Trabajo desata una cacería contra los falsos autónomos, las plataformas digitales y el fraude en la temporalidad

El Ministerio de Trabajo ya tiene un plan de actuación, pero no se ha marcado objetivos generales, sino que ha activado su punto de mira para «disparar» sobre cualquier irregularidad que detecten los inspectores. Ayer lo presentó en la comisión del ramo en el Congreso la ministra Yolanda Díaz, que anunció las nuevas directrices del Plan Director por un Trabajo Digno –en realidad sería una actualización del que lleva en marcha desde 2018–, basadas casi exclusivamente en un objetivo sancionador, que marcará sin duda la huella política de la ministra. Entre sus objetivos prioritarios se encuentran acabar con la temporalidad fraudulenta, luchar contra el incumplimiento del registro horario –y por tanto tener mayor control sobre las horas extras–, evitar el fraude en contratos con jornadas no declaradas, controlar el SMI y perseguir el abuso de los falsos autónomos, cooperativistas y becarios. Para lograrlo, Díaz pondrá en manos de la Inspección de Trabajo todos los medios que sean necesarios, e incluso ampliará sus competencias. «Utilizaremos mecanismos de ‘‘big data’’ para reforzar el sistema de control sancionador». Por tanto, desde su tribuna lanzó una absoluta declaración de guerra «contra el fraude laboral, en el los falsos autónomos tienen prioridad».

Críticas de los inspectores

Pero estos planes necesitan muchos recursos y fondos para llevarse a cabo, algo que puede truncar en parte su plan. Fuentes de los inspectores de Trabajo expresaron a LA RAZÓN su preocupación. Denuncian desde hace varios meses que se encuentran desbordados en sus funciones y con un exceso de trabajo «que ya está llegando al límite. Si ahora se aumenta nuestra carga de funciones, no vamos a poder cumplir con nuestro trabajo». Los inspectores temen convertirse en un «comisariado» a las órdenes de la ministra y que sean utilizados para cumplir «fines políticos».

Pero Díaz asegura que el Ministerio solo quiere garantizar que Inspección sea «efectiva y pueda intervenir de manera activa». No quiere que su principal brazo ejecutor pueda truncar sus retos esta legislatura y quiso adelantarse a los acontecimientos y anunciar ante los diputados de la comisión que reforzará el papel de este cuerpo de funcionarios para atender cualquier reto que se les presente. Con ello, la ministra quiere abarcar todos los ámbitos empresariales en los que pueda haber irregularidades, incluido el digital, una de sus obsesiones. Pretende cortar de raíz los supuestos excesos en las nuevas fórmulas de trabajo «atípico», las que surgen de nuevos modelos de negocio como los digitales, a los que ha puesto en el disparadero. «Debemos impedir que estas plataformas se conviertan en nuevas formas de explotación, simples pantallas para eludir la relación laboral y el derecho al trabajo».

Multas más elevadas

Con este afán, ha convertido el Plan Director en un arma sancionadora a la que actualizará incluso sus bases sancionadoras. Recogidas en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, estas multas aumentarán sustancialmente sus importes con arreglo al IPC acumulado. Se quejan en el Ministerio de que llevan sin actualizarse varios ejercicios –desde 2006-, y no se «correspondían con la realidad actual». Con este nuevo cuadro de multas, el Ministerio pretende darle la vuelta «al círculo vicioso» de la precariedad y recuperar «derechos laborales perdidos» mediante la derogación de la reforma laboral.

También avanzó Díaz que va a crear una comisión de expertos para evaluar el «impacto económico y social» de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), y para determinar cuál debe ser su cuantía final en 2023 –el objetivo inicial era llegar al 60% del salario medio–. La ministra pretende saber con total exactitud la cifra definitiva que debe aplicarse -en principio lo habían determinado en 1.200 euros netos-, porque difiere según el organismo que lo cuantifique. Tiene claro que esta subida es «irreversible» y volvió a defender que la subida del salario mínimo «no ha incidido negativamente en la creación de empleo». También anunció un plan especial de inspecciones para controlar que se está cumpliendo la aplicación del nuevo SMI de 950 euros.