Junqueras: “Un peso indiscutible en la relación entre España y Cataluña”

Por razones de “utilidad social”. Así ha basado hoy el Consejo de Ministros los polémicos indultos a los líderes independentistas. Está previsto que los nueve políticos salgan mañana a mediodía de prisión.

Según ha podido saber LA RAZÓN, el Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia, ha desgranado esta decisión en nueve expedientes los motivos por los que perdonan las penas de cárcel a cada uno de los dirigentes, aunque sí que ha decidido mantener las de inhabilitación.

En el caso de Oriol Junqueras, líder de ERC, se puede leer que su apuesta “por la vía del diálogo parece a día de hoy decidida” y que este mismo año se ha pronunciado “nítidamente sobre el abandono de la vía unilateral”. Se añade asimismo que su indulto “satisface mejor el bien común de España” y que se trata de “una persona clave para la restauración de la convivencia” y “su peso en el devenir de las relaciones entre España y Cataluña resulta indiscutible”.

En lo que respecta a Jordi Cuixart, líder de Òmnium Cultural, el informe asegura que “esta contumaz actitud que ha mostrado podría suponer que no merezca el indulto por razones de justicia o equidad, pero no pueden anteponerse al superior interés público que inspira la concesión de su indulto”. Cuando se refiere a su “contumaz actitud” está hablando de que desde que se celebrara el juicio y fuese condenado ha insistido una y otra vez en que “lo volveremos a hacer”, en referencia al referéndum ilegal del 1-O y a la declaración unilateral de independencia de Cataluña.

La propuesta de indulto se dice “muy consciente de la gravedad de lo ocurrido en Cataluña en el otoño de 2017”, y añade que “quienes llevaron a cabo tales hechos no solo actuaron ignorando la Constitución, sino que también ignoraron a quienes no piensan como ellos (...). Cegados por sus objetivos políticos, olvidaron las leyes que nos les gustaban y a las personas que no les apoyaban”, según informa Europa Press.

No obstante, se considera que la realidad social y política a la que ha dado lugar el encarcelamiento de los condenados afecta indudablemente a esa convivencia democrática entre catalanes, “condicionando negativamente las relaciones entre Cataluña y el resto de España y obstaculizando la superación del conflicto existente”.

Por ello, el análisis del Gobierno pasa por reflejar “la profunda división que actualmente experimenta la sociedad catalana y que irradia sus efectos sobre el conjunto de España”, así como “la polarización del espectro político catalán en torno al eje independencia/no independencia”.

El Ejecutivo reivindica que, en base a la experiencia política de estos últimos años, “el diálogo es la única vía eficaz para la superación de las diferencias que ponen hoy en riesgo la convivencia entre los catalanes, y entre Cataluña y el resto de España”.

Sin embargo, lamenta que “las políticas basadas en la confrontación intensiva han acabado por erosionar los cauces naturales e institucionales de comunicación, hasta el punto de impedir el necesario diálogo”.

En otro de los puntos, Moncloa considera que de la concesión de estos indultos no se deriva “ningún efecto pernicioso e irreversible a los valores de la Justicia”,ni “tampoco merma o debilita el Estado de Derecho, sino que, al contrario, “el perdón de la pena que conlleva es muestra evidente de su fortaleza” porque “solo desde la robustez de un Estado de Derecho sólidamente asentado se puede entender la existencia de un mecanismo como el indulto”.

Apunta, asimismo, que “existen antecedentes históricos que evidencian los resultados en Cataluña de la inacción política y del bloqueo del diálogo”, para precisar que “el último gran acuerdo político transversal en Cataluña fue en 2006 con la aprobación del Estatut” y que desde entonces, a medida que ha aumentado la “confrontación institucional” también lo ha hecho el apoyo al independentismo.

Los expedientes recuerdan que en los informes del Tribunal Supremo y de la Fiscalía en la ausencia de arrepentimiento, de dilaciones y de desproporción de la pena en su día impuesta, y reprochan a ambas instituciones que ninguno de estos documentos realizara un análisis individualizado de cada condenado ni tampoco un examen integral del conjunto de razones de utilidad pública concurrentes.

Frente a ello, los expedientes apuntan que la motivación y la perspectiva política y social que, sin duda, ha de manejar el Gobierno para la toma de su decisión -muy especialmente en este caso- no han estado presentes en la valoración realizada por el Ministerio Fiscal y el Tribunal sentenciador.

El criterio que se utiliza por lo tanto es el de utilidad pública, que el mismo documento reconoce que es un concepto “abierto, indeterminado y de naturaleza esencialmente política”. Es por tanto al Poder Ejecutivo al que corresponde, en un modelo de separación de poderes, valorar la conveniencia política de su aplicación en cada caso concreto, subrayan los expedientes.

“El debate público suscitado es un claro reflejo de la trascendencia política del caso y evidencia la existencia de intereses generales en juego que van más allá de la situación jurídica del condenado”, añade.

Además, se incide que cada uno de los presos del procés han cumplido ya un tiempo de privación de libertad, un efecto que no se pretende borrar con el indulto ya que persiste el delito y en caso de reiteración delictiva lleva consigo la apreciación de antecedentes penales.

Destaca también que no han vuelto a instigar o a cometer ningún acto de semejante significado y los informes de conducta evidencian “su mínimo riesgo de reincidencia” y la respuesta positiva que han tenido en los diferentes permisos otorgados. Inciden en que estos indultos no se extienden a la inhabilitación absoluta a la que fueron condenados y aseveran que esto “permite asegurar sus fines de prevención general y especial”.

“Posiblemente sería más sencillo para el Gobierno no concederlo, pero, en ese caso, estaríamos cruzándonos de brazos ante el mayor problema político que tiene España y perdiendo una oportunidad para el reencuentro y la reconciliación dentro del nuevo clima de normalización institucional en Cataluña que pretendemos favorecer con esta decisión”, concluyen.

Por el momento, el Tribunal Supremo no ha recibido una comunicación oficial por parte del Gobierno de los decretos de indulto, por lo que esperará a su publicación mañana en el Boletín Oficial del Estado (BOE), según han explicado fuentes del Alto Tribunal a LA RAZÓN.

Y una vez constaten de forma oficial la existencia de las medidas de gracia, los seis magistrados que conforman la Sala que los condenó, -ya que el séptimo, Luciano Varela, está jubilado-, decretarán la extinción de las condenas impuestas a cada uno de los nueve condenados por el ‘procés’.

Moncloa ha tomado esta decisión, la de mayor calado de la legislatura, en su apuesta por la “concordia” en Cataluña. Han tomado la determinación, apelando a la “valentía” para resolver el “conflicto político” en Cataluña. Es esta apelación a lo político, lo que recorre la argumentación de Justicia en los nueve informes que han elevado al Consejo de Ministros para su aprobación. Fundamentándolos en la “utilidad pública” del perdón, el Gobierno ha hecho valer la facultad discrecional que tiene constitucionalmente para activar la medida de gracia, y “restablecer” así “la convivencia y la concordia entre la sociedad catalana y la española”.

En los citados expedientes, el Gobierno no cuestiona la sentencia del “procés” por la que fueron a prisión ni rebaja la gravedad de los delitos cometidos. “La vía judicial concluyó con la sentencia firme, que el Gobierno no pone en cuestión”, ha confirmado Sánchez. Sin embargo, el Ejecutivo sí responderá a algunas de las calificaciones que hizo el Tribunal Supremo en su escrito desfavorable a la concesión de la medida de gracia, tales como las referidas a que se trataba de un perdón “colectivo” y de un “autoindulto”. “Conmutamos la pena pendiente de prisión, pero se mantiene la inhabilitación”, ha confirmado el presidente. Un hecho que, ligado a que la medida de gracia sea condicionada, abunda en la dificultad de que vuelvan a reincidir. Si lo hicieran, los indultos quedaría “sin efecto”.