Moncloa autoriza al CNI a informar al juez sobre el espionaje a Sánchez y dos ministros

El Consejo de Ministros aprueba este martes la autorización a los funcionarios del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a compartir la información recopilada de los datos sustraídos con Pegasus de los móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los titulares de Defensa e Interior, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska, en respuesta a la petición cursada por el juez que instruye el caso en la Audiencia Nacional tras la denuncia presentada por el Ejecutivo.

Ello no significa que se haya dado “luz verde” a desclasificar documentación, sino a facilitar la entrega a al magistrado José Luis Calama sobre el análisis pericial de la intrusión con Pegasus en los móviles del líder del Ejecutivo y los titulares de Defensa e Interior por parte de los funcionarios del servicio de inteligencia. Para que puedan entregar dicho documento deben tener la aprobación del Consejo de Ministros, según señalan fuentes gubernamentales a Servimedia.

En resumen, subrayaron las mismas fuentes, se trata de un mero trámite para que los funcionarios afectados, en su mayoría miembros del Centro Criptológico Nacional (CCN), puedan declarar y facilitar los detalles al juez instructor del caso. La citación, en su caso, podría llegar a la exdirectora del CNI Paz Esteban que ostentaba el cargo cuando se produjo el espionaje. Precisamente, la desclasificación de los documentos oficiales es una de las reclamaciones por parte de los partidos independentistas y también de Podemos, sin embargo, el Ejecutivo ya ha rebajado estas intenciones en varias ocasiones y solo lo hará si así lo exige el magistrado.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 inició la investigación el pasado 26 de abril tras una denuncia presentada por la Abogacía del Estado. Según el documento en el que inicia el caso, que se ha declarado secreto, se indaga en posibles delitos de descubrimiento y revelación de secretos. En un principio Pegasus apareció en el móvil del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, y posteriormente también se descubrió el virus espía en el del encargado de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y al de Agricultura, Luis Planas, por lo que la denuncia fue ampliada.

El juez Calama pretende hallar quién estuvo detrás de la infección de los terminales. “Se produjo exfiltración de información”, decía uno de sus escritos. El jefe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, pidió que las diligencias tuvieran un velo protector de reserva por si de lo que descubrieran pudieran derivarse secretos de estado que no deben estar accesible a las partes.