PP y Junts presionan para que el Gobierno resuelva y no parchee el problema de los descuentos a vuelos de residentes que amenaza la conectividad de las islas

El PP y Junts están presionando para que el Gobierno resuelva, y no parchee, el problema de la deuda que el Estado mantiene con las aerolíneas a cuenta de los descuentos para los vuelos de los residentes en las islas, Ceuta y Melilla. Para ello, han presentado sendas propuestas en el Senado que buscan liquidar de una vez por todas esta deuda, que según las aerolíneas asciende a 425 millones de euros por el ejercicio 2024 pero que temen engorde este ejercicio en otros casi 700 millones por la carencia de fondos presupuestarios.

Para facilitar el acceso al transporte aéreo, los residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla tienen reconocida una subvención de hasta el 75% en las tarifas de los servicios aéreos regulares que unen estos territorios con el resto de la península, así como en los desplazamientos interislas. Se trata de una ayuda dependiente del Ejecutivo que se financia con cargo a los Presupuestos y que adelantan las aerolíneas. El problema, según denunció la patronal de las compañías áreas (ALA) meses atrás, es que al haberse prorrogado los presupuestos en los últimos años, la cantidad prevista para esta partida no alcanza el gasto total que comportan. Según sus cálculos, el Estado les adeuda 425 millones de euros correspondientes al pasado ejercicio, si bien Transportes rebajó esa cantidad hasta los 300 millones de euros, muy cerca de lo reconocido en este pago extraordinario.

Las aerolíneas, sin embargo, se temen que el problema se mantendrá este ejercicio. Según sus cálculos, el gasto de esta partida ascenderá este año a 1.250 millones de euros. Y con los Presupuestos del Estado prorrogados, ya han advertido de que no habrá fondos suficientes para el pago de esta subvención dado que la partida seguirá siendo la de 560 millones consignada en las cuentas públicas de 2023, que fueron prorrogadas en 2024 y también en este 2025. Con el agravante, explican, de que solo quedan 175 millones de los Presupuestos de 2025 para pagar los 425 millones de impagos que se arrastran de 2024 más los 1.250 millones estimados para 2025.

Para enjugar la deuda de 2024, PSOE y Coalición Canaria pactaron incluir una enmienda en el proyecto de Ley que reforma la Ley de Navegación Aérea y la Ley de Seguridad Aérea que recoge una partida de 319 millones. Desde el sector calculan que la ley puede entrar en vigor en julio y que puedan entonces recibir el dinero que se les debe, según explican fuentes de las aerolíneas.

Pero este pago no resolvería el problema que, según las aerolíneas, se avecina para este año. Por eso, el PP ha presentado en el Senado una enmienda que propone que se un crédito extraordinario de 1.200 millones de euros al Ministerio de Transportes para la atención de obligaciones de los años 2024 y 2025 de la subvención al tráfico aéreo regular.

Sí en el Senado

También Junts ha presentado en la misma cámara otra enmienda en la que insta al Gobierno a analizar la deuda generada y arbitrar "los mecanismos necesarios para sufragarla en un plazo razonable de tiempo".

Es previsible que ambas propuestas, que están alineadas en sus objetivos, salgan adelanta gracias a la mayoría que el PP tiene en la Cámara Alta. Sin embargo, será más complicado que lo hagan en el Congreso, donde el PSOE ya ha bloqueado que se discuta una similar en el pleno, según explican fuentes al tanto del asunto.

Desde el PP canario volvieron ayer a manifestar su preocupación por esta cuestión dada la dependencia de Canarias del transporte aéreo. El diputado del PP por Santa Cruz de Tenerife, Juan Antonio Rojas, aseguró que es "absolutamente irresponsable" que el Ejecutivo central acumule meses de retraso en el abono de estas compensaciones, lo que está generando “una situación de tensión económica insostenible” para muchas compañías que operan en el Archipiélago. "Estamos ante una deuda que, además, que afecta directamente a la viabilidad de las rutas aéreas y a la estabilidad del sistema".

Por su parte, el portavoz de Transportes de los populares en la Cámara Baja, Héctor Palencia, denunció que el Gobierno de Sánchez y la “nefasta gestión” del ministro Óscar Puente, “ponen en riesgo” la movilidad de los residentes en los territorios extrapeninsulares y la subsistencia de miles de puestos de trabajo, de trabajadores y de pequeñas y medianas empresas.