Sánchez relega la Ley de Memoria por falta de apoyo de ERC y Bildu

El Gobierno se ve obligado a dilatar los tiempos para apurar la negociación, bajo la excusa de que su prioridad ahora es acometer las reformas económicas que pide Bruselas

El Valle de los Caídos se vería directamente afectado por la nueva normativa
El Valle de los Caídos se vería directamente afectado por la nueva normativa FOTO: Rafael Bastante Europa Press

El Gobierno exhibirá hoy con triunfalismo una mayoría de más de 180 diputados para avalar los Presupuestos Generales del Estado para 2022 en su trámite parlamentario en la Cámara baja. Hasta 14 partidos apoyarán las cuentas públicas, según presumen en Moncloa. Un espejismo de estabilidad para Pedro Sánchez, que sigue dependiendo de soberanistas y nacionalistas, para materializar su agenda legislativa. La coalición apenas atesora 155 diputados y el abismo que le separa de la mayoría absoluta, que requieren algunas votaciones, sigue tornándose intransitable si no lo hace con ERC y EH Bildu como compañeros de viaje. Estas formaciones, independentistas y abertzales, se vanaglorian ya públicamente de su papel «determinante» y del poder que ostentan para lograr doblar el brazo del Gobierno rubricando pactos «incómodos» para Moncloa. La precaria mayoría de Sánchez tiene una cara A, los Presupuestos y la cara B, la Ley de Memoria Democrática.

El Ejecutivo de Sánchez se ha visto obligado a renunciar, por el momento, a tramitar una de sus normas estrella por no contar ésta con el favor de sus socios de ERC y Bildu. En el Gabinete venden el retraso como una cuestión de prioridades y aseguran que ahora se enfocan en los objetivos más acuciantes. Eso de discernir entre lo urgente y lo importante. Se dan, por tanto, por satisfechos con asegurarse antes de final de año la aprobación de los Presupuestos para 2022, un trámite que les garantiza agotar la legislatura, y consolidar además las reformas que exigen desde Bruselas y a las que está condicionada la recepción de los fondos europeos, esto es, cometer la reforma laboral y la de pensiones.

La dilación a la que se ha visto sometida la Ley de Memoria Democrática no es iniciativa de Moncloa. Más bien, todo lo contrario. En el Ejecutivo apretaron el calendario al máximo para tenerla aprobada cuanto antes y realizaron un último intento, la semana pasada, con la introducción de varias enmiendas pactadas unilateralmente en el seno de la coalición, para intentar atraer a los socios parlamentarios disconformes. No fructificó. El subterfugio sobre la Ley de Amnistía y los crímenes franquistas no solo no convenció a ERC, que se percató de la trampa desde el primer momento, sino que incluso causó un choque entre PSOE y Podemos.

El trámite de enmiendas se cerró sin acuerdo y, ante la necesidad de ganar tiempo para trabajarse el favor de los socios, en Moncloa han optado por enfriar el debate para evitar una rotunda derrota parlamentaria de la que estaba llamada a ser una de sus leyes banderas. «El apoyo está aún muy lejano», confirman desde ERC y Bildu. Después de la exhumación de Franco del Valle de los Caídos, el Gobierno quiso dar continuidad a su apuesta por la memoria con una norma que ponía a las víctimas en el centro y aumentaba los recursos para investigar y recuperar los restos diseminados en fosas comunes por todo el país. Sin embargo, tanto las asociaciones como los socios parlamentarios creen que la ley no es suficientemente ambiciosa y reclaman, por ejemplo, «resarcir económicamente a las víctimas del fascismo» o «retirar el título de Rey» a Felipe VI por haber sido concedido a Don Juan Carlos por un «régimen ilegal».