Moncloa descarga en Laya el «caso Ghali»: «Fue quien tomó la decisión»

El «caso Ghali» cerca a Pedro Sánchez y en Moncloa intentan descargar la presión con una estrategia en dos direcciones. Por un lado, asegurando que «no hay caso» y que todo se hizo «conforme a derecho». Y, por otro, trasladando el peso de la decisión a la ex ministra de Exteriores Arancha González Laya, ante cualquier eventual responsabilidad penal que se pueda derivar. El terremoto Ghali que generó una crisis diplomática y migratoria con Marruecos tiene ahora, cuatro meses después, su réplica judicial, con la investigación de las circunstancias en las que se produjo la entrada del líder del Frente Polisario en España.

La decisión del juez que está al frente de la instrucción, Rafael Lasala, de citar como imputada a la ex ministra González Laya por la supuesta comisión de un delito de prevaricación sitúa en el punto de mira al Ejecutivo en la búsqueda de respuestas. El magistrado quiere saber de quién partió en última instancia la autorización para que Ghali llegara a nuestro país por «motivos humanitarios» –estaba enfermo de Covid–, eximiéndole del preceptivo control de documentación y aduana. En su declaración ante el juez, el que fuera jefe de gabinete de González Laya no quiso elucubrar, pero deslizó que no fue la entonces titular de Exteriores quien tomó la decisión de acceder a la petición de Argelia de acoger a Ghali en España. «El Gobierno no es un reino de Taifas».

En el escrito en el que la acusación popular pide también la testifical de la ex vicepresidenta primera del Gobierno Carmen Calvo, ya se apunta a que la decisión se habría tomado alrededor del 15 de abril en un «consejillo de ministros» en el que habrían participado, además de Pedro Sánchez, los ministros implicados: los vicepresidentes Carmen Calvo y Pablo Iglesias, la propia Laya y los titulares de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y Defensa, Margarita Robles, «los necesarios en un asunto de esta entidad». En esa reunión, sostiene la acusación, «se acordó autorizar la entrada en España del líder polisario» –investigado por genocidio, torturas y detención ilegal en la Audiencia Nacional–, «delegando en Exteriores y Defensa la ejecución del plan previsto a través del aeropuerto militar de Zaragoza», ordenando que todo se hiciera con «discreción, sigilo y ocultación».

El presidente del Gobierno salió ayer al paso de las especulaciones desde Nueva York para respaldar la actuación de su Gabinete, aunque sin aclarar si fue él quien autorizó en última instancia la entrada de Ghali en España en las controvertidas circunstancias que ahora investiga la Justicia. «El Gobierno de España hizo lo que debía, dar respuesta a esta cuestión humanitaria, y lo hizo como debía, conforme a la ley», señaló en una rueda de prensa en Nueva York, donde acude a la Asamblea General de la ONU. En esta misma línea, fuentes gubernamentales señalaron a este diario que «no hay nada en este procedimiento» que les haga preocuparse, porque «todo se hizo conforme a derecho y a la legalidad y los jueces así lo decidirán».

Sin embargo, no todos se muestran tan convencidos de que «no haya caso» y algunas voces dentro del Gobierno descargan abiertamente toda la responsabilidad en la que fuera su colega de Gabinete, ya fuera del Consejo de Ministros. «Fue Laya quien tomó la decisión», aseguran en privado, argumentando que el presidente del Gobierno deja «autonomía» a sus ministros para que gestionen cuestiones de este calado. Sin apuntar explícitamente a la ex ministra de Exteriores, pero dejando claro que no tuvo nada que ver en la toma de decisiones, la ministra de Defensa negó ayer participar en ninguna reunión en la que se tratara la conveniencia o no de permitir la entrada de Brahim Ghali en España. «Jamás», aseguró taxativa, para señalar que «nunca» se le consultó sobre dicho asunto.

Robles circunscribió al Ministerio de Asuntos Exteriores la gestión de la entrada del líder polisario con identidad falsa. «Las decisiones de los ministerios las toman solo y exclusivamente los ministerios que intervienen en las mismas», señaló. Sin embargo, el ex jefe de Gabinete de Laya intercambió una cadena de mensajes de Whatsapp dando instrucciones al teniente general y segundo jefe del Estado Mayor del Aire de España, Francisco Fernández, para que Ghali entrase a España sin control de pasaportes a través de la Base Aérea de Zaragoza en un avión medicalizado, acompañado por otra persona. «Yo no acostumbro a hablar de las cosas que desconozco», apuntó Robles, quien se mostró, sin embargo, «convencida de que el Ministerio de Exteriores, como hace siempre, habrá actuado con arreglo a la legalidad».

Otros cargos, en el punto de mira

El juez que investiga la entrada de Ghali en España por la posible comisión de delitos de prevaricación, encubrimiento y falsedad documental tiene ahora que decidir no solo si llama a declarar como testigo a Carmen Calvo (que como ex integrante del Gobierno podría incluso contestar a las preguntas del instructor por escrito), sino también si testifica su ex jefa de gabinete, Isabel Valldecabras. Según contó Camilo Villarino a Lasala, ella fue la persona que le telefoneó, tres días de la llegada de Ghali a España el pasado 18 de abril, para preguntarle si sabía algo de su posible venida a nuestro país. Según explicó, le contestó que no sabía nada del asunto (se enteraría 24 horas después por boca de la propia Laya).

Una de las acusaciones populares también quiere que declare como testigo la directora de gabinete del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien según su versión le llamó el 23 de abril para trasladarle que la Audiencia Nacional había pedido a Interior que informase de la localización en España del líder del Frente Polisario. Ese mismo día, Interior confirmó que estaba ingresado en un hospital de Logroño (donde ingresó con documentación falsa a nombre de Mohamed Benbatouche). Para el letrado de la acusación, Antonio Urdiales, «lo lógico y normal” es que Interior “estuviera al tanto de la operación», porque cuando Ghali llegó en ambulancia al hospital le esperaban en la puerta policías y pudo incluso ser «escoltado por fuerzas policiales desde Zaragoza», informa Ricardo Coarasa.