El juez ordena investigar si Bousselham mintió en su declaración sobre Iglesias en el “caso Dina”

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado enviar a dos juzgados diferentes la causa que afecta a Dina Bousselham en relación al “caso Dina” para que se investigue si mintió al cambiar de versión sobre el robo de la tarjeta de su móvil. El magistrado, en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, ha deducido testimonio, por un lado, al decanato de los Juzgados de Madrid para que analicen las distintas contradicciones en las declaraciones de la exasesora de Pablo Iglesias y saber así si mintió y cometió un delito de falso testimonio. Por el otro, al juzgado de Alcorcón en el que se produjo el robo de su teléfono en noviembre de 2015 para que indaguen si hubo denuncia falsa y simulación de delito.

En un escrito con fecha de este 1 de septiembre, el juez acepta la petición que partió de la acusación popular Asociación de Juristas Europeos Proleje. Al tratarse de un posible delito que ya no tiene relación con el esqueleto de la causa (el “caso Dina” se enmarca en el macrocaso sobre el comisario Villarejo), García Castellón lo envía a la justicia ordinaria para que sean ellos los que escuchen las grabaciones, lean las diligencias y dictaminen cómo actuar.

Tanto Bousselham como su entonces pareja Ricardo Antonio de Sa Ferreira han declarado en varias ocasiones a lo largo de la instrucción en la Audiencia Nacional sobre el robo de la micro-sim de su móvil, la aparición de fotos y datos secretos en los archivos de Villarejo y la distribución de este contenido en algunos medios de comunicación.

El exvicepresidente segundo siempre ha sostenido que el comisario y las “cloacas” policiales estuvieron detrás de esta maniobra para perjudicarle. Sin embargo, el juez sospecha que el exlíder de Podemos tuvo algún tipo de participación delictiva porque las fechas y los relatos no concuerdan. A lo largo de las declaraciones se desveló que en 2016 unos periodistas devolvieron la tarjeta a Iglesias en buen estado y que hasta que él se la entregó a su trabajadora pasaron meses y además estaba ya inaccesible. Boulsseham expuso primero que cuando llegó a su poder estaba dañada y, más tarde, cambió el relato aclarando que en realidad sí pudo entrar y fue más tarde cuando ya estuvo inservible. La Policía Científica buscó saber quién había entrado por última vez al contenido y quién y cómo la habían dañado, pero ni con la ayuda de los propios trabajadores de Samsung llegaron a ninguna conclusión vinculante.

García Castellón llegó a remitir una exposición razonada al Tribunal Supremo para que imputaran al exvicepresidente (sin éxito) en la que desarrollaba su tesis. “El Sr. Iglesias sabía de antemano que ni había hurto, ni conexión entre la sustracción y la publicación, ni delito de descubrimiento y revelación de secretos, pues había visto el contenido de la tarjeta, y la tenía en su poder, por eso, probablemente, meses después de la devolvió a su propietaria inservible; porque sabía que ella era el origen de la publicación”, señalaba el escrito del juez.

El togado utiliza los argumentos de esta exposición razonada para solicitar ahora que se abra una investigación en los juzgados a los que envía la causa. Los magistrados del alto tribunal le pidieron que siguiera indagando, pero él considera que, después de haber tomado los últimos testimonios y de haber topado con el final de la instrucción, debe analizarse por separado el relato de la ahora directora de un digital.

Cree, por tanto, que Bousselham mintió al contar primero que Iglesias le había devuelto la tarjeta y confesar después que había pasado un tiempo largo y, por extensión, cree que la denuncia que puso la exasesora cuando le robaron el abrigo con su móvil dentro pudo estar manipulada. Ella llegó a admitir que había hecho capturas de sus conversaciones con Iglesias y las había pasado, así que el juez considera que pudo ser esto lo que terminó en la prensa y no la información robada del móvil. En base a esta teoría, la denuncia sería falsa.

Oposición de Anticorrupción

En un escrito firmado por los fiscales César de Rivas y Miguel Serrano Anticorrupción se posiciona en contra de la petición de la acusación popular, si bien se refiere (y se opone) a la apertura de una pieza separada y no a la deducción de testimonio a otro juzgado. Reconocen que en las declaraciones “se evidencias las vaguedades contradicciones de sus versiones sobre los hechos”, pero no creen que esto haya “alterado de ningún modo el resultado” de la investigación.

Por eso no ven delito como para abrir una línea de investigación distinta. Además, consideran que como Bousselham y su pareja tendrán que declarar como testigo cuando se produzca el juicio oral, no es procedente que ahora se les investigue por falso testimonio.

El punto y aparte del “caso Dina” se puso a principios de este año cuando el instructor decidió no prorrogar más la instrucción. Un recurso de Iglesias y de la propia Boulsseham ante la Sala de lo Penal que sigue pendiente -ellos consideran que las pesquisas deben seguir y encaminarse hacia Villarejo y el resto de policías- está retrasando el punto y final.