Laya, “tranquila” ante su cita judicial

El terremoto “Ghali” que desencadenó una crisis migratoria y diplomática con Marruecos el pasado mes de mayo tiene ahora, cinco meses después, sus réplicas judiciales para el Gobierno de Pedro Sánchez. El presidente dejó caer en la remodelación del Gabinete que acometió antes de verano a la entonces ministra de Exteriores, Arancha González Laya. Un movimiento que se interpretó como un gesto de buena voluntad hacia Rabat, en su intención de cerrar la crisis. Una crisis que ahora tiene un nuevo frente en los tribunales. La decisión del juez que está al frente de la instrucción, Rafael Lasala, de citar como imputada a la ex ministra González Laya por la supuesta comisión de un delito de prevaricación sitúa en el punto de mira al Ejecutivo en la búsqueda de respuestas.

El magistrado quiere saber de quién partió en última instancia la autorización para que Ghali llegara a nuestro país por «motivos humanitarios» –estaba enfermo de Covid–, eximiéndole del preceptivo control de documentación y aduana. En su declaración ante el juez, el que fuera jefe de gabinete de González Laya no quiso elucubrar, pero deslizó que no fue la entonces titular de Exteriores quien tomó la decisión de acceder a la petición de Argelia de acoger a Ghali en España. «El Gobierno no es un reino de Taifas».. De la misma opinión participa el ex ministro de Exteriores José Manuel García Margallo que, en conversación con este periódico, se muestra extrañado por las voces del Ejecutivo que han descargado toda la responsabilidad de la decisión en Laya.

Según su experiencia en esta cartera, “una decisión que afecta a distintos ministerios y de tanta trascendencia, no se toma por el ministro sin consultar al presidente”, asegura Margallo. En efecto, en el escrito de la acusación popular ya se apunta a que la decisión se habría tomado alrededor del 15 de abril en un «consejillo de ministros» en el que habrían participado, además de Pedro Sánchez, los ministros implicados: los vicepresidentes Carmen Calvo y Pablo Iglesias, la propia Laya y los titulares de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y Defensa, Margarita Robles, «los necesarios en un asunto de esta entidad». En esa reunión, sostiene la acusación, «se acordó autorizar la entrada en España del líder polisario» –investigado por genocidio, torturas y detención ilegal en la Audiencia Nacional–, «delegando en Exteriores y Defensa la ejecución del plan previsto a través del aeropuerto militar de Zaragoza», ordenando que todo se hiciera con «discreción, sigilo y ocultación».

Desde Moncloa niegan cualquier irregularidad, sostienen que «no hay caso» y que todo se hizo «conforme a derecho». En palabras del propio Sánchez, durante su visita a Naciones Unidas: «El Gobierno de España hizo lo que debía, dar respuesta a esta cuestión humanitaria, y lo hizo como debía, conforme a la ley». Eso sí, sin aclarar si fue él quien dio la autorización última para que se procediera de este modo. En el Ejecutivo están en una actitud de control de daños y han encomendado a la Abogacía del Estado la defensa de la ex ministra que declarará mañana.

Consideran que “es indiferente quién o quiénes tomarán la decisión o estuvieran al tanto de la misma”, porque la decisión de permitir la entrada de Ghali está dentro de la legalidad. Hasta el último momento, han intentado sin éxito evitar la declaración de la ex ministra, por considerarla innecesaria e “impertinente” porque “no aporta nada sobre los hechos investigados”, unos hechos que consideran, además, que no son delictivos, porque no existen indicios de que Laya y Villarino, su mano derecha, participaran en una supuesta falsedad documental. La Abogacía del Estado intentará también sortear el encubrimiento, dado que “no existía” en la Audiencia Nacional “ninguna medida” respecto a Ghali y, por tanto, no había “ninguna acción de la Justicia española que eludir”. Así como que el control del pasaporte no era necesario ni exigible, porque el líder del Frente Polisario tenía nacionalidad española y DNI en vigor.

La incógnita es qué actitud adoptará Laya en su declaración. En su entorno aseguran que afronta la jornada “tranquila”, aunque haya intentado por todos los medios evitar el trance de ir de manera presencial. Tal como publicara recientemente este diario, González Laya está muy molesta con otros ministros competentes en la materia que ahora miran para otro lado. La ausencia de una llamada del presidente y la cobardía de sus antiguos compañeros la ha decepcionado. De hecho, cuando se conoció su imputación, en el seno del Ejecutivo no tuvieron reparos en descargar toda la responsabilidad sobre ella, asegurando que fue ella, en ejercicio de la “autonomía” que otorga el presidente a sus ministros, quien tomó en exclusiva la decisión de dar entrada a Ghali a España.