Los militares critican que se les use como «un objeto de repoblación»

La decisión del Ministerio de Defensa de reactivar el antiguo cuartel de Monte la Reina (Zamora) para frenar la despoblación trasladando a unos 1.400 militares fue recibida con alegría en la zona, pero no de la misma forma entre los uniformados. Y es que, tal y como ha criticado hoy la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), este proyecto «nada tiene que ver con las necesidades operativas de la defensa nacional» y se trata a los efectivos como un «simple objeto de repoblación».

En un comunicado de apenas página y media, AUME carga duramente contra esta decisión, dejando claro desde el primer momento que se llevará a cabo «sin el consentimiento o voluntariedad» de los militares y «sin información previa».

«Esta utilización de los militares y sus familias es lo más parecido a la trata de personas», arranca la queja de esta asociación, asegurando que este «proceso de repoblación es propio de otras épocas».

“Gran incertidumbre”

A su juicio, ni los militares ni las principales asociaciones han recibido detalle alguno sobre este plan, cuyo coste se cifra entre los 85 y 100 millones (el Gobierno ya ha prometido 20 millones para 2022 y la Junta de Castilla y León, otros 15). «La envergadura del proyecto convulsiona a miles de militares que, tras conocerse el tipo de unidades que serán trasladadas –un Regimiento de Artillería y un Batallón de Zapadores–, son fruto de una gran incertidumbre».

Y se preguntan, al mismo tiempo, «qué ocurrirá con sus familias, trabajos de los cónyuges, colegios de los hijos, espacio habitacional, situación de los convivientes con dependencia...»- De ahí que insistan en que esta decisión de frenar la despoblación que sufre la provincia de Zamora con militares se basa únicamente «en lo que los militares y sus familias pueden aportar a la economía local, es decir, no interesa el trabajo que vayan a realizar».

Por ello, quieren dejar claro que «la vida personal y familiar de los hombres y mujeres militares, así como la de sus familias, no está a disposición del Estado», al tiempo que reiteran que, con esta medida, «se trata de beneficiar a una población mediante el perjuicio de otras personas», a las cuales, aprovechan para recordar, «se les niega un salario digno».

“Cosificados”

Así, esta asociación aprovecha para exigir al Departamento que dirige Margarita Robles «máximo respeto a las personas, sin que sean cosificadas ni tratadas como objetos» y «total transparencia y comunicación con el posible colectivo afectado». Pero, sobre todo, además de reclamar más «diálogo» con los representantes de los uniformados, piden «dejar de pisotear la dignidad de los hombres y mujeres militares tratándoles como cosas y no atendiendo a sus problemas».

Porque, concretan, «los militares necesitan del mismo trato y atención que se quiere dar a la población a la que se pretende beneficiar». Y avisan de que llevarán a cabo «las acciones pertinentes y que en derecho correspondan para tratar esta situación».

Fue el lunes cuando el Ejército de Tierra confirmó que oficialmente arrancaba el plan para reactivar el cuartel abandonado que se encuentra en la localidad de Toro y que el inicio de las obras para trasladar allí a unos 1.400 militares estaba previsto para próximo año 2022.