivan a equipamientos catalanes.

En un comunicado, el conseller de Derechos Sociales, Carles Campuzano, ha celebrado la creación de un grupo de trabajo para abordar específicamente la atención a los menores no acompañados que liderará el Ministerio de Infancia y Juventud.

"Valoramos el tono y la actitud y que una propuesta que hace tiempo que viene planteando la Generalitat, que es la creación de un grupo de trabajo específicamente sobre la situación de los jóvenes migrantes solos, se cree", ha dicho el conseller.

Según la conselleria de Derechos Sociales de la Generalitat, hasta el 30 de noviembre han llegado a Cataluña un total de 2.013 adolescentes y jóvenes migrados solos.

Hace unos días, Campuzano reconocía que el Govern tenía que hacer una "aportación significativa" para poder acoger el gran volumen de inmigrantes que han llegado este año en Cataluña. Explicó que, para poder hacerlo, necesitaban más dinero del Estado. Y ponía de ejemplo que, a principios de 2023, se preveía la llegada de 33 recién llegados a Cataluña y que, por ello, el Gobierno destinó 2 millones de euros a la Generalitat. El problema es que realmente han llegado más de 2000 y el Estado solo pagó por los 33 que estaban previstos, algo que provocó que el ejecutivo catalán tuviera que poner de sus arcas el resto de dinero, unos 100 millones en total.