Cristina L. Schlichting
La despiadada negociación
Apenas 28 diputados tienen en sus manos los presupuestos de todos nosotros para 2023. Son lo mejor de cada casa: ERC, PNV, Bildu y PDeCat. El Gobierno depende para su continuidad de cuatro pequeños partidos. El lector avisado puede imaginarse el tipo de condiciones que van a poner a Pedro Sánchez. Desde caricias a los presos de ETA a ventajas monetarias desorbitadas para País Vasco y Cataluña, pasando por traspaso de competencias o impulso de políticas lingüísticas nacionalistas. De los 349 diputados del Congreso, 149 están en contra de apoyar unas cuentas que consideran irresponsables porque nos endeudan en exceso. Se trata de los representantes de Pp, Vox y Cs, que plantearán enmiendas a la totalidad. Así que la aprobación depende de PSOE, Podemos y el arco de formaciones minoritarias, más o menos extremas, en un proceso en que se regateará hasta el último céntimo y el «último segundo del metaverso» con quienes saben que pueden pedir lo que deseen, que les será concedido.
Se abre ahora –el jueves llegó el borrador de las cuentas a la Cámara Baja– un capítulo infartante de la política nacional, que concluirá con la aprobación de los presupuestos oficiales en votación de los titulares de los escaños entre el 21 y 24 de noviembre, primero en el Congreso y luego, en Senado. La idea es que se publiquen en el BOE y entren en vigor el 1 de enero. Es la última gran negociación de la legislatura, tras otras dos sesiones presupuestarias centradas en la recuperación tras la pandemia, y están en juego muchísimo dinero y enormes prerrogativas políticas. Buena prueba de ello han sido los tratos previos con los que han vuelto a pactar su alianza PSOE y Podemos, con leyes como el aborto, eutanasia o identidad sexual y dificultades para acordar consensos sobre vivienda o familia.
En el pasado, en el feliz tiempo del denostado bipartidismo, con grandes mayorías políticas, los presupuestos eran un trámite. Ahora cabe decir que, con tanta minoría y Ejecutivo Frankenstein, se dirimen en estos días los asuntos más delicados y los pactos políticos más definitivos. Nos enteraremos de lo que el Gobierno es capaz de entregar a los independentistas para seguir en el poder. Cosas como las que contó en TV3 Pere Aragones, para sonrojo de Sánchez. A saber, que habían concordado que el Ejecutivo central no recurriría al Constitucional el incumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que establece que los colegios catalanes deben impartir un 25 por ciento de las asignaturas en castellano. Es decir, que Sánchez ha pactado traicionar a la Justicia –no digamos ya a los hispanohablantes– con tal de asegurarse así el apoyo de ERC.
Los ingredientes del período que tenemos por delante, el de negociación, son básicamente tres: discreción (o no), medida del tiempo y astucia. Las conversaciones se llevarán a cabo en secreto y solo cuando encallen o se vean estorbadas, se filtrarán datos interesados a los medios de comunicación. El escándalo de los titulares es un bien preciado que los actores utilizan para presionar al Gobierno.
En general, unos y otros prefieren los acuerdos silenciosos, donde se tapan las vergüenzas. Con relación al tiempo, habrá partido hasta el último segundo. Hasta que no venzan los plazos –y es de astutos apurarlos, para presionar con eficacia– no habrá acuerdo definitivo. Por supuesto, ganará el más artero, el que calcule sus fuerzas y la necesidad que Sánchez tiene de ellas con la precisión más despiadada. Que se lo pregunten al PNV. Esaú le vendió la primogenitura a su hermano Jacob a cambio de un plato de lentejas. Aquí ocurre exactamente al revés. Por conservar la primogenitura se pone en almoneda absolutamente todo.
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