España es el cuarto país con mayor fraude en el uso de los fondos europeos

Reforestaciones que nunca llegan a ver la luz o proyectos para mejorar el trasvase de aguas que se diluyen por el camino. Estas son solo algunos de los fraudes detectados por la Oficina Antifraude Europea (OLAF) en el manejo de los fondos europeos tanto en España como en el conjunto de la UE. Sin embargo, en el caso de España la frecuencia con la que se producen está entre las más elevadas. De hecho, España acumula el 10,7% de los casos de fraude detectados en el uso de los fondos europeos agrícolas y estructurales entre 2017 y 2021, solo superado por Polonia, Rumanía e Italia, según el informe publicado hoy por la agencia.

España acumula 3.178 irregularidades relacionadas con la gestión de los fondos de Desarrollo Rural y de la Política Agrícola Común (PAC) entre los años 2017 y 2021, con un impacto sobre el 0,98% de los fondos recibidos, aunque solo se concluyeron ocho investigaciones, un número relativamente bajo. Las estafas están vinculadas con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), el Fondo Social Europeo (FSE), el Fondo Europeo de Desarrollo Rural (Feader), el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).

España es cuarta en este apartado muy por detrás de Polonia y Rumanía, donde se hallaron 4.039 y 3.738 fraudes, respectivamente seguidos de Italia con 3.369 casos. En el lado opuesto se encuentran Luxemburgo, 3 irregularidades, Chipre, 46, y Malta con 56.

La cifra contrasta con los datos del periodo comprendido entre 2015 y 2019, cuando la agencia detectó 11.029 irregularidades en España relacionadas con la gestión, en este caso, de los fondos de Cohesión y de la Política Agrícola Común (PAC), con un impacto sobre el 2,7% de los fondos recibidos, aunque solo se concluyeron cuatro investigaciones.

500 millones perdidos

La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude ha recomendado este miércoles que se recuperen más de 500 millones de euros del presupuesto europeo de 2021 y que se impulse la prevención contra el fraude de los fondos incluidos en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Al menos el 37 % de esos fondos se destinarán a facilitar la transición ecológica de la UE, objetivo de los defraudadores, según ha constatado la OLAF en 2021.

La agencia considera que se podrían recuperar 527,4 millones de euros del presupuesto europeo, tras concluir 212 investigaciones abiertas y elaborar casi 300 recomendaciones para las autoridades nacionales y europeas más relevantes. El informe evidencia que estos fraudes, en relación con las investigaciones emprendidas, que tienen efectos perjudiciales para el medio ambiente, así como otros fraudes en el ámbito tecnológico, en el de los aviones sostenibles, los pesticidas, el aduanero y el de contrabando de residuos, entre otros.

En este sentido, el informe destaca la desarticulación en España de la organización mas activa en la importación y tratamiento ilegal de gases fluorados, la mayor operación a nivel europeo contra el fraude de gases de efecto invernadero, que ha intervenido más de 27.000 kilogramos de gases fluorados y descubierto más de 180.000.

El estudio desvela que los estafadores siguen obteniendo rédito de la pandemia y se han vuelto más sofisticados ya que, el fenómeno más preocupante es la infiltración de grupos criminales organizados en irregularidades administrativas, como doble financiación, conflicto de intereses o manipulación de ofertas.

Fraude de las vacunas: 16.400 millones perdidos

Además, la OLAF ha alertado sobre las irregularidades vinculadas a las vacunas de la Covid-19 y en las que los estafadores se hacían pasar por intermediarios y pedían a las autoridades realizar pagos para asegurarse la llegada de vacunas, para después desaparecer con el dinero. Estos intentos de estafa representaron casi 1.200 millones de dosis de vacunas por valor de 16.400 millones de euros, si bien la intervención de la OLAF ayudó a evitarla.

También en lo que respecta al tabaco, la OLAF ha ahorrado con sus intervenciones 90 millones de euros a los estados miembros después de que, junto con otras autoridades colaboradoras, evitaron que 437 millones de cigarrillos ilegales entraran al mercado comunitario. Además la institución ayudó a las autoridades nacionales a confiscar 372 millones de toneladas de tabaco crudo.