El rescate de las radiales quebradas le costará al Estado más de 1.000 millones

La reversión al Estado de la gestión de las autopistas de peaje quebradas que fueron construidas durante el Gobierno de José María Aznar va a dejar una factura a las arcas públicas que va a superar los 1.000 millones de euros. Y eso que, durante mucho tiempo, la administración sostuvo que el “rescate” no le iba a costar un céntimo a los contribuyentes. Según los últimos cálculos provisionales del Ejecutivo, el coste de rescatar ocho de las nueve autopistas que quebraron por la crisis financiera de 2008 y que ahora gestiona la Sociedad Estatal de Infraestructuras Terrestres (Seitsa) iba a ser de algo más de 1.000 millones de euros. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha estimado parcialmente los recursos presentados por las empresas concesionarias de las autopistas, fallando en contra del cálculo que ha hecho el Gobierno de su rescate, por lo que este coste seguirá aumentando.

La falta de usuarios, así como los sobrecostes en las expropiaciones por un cambio legal, motivaron la quiebra de las sociedades que explotaban las vías en cuestión en régimen de concesión -las radiales 2, 3, 4 y 5 así como la AP-41, la AP-36, y la AP-7 en la circunvalación a Alicante y entre los municipios de Cartagena, en Murcia, y Vera, en Almería- antes de que sus contratos venciesen. Tras recuperar su titularidad, el Estado estaba obligado a indemnizar a esas compañías por la liquidación anticipada de los acuerdos de concesión como titular de las vías. El estado ha estimado que esa compensación, conocida como responsabilidad patrimonial de la administración (RPA), asciende a unos 1.021 millones de euros de acuerdo al método de cálculo que estableció y que fijó enun máximo de 3.300 millones la cantidad a pagar por el Estado. La RPA es la resultante de restar al coste de las obras y de las expropiaciones las inversiones que todavía requiere la infraestructura, las indemnizaciones pagadas por expropiaciones y los importes necesarios para que la Administración se haga cargo de futuros pagos.

Según los cálculos de la administración, los rescates más caros son los de la AP-36 Ocaña-La Roda (Albacete), que asciende a 320 millones de euros, aunque el Estado ya pagó 411 millones en una primera resolución provisional; el de la Circunvalación de Alicante, que asciende a 308 millones; y el de Cartagena-Vera, de otros 283 millones de euros. El de las radiales 3 y 5 asciende a 119 millones, el de la AP-41 a Toledo a 53 millones y el de la M-12 al Aeropuerto de Madrid Barajas a 46 millones de euros. El de la R-4 es de cero euros, dado que el importe retenido por el Ejecutivo para hacer frente a futuros pagos es superior al del coste real de la infraestructura. La novena autopista, la R-2, construida por Abertis, ACS, Acciona y Globalvía), todavía no ha obtenido su RPA.

Sentencia

Sin embargo, según las últimas sentencias consultadas por Europa Press, algunas de las fórmulas utilizadas por el Gobierno para calcular ese coste han sido anuladas, después de que el Supremo así lo haya decidido al considerar que no eran procedentes. Por ejemplo, no se podrá minorar del importe a pagar a las empresas el 25% abonado por la Administración a los expropiados o se estimará como inicio de la amortización el día en que la vía se puso en servicio o en el que se inició el cobro de peajes. También se tendrá en cuenta que las inversiones realizadas por el Estado para poner a punto las carreteras rescatadas nunca harán alusión al estado en el que estaban cuando se abrieron, sino en el que se encontraban cuando se procedió a su liquidación.

En total, se trata de nueve sentencias que estiman parcialmente las pretensiones de las empresas, siete de ellas como respuesta a los recursos presentados por las siete concesionarias de las nueve carreteras, otro presentado directamente por Sacyr, ACS e Iberpistas (Abertis) y otro de Bankia, que también formó parte de una concesión. En concreto, de la radial 4 (Ferrovial y Sacyr), la M-12 (OHL), la AP-41 (Isolux Corsán, Comsa, Sando y Azvi), la AP-36 (Ferrovial, Europistas y Budimex), las radiales 3 y 5 (construidas bajo una única sociedad formada por Abertis, Sacyr, ACS), la radial 2 (Abertis, ACS, Acciona y Globalvía) y la AP-7 en la circunvalación a Alicante (ACS, Abertis y Globalvía) y entre los municipios de Cartagena, en Murcia, y Vera, en Almería (Globalvía y Ploder).