Sánchez no tiene claro que pueda subir las pensiones ahora tras prometerlo en campaña

El Gobierno en funciones no quiere perder la baza que siempre te otorga tener a los pensionistas de su parte. Por ello el presidente en funciones, Pedro Sánchez, se comprometió a revalorizar las pensiones al IPC real, que en 2020 ha estimado en el 0,9%. Y como quería que quedase constancia de su propuesta lo dejó por escrito en el Plan Presupuestario que remitió a la Comisión Europea justo antes de las elecciones. Sánchez esperaba un mejor resultado y que la formación de Gobierno iba a ser un mero trámite que le otorgaría plenas facultades para hacer y deshacer antes de finalizar este ejercicio. Pero, enfilando ya mediados del mes de diciembre, la incertidumbre política se mantiene y, con ello, sigue pendiente la actualización de las pensiones antes del 1 de enero.

Y ayer la ministra de Trabajo enfrió un poco esta posibilidad. Magdalena Valerio habló al término de un Consejo en Bruselas con sus homólogos europeos y dio una de cal y otra de arena. Al ser preguntada por la revalorización de las pensiones, Valerio puntualizó que en este caso se trataría de un decreto ley, lo que implica que debe ser validado por el Congreso a través de la Diputación Permanente. A pesar de que durante la campaña electoral Pedro Sánchez prometió que durante el mes de diciembre actualizaría las pensiones según el IPC real, Valerio mostró ayer algunas dudas sobre si esto último podrá ser aprobado por un Ejecutivo en funciones. «La idea que tenemos es elevar una consulta a la Abogacía del Estado para ver si ésta es una de las cuestiones que podemos hacer en funciones o no», explicó ayer la ministra. A pesar de esta traba de carácter legal, Valerio puntualizó que el compromiso del Gobierno en funciones sigue siendo ligar las pensiones a la inflación, con el objetivo de que los jubilados no pierdan el poder adquisitivo el año que viene.

El Ejecutivo comunitario ve con preocupación esta promesa –al dudar de su sostenibilidad y su respaldo financiero a lo largo del tiempo– y el pasado mes de noviembre pidió a las autoridades españolas «medidas compensatorias» ante el peligro de que el sistema se vuelva insostenible. En concreto, Bruselas reclamaba que medidas como el aumento del gasto público debido a la revalorización de las pensiones en el 0,9% y el alza del sueldo de los funcionarios no habían podido ser compensadas con la recaudación de nuevos tributos, como la conocida «tasa Google» o el impuesto a las transacciones financieras por la falta de nuevos presupuestos este año. Esto implica que España deberá realizar un ajuste extra no dependiente del ciclo económico de 9.600 millones de euros vía reducción del gasto o aumento de impuestos según manifestó Bruselas en sus última recomendaciones.