En Cataluña se rechaza la subida de cuotas de autónomos y exigen un “debate a fondo” sobre esto

La patronal Pimec Autònoms ha mostrado su rechazo a la propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de incrementar las cuotas de los autónomos entre 2026 y 2028, y ha reclamado un “debate a fondo”sobre el futuro del trabajo por cuenta propia en España.

El posicionamiento llega después de que el Gobierno planteara un aumento de entre 17 y 206 euros mensuales, según los rendimientos netos, para los autónomos que cotizan por la base mínima. La medida forma parte de la revisión del sistema de cotización por ingresos reales que se está implementando por fases desde 2023.

“Un planteamiento desequilibrado e injusto”

En un comunicado, Pimec Autònoms califica la propuesta como “desequilibrada e injusta”, al considerar que aumenta la presión contributiva sobre un colectivo que ya soporta una elevada carga burocrática, fiscal y administrativa. La entidad advierte que los autónomos “han sido clave en la recuperación económica y no pueden ser los que paguen los ajustes del sistema”.

Su presidenta, Elisabet Bach, ha señalado que si el objetivo del Gobierno es acercar el régimen de autónomos al de los asalariados, “también hace falta mejorar de manera real y efectiva las prestaciones”. Bach considera que las condiciones actuales siguen siendo insuficientes para equiparar la protección social entre ambos colectivos.

Más allá de las cuotas: un debate sobre coberturas y derechos

La patronal insiste en que el debate no puede centrarse únicamente en las cuotas de cotización, sino en las coberturas y prestaciones asociadas al sistema. Reclama revisar las ayudas por maternidad y paternidad, la protección en caso de enfermedad o accidente, y las condiciones del cese de actividad, así como reducir la burocracia que complica la gestión diaria de los autónomos.

Pimec defiende que un sistema más justo debe proteger al autónomo en los momentos de dificultad, en lugar de penalizarle con más cargas. Por ello, pide que el Gobierno abra una mesa de diálogo con patronales y asociaciones antes de aprobar cualquier modificación que afecte al colectivo.