La agenda catalana vuelve a primer plano

Pedro Sánchez lo tiene claro: «Cataluña va a ser un activo electoral para el PSOE» en las próximas elecciones. Desde que el presidente del Gobierno asumió el poder en 2018 ubicó como prioritario en su hoja de ruta resolver el «problemón» catalán –como él mismo lo ha definido– que heredó del Ejecutivo de Mariano Rajoy. La vocación se podría considerar altruista si entendemos que el beneficio que Moncloa ha procurado a ERC le está generando un importante coste político, pero la generosidad del movimiento queda lastrada por la dependencia parlamentaria de un gobierno en minoría.

El peso específico de los republicanos en la mayoría de la investidura ha ido evolucionando a lo largo de la legislatura de manera inversamente proporcional a los compromisos arrancados al Gobierno. Hasta tal punto que sus votos fueron intrascendentes para aprobar los últimos Presupuestos, mientras que, en paralelo, Sánchez perpetraba la derogación de la sedición y la reforma de la malversación. La agenda catalana ha vuelto a primer plano.

Una agenda que parecía anestesiada después del gran gesto del Gobierno hace un año y medio con los indultos. Sin embargo, en los últimos meses desde Moncloa orientaron su discurso en reivindicar la influencia de Sánchez en la «pacificación» de Cataluña, cómo su gestión ha roto el bloque independentista y ha mejorado la cohesión social y territorial respecto a 2017. Esto, a pesar de que Gobierno y Generalitat se enfrentaron a uno de los momentos más críticos de su relación con el «caso Pegasus». Una controversia por la intervención de las comunicaciones al propio Pere Aragonès, cuando era vicepresidente de la Generalitat, que obligó a entregar en bandeja la cabeza de la directora del CNI, Paz Esteban.

El conflicto se resolvió con varias reuniones entre el ministro y la consellera de Presidencia, Félix Bolaños y Laura Vilagrà, cuya expresión corporal en cada una de las citas sucesivas iba proyectando la evolución positiva de los encuentros. La crisis se cerró con una reunión bilateral entre Sánchez y Aragonès en Moncloa en la que pactaron la próxima reunión–se produjo días después– de la «mesa de diálogo». De ahí salió un primer acuerdo, que parecía algo etéreo: «superar la judicialización», un compromiso que ha tomado cuerpo cuando el Gobierno ha colmado las aspiraciones de ERC con la derogación del delito de sedición –y su sustitución por el de «desórdenes públicos»– y la reforma del tipo de la malversación.

La «mesa de diálogo» en la que el Ejecutivo aspiraba a alumbrar «soluciones imaginativas» para avanzar en el autogobierno catalán, convertida en una herramienta del desmontaje a la respuesta penal del «procés». Más allá del fondo, la forma en la que se han promovido sendas reformas, exprimiendo al máximo el calendario –ni una semana de tramitación en el Congreso– y sin contar con los informes de los órganos consultivos –cuando se promueve a través una proposición de ley no son requeridos– contrasta con la trascendencia de unos cambios que afectan a la estructura democrática misma.

La digestión de estas reformas, sobre todo en lo que respecta a la malversación está causando una profunda brecha en un PSOE que no comprende la idoneidad política de dar este paso en puertas de unas elecciones municipales y autonómicas, hipotecando una de las banderas tradicionales del partido: la lucha contra la corrupción. En paralelo con una pulsión casi insaciable, ERC publicitó su apuesta renovada por el referéndum de autodeterminación, un documento interno del partido, interesadamente filtrado coincidiendo con el pacto de la enmienda para rebajar penas en la malversación sin ánimo de lucro. Por calibrar está todavía qué efecto tendrá en los futuros comicios la apuesta de Sánchez por culminar su agenda catalana, que ya sí quedará apartada hasta 2024. En Moncloa consideran que se trata de una apuesta «arriesgada» pero que consigue enterrar la entente entre Junts y ERC para el futuro y fortalecer la alianza con los republicanos para un horizonte a largo plazo: cultivar la relación para apuntalar las próximas legislaturas en Cataluña y España.