Varapalo a Montero: el 68,3% rechaza las claves de la “ley Trans”

Casi un año después de lo prometido y tras varios desencuentros por el camino entre PSOE y Unidas Podemos en el seno del Gobierno, el anteproyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI llegó al Consejo de Ministros este martes 29 de junio. La autodeterminación de género y la falta de protección a los menores de edad fueron los primeros escollos que se presentaron en una negociación a dos entre la vicepresidencia primera que dirige Carmen Calvo y la ministra de Igualdad, Irene Montero. Finalmente tuvo que mediar el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, quien respaldó ambas polémicas. Así, Montero ganó la batalla a la ministra socialista, que se encuentra de salida de cara a la futura remodelación del Ejecutivo.

Igualdad no solo se ha tenido que enfrentar a la cuota socialista para conseguir que la Ley Trans salga adelante, sino que la norma ha recibido el contundente recelo de centenares de colectivos feministas que han pedido la dimisión Irene Montero al considerar que la Ley Trans «borra» la lucha de las mujeres y las «ignora y desprecia».

Los puntos más polémicos de la Ley son, a parte de la autodeterminación de género, la desaparición de los términos madre y padre por «progenitores», la inversión de la carga de la prueba o las multas económicas; hasta 150.000 euros a quienes se nieguen a alquilar un piso a una persona LGTBI o, incluso, la prohibición de ayudas públicas al infractor.

El rechazo por edades

El rechazo del colectivo feminista es también extensible a la sociedad. Así lo refleja la encuesta de NC REPORT para LA RAZÓN realizada entre los días 1 y 3 de julio, tras dar luz verde a la norma. Siete de cada diez españoles se posiciona en contra de la autodeterminación de género, esto es reconocer de forma lícita la identidad de género de una persona de forma libre y con su declaración expresa sin que necesite presentar un diagnóstico médico o la comparecencia de testigos. El rechazo más contundente se encuentra entre las personas de a partir de 55 años, mientras que son los más jóvenes de entre 18 y 34 años los que lo aprueban, según el 56,5%.

¿Se debe poder escoger género a partir de los 16 años?

Otro de los contenidos candentes de la norma es la posibilidad de que los menores de edad puedan elegir a partir de los 16 años cambiar de género sin necesidad del permiso de los padres. Para el colectivo feminista ello puede «inducir» a los menores a pensar que hay niños y niñas que han podido nacer en el cuerpo equivocado «provocando dudas» y orientándolos hacia una transición al sexo contrario. El 68,3% está en contra de ello y solo un 27,7% lo ratifica. Según el anteproyecto, a partir de los 16 años, cualquier persona podrá acudir al Registro Civil sin necesidad de informes previos. Allí un funcionario le ofrecerá un formulario en el que deberá declarar su voluntad de modificar su género, o femenino o masculino. Tendrá un plazo de tres meses para citarse de nuevo en el Registro Civil y ratificar su decisión de cambio de género. Un proceso que se lleva a cabo con una doble comparecencia. Los menores de 12 años no podrán cambiar de sexo pero sí de nombre, sin necesidad de prueba testifical. En el intervalo entre los 12 y 14 necesitarán autorización judicial, y entre los 14 y 16, para cambiar de género deberán ir acompañados de sus familiares.

Otro de los aspectos que incluye la norma y que ha contribuido al malestar de la sociedad son los complejos conceptos que se incluyen para identificar a las personas trans. Por ejemplo, las viudas son cónyuges supérstites y las embarazadas, progenitores gestantes. Según la encuesta, la desaparición de los términos madre y padre por «progenitores» es rechazada por siete de cada diez encuestados.

El hecho de que los acusados por discriminación de género deban demostrar su inocencia, aunque no haya pruebas del supuesto delito, esto es la inversión de la carga de la prueba, tampoco es aprobado por los ciudadanos. El 67,9% está en contra, frente a un único 27,4% que lo ve bien. La norma, acaba así con uno de los principios básicos de cualquier Estado de Derecho, el de la presunción de la inocencia del acusado.

Las multas para los infractores

Por otro lado, la norma prevé diversas sanciones económicas a los infractores. Las más graves castigadas con hasta 150.000 euros de multa. Quienes deberán pagar esta cantidad será quienes, por ejemplo, se nieguen a alquilar un piso a las personas trans, o incluso multas accesorias como el cierre del establecimiento donde se haya producido una agresión o el cese de la actividad económica o profesional a la persona infractora por discriminación de género por un tiempo máximo de tres años. La mitad de la sociedad, un 53,3% estaría a favor de estas sanciones mientras que un 41,5% se posiciona en contra. También se prevén multas a quien deniegue el acceso al empleo a este colectivo, o la posibilidad de la prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública por un período de un año, entre otras.

Una de las quejas más escuchadas de los colectivos feministas es la de que la norma perjudica a las mujeres porque puede contravenir sus derechos. Quienes la rechazan creen que las estadísticas para combatir la desigualdad de las mujeres dejarán de ser fiables y que los considerados como «espacios seguros» para las mujeres ya no lo serán. Según la encuesta un 48,8% cree que la ley Trans va en contra de las reivindicaciones del feminismo tradicional, pero un 40,5% no cree que exista tal problema.

El mundo femenino deportista también ha levantado la voz contra la norma impulsada por Montero. Feministas, Federaciones Deportivas, clubes, asociaciones como «Save Women Sport» y deportistas han expresado sus críticas en los últimos días. A su juicio, la norma acaba con el principio de igualdad que debe regir en las competiciones. La queja principal hace referencia a que mujeres y hombres cuentan con diferencias anatómicas obvias que producen una «ventaja deportiva para los varones». Así, un 51,1% cree que sí perjudicará al deporte femenino, mientras que un 39,9% opina que no.

Por último, la Ley Trans encarga a los responsables de la organización educativa que fomente «la introducción de referentes positivos LGTBI en los materiales escolares, de manera natural, respetuosa y transversal, en todos los niveles de estudios y de acuerdo con las materias y edades». O, por ejemplo, que se desarrollen programas informativos para «divulgar las distintas realidades afectivo-sexuales y familiares y combatir la discriminación de las personas LGTBI y sus familias por las causas previstas en esta ley, con especial atención a la realidad de las personas trans e intersexuales». En cuanto a este tema, existe división. Un 48,4 está de acuerdo con que se impartan este tipo de enseñanzas mientras que un 46,7% no lo está.