Denunciado un ciudadano en las proximidades del chalet de Iglesias en Galapagar

Inasequibles al desaliento. Son pocos, no van todos los días, pero todavía hay ciudadanos que acuden a protestar cerca del chalet que el matrimonio Iglesias-Montero tiene en la localidad madrileña de Galapagar.

Según han informado a LA RAZÓN fuentes policiales, el pasado martes una de estas personas fue denunciada por la Guardia Civil, al no atender los requerimientos de los agentes.

Lo que parece claro es que las acciones judiciales que han emprendido el vicepresidente del Gobierno y la ministra de Igualdad contra los manifestantes más habituales, algunas de las cuales han prosperado, han determinado que muchos opten por dejar unas protestas que, a la postre, no conducen a nada, salvo a las citadas complicaciones de carácter legal.

Además, la vigilancia en torno al chalet fue reforzada en su momento. A los agentes de la Guardia Civil que vigilaban habitualmente los alrededores se sumaron otros de la Policía Nacional que se ocupan de la seguridad perimetral de la casa y el terreno que la circunda.

Fue el propio Iglesias el que, descontento con la labor que realiza la Benemérita, que ha comunicado decenas de propuestas de sanción, el que pidió al ministro del Interior la presencia de la Policía que es, además, la que realiza las labores de escolta en sus desplazamientos y los de su esposa.

La fuerte vigilancia en torno a la finca se mantiene en todo momento y sólo hubo un día, tal y como adelantó LA RAZÓN, en que no llegó el relevo policial como consecuencia de la tormenta “Filomena” y la nevada que hacía intransitables las calles y carreteras de la Comunidad de Madrid.

El dispositivo policial es el que corresponde a un vicepresidente del Gobierno y a una ministra del Gabinete y, como han comentado a este periódico varios agentes, les corresponde esa seguridad, independientemente de que a algunos ciudadanos no les guste.

Las propuestas de sanción que se formulan lo son en aplicación de la legislación vigente y de las órdenes que emite la superioridad. Después son los organismos pertinentes, en este caso la Delegación del Gobierno, la que decide si sigue adelante la sanción o no.

Otra cosa son las acciones legales presentadas por los dos miembros del Gobierno. El pasado mes de diciembre, un juez prohibió a un vecino de Galapagar, denunciado por “hostigamiento” que se acercase a menos de 500 metros del citado domicilio durante dos años.

Más recientemente, el Juzgado de lo Penal número 14 de Madrid condenó a F. Z. A. a siete meses de cárcel por un delito de atentado contra agentes de la autoridad por negarse el pasado 30 de diciembre a “retirarse de forma voluntaria hasta el límite” del perímetro de seguridad que agentes de la Guardia Civil estaban montando en las inmediaciones de la vivienda.