La directora del CNI desbarata la estrategia de Moncloa sobre Pegasus

El Gobierno ha colocado al CNI en el centro de su estrategia para intentar reconducir la crisis con ERC a raíz del espionaje. Pero ha conseguido el efecto contrario. Cuando se conoció que se habían interceptado las comunicaciones de varios líderes y activistas catalanes, el Ejecutivo hizo dos movimientos: anunciar un «control interno» dentro de los servicios de inteligencia para fiscalizar sus actuaciones e impulsar el desbloqueo de la comisión de secretos oficiales, varada en el Congreso desde el inicio de la legislatura, para que la directora del CNI, Paz Esteban, diera cuenta en ella de las actividades que se habían llevado a cabo en este sentido.

El foco sobre Esteban se intensificó en los últimos días, con un cuestionamiento abierto de su figura, que apuntaba a que sería la pieza a cobrarse para aplacar al independentismo. Sin embargo, la comparecencia de la directora del CNI y la gestión de la crisis por parte del Gobierno han hecho que se desbarate la estrategia hilvanada por Moncloa. Las explicaciones de Esteban no solo no han servido para calmar los ánimos, sino que la revelación de que se espió al presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, aunque fuera con aval judicial, ha colocado al borde de la ruptura las relaciones que se pretendían encauzar con Esquerra.

En Moncloa aseguran que ellos no han dado orden al CNI de espiar a nadie y que es el Tribunal Supremo quien autoriza los seguimientos. «Ni podemos ni debemos saberlo. Es una cuestión de separación de poderes», señalan fuentes gubernamentales a LA RAZÓN sobre las escuchas a Aragonés. Desde el Ejecutivo intentan restar trascendencia a la reacción de la Generalitat y señalan que «no es tan grave», porque «no deja de ser un problema político, que se solucionará haciendo política». Se refieren a que no se ha demostrado que exista ninguna negligencia ni ilegalidad por parte del Estado en estas intervenciones y que quizá cabría preguntarse «cuáles fueron los argumentos que motivaron que el juez avalase los pinchazos» del entonces vicepresidente del Govern.

La reacción de la Generalitat ha sido pedir que se asuman responsabilidades de manera «inaplazable», pero esto vuelve a generar un problema al Gobierno. Dejar caer ahora a Esteban se percibiría como un cese político, un nuevo peaje a sus socios. Con el coste que llevaría aparejado, dado que Pedro Sánchez sería el primer presidente que, además de reconocer públicamente que fue espiado, depuraría responsabilidades dentro de sus propios servicios de seguridad. La directora del CNI pidió a puerta cerrada «confianza», tal como ha podido saber este diario, un mensaje que bien podría ir dirigido a los suyos. Esteban dio cuenta del seguimiento a 18 líderes independentistas y avaló con autorizaciones judiciales su legalidad. Desmontada la primera parte del escándalo «Pegasus», el que atañe al soberanismo, la directora de los servicios de inteligencia no se extendió –según fuentes presentes– en las explicaciones sobre la intervención de los terminales de Sánchez y Robles. No hay reconocimiento de errores sobre esta cuestión por parte del CNI y desde Defensa ya deslizaron que corresponde de oficio su control a la Secretaría General de Presidencia.

El cruce de acusaciones entre Robles y Bolaños en este sentido también pone en duda que la brecha de seguridad que permitió el volcado del móvil de Sánchez fuera una negligencia imputable a la inteligencia española, por lo que depurar responsabilidades exclusivamente en esta dirección sería un sacrificio inútil. A los socios de investidura no les parece suficiente la cabeza de Esteban. Una cabeza injustificada a tenor de la legalidad de los espionajes a los independentistas y de lo dudoso de su responsabilidad por el «hackeo» de terminales gubernamentales. Quizá lo hubiera sido antes del lunes, pero cuando el Gobierno expuso públicamente su falla de seguridad interna no hizo un ejercicio de transparencia, sino de exhibición de sus debilidades hacia el exterior –otros estados– y hacia el interior –sus socios y adversarios político–. Un verdadero tiro en el pie.

Esteban también desbarató en su intervención la versión que Moncloa lanzó a algunos medios sobre la autoría del espionaje, apuntando a una empresa internacional. Según reconocieron fuentes presentes en la comisión de secretos la tesis apuntaría a un país extranjero o a otro organismo estatal. Prueba de que la estrategia de Moncloa ha quedado desmontada es que desde varias vías se rebaja el tono nítidamente. También en público, donde se habla de «responsabilidad compartida» de todo el Gobierno por los fallos de seguridad y se evita hablar de ceses. El ministro de la Presidencia ha intentado en las últimas horas reconducir el clima de tensión que se vive en el Ejecutivo y llamó a Margarita Robles el miércoles para trasladarle «todo su apoyo». Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, cerró filas con la directora de los servicios de inteligencia tras su comparecencia, asegurando que el Gobierno no está aún en la “fase de ceses” en el CNI.