El peaje abertzale aleja a Sánchez de las víctimas del terrorismo

La relación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el colectivo de víctimas del terrorismo no ha sido precisamente fluida, hasta el punto que podemos hablar de un desencuentro más que de una conexión directa. Muy al contrario que la sintonía que mostró el presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, y lejos del trato afable mostrado por líderes de gobiernos del PP como José María Aznar –víctima él mismo de un atentado– y el más reciente Mariano Rajoy.

El presidente socialista llegó al Gobierno en 2018 con el apoyo de Bildu, la formación heredera de la izquierda abertzale, todo un lastre para arrancar en armonía con los directamente afectados por años de asesinatos de ETA. Una política de endeudamiento con los socios radicales vascos que ha traído consigo un débito no menos criticado: el acercamiento de presos etarras al País Vasco, algo que los familiares de las víctimas «viven con dolor, tristeza y resignación», según la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), la más decepcionada con Moncloa.

Meses después, en octubre, Sánchez celebró un acto conjunto con las autoridades francesas – finalmente no viajó el presidente francés, Emmanuel Macron–, en el que se hizo entrega de material incautado a ETA en el país vecino. Sellos, miles de documentos, armas y efectos confiscados en los últimos 20 años. La ceremonia, cuya duración no alcanzó la hora, estaba también dedicada a las víctimas. Acudieron damnificados de ambos países a título personal y representantes de asociaciones en un evento en el que hubo mención especial para las víctimas pero en el que primaba «dar visibilidad a la victoria», en palabras del presidente español.

En septiembre de 2020 tuvo lugar un desencuentro cuya raíz vieron las víctimas del terrorismo en el continuo doblegarse ante los socios abertzales. Fue aquel «lamentar profundamente» de Pedro Sánchez en referencia al suicidio en la cárcel del preso de ETA Igor González Sola. Unas palabras pronunciadas en el Senado que le granjearon además la indignación de sindicatos policiales y partidos de la oposición. Para la AVT, un comportamiento «impropio de un presidente del Gobierno», igual que el uso del lenguaje para hablar de «presos vascos o banda», sin añadir el término «terrorista». Esta asociación ha reclamado reunirse con Sánchez desde que llegó a Moncloa, sin éxito por el momento. Es la más crítica con la gestión del Ejecutivo, junto con Dignidad y Justicia y Acvot.

Posteriormente, en noviembre del año pasado, se produjo un lamentable fallo de comunicación. Por un error en la agenda oficial de Moncloa, aparecía como un acto con la Fundación de Víctimas del Terrorismo lo que en realidad era la reunión del Patronato de la Fundación Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, que no representa a ninguna.

El más reciente episodio propagandístico del Gobierno tuvo lugar el 4 de marzo, con la destrucción de armas de ETA por medio de una apisonadora. La presidenta de la AVT, Maite Araluce, reprochó en privado a Pedro Sánchez que no acceda a reunirse con ellos, además de rectificar su discurso: las armas nunca fueron entregadas por ETA, se las arrebataron las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En un acto tan cargado de simbolismo como la destrucción de más de 1.300 armas de ETA, que la banda usó para matar desde 1978 hasta 2002, el presidente del Gobierno decidió que la mayor asociación de víctimas del terrorismo de España no hablara ni un minuto en público, ni siquiera para agradecer a Policía, Guardia Civil y Ertzaintza su trabajo contra el terrorismo. Dignidad y Justicia y Covite tampoco acudieron a la llamada de Pedro Sánchez al considerar que se trataba de propaganda. «¿Cómo vamos a ir a un acto público en el que se destruyen las armas con las que han asesinado a nuestros familiares? ¿De verdad alguien cree que esto es motivo de celebración?», cuestionó Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite.