25 testigos y pruebas pendientes de practicar: así avanza el caso "Begoña Gómez" en la Fiscalía Europea

La Fiscalía Europea avanza con paso firme en la investigación abierta por los contratos de Red.es que se adjudicó Juan Carlos Barrabés, tras las recomendaciones de Begoña Gómez. El ente comunitario ha tomado declaración al menos a 25 testigos en menos de un año y se prepara ya para acordar nuevas diligencias tras el duro informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) sobre las licitaciones a la firma del empresario aragonés.

Así lo confirman fuentes del ente a LA RAZÓN, las cuáles explican que el documento de Hacienda -que se remitió a la causa abierta contra Gómez en Plaza de Castilla- ha dado pie a practicar otras diligencias relativas a estas adjudicaciones que se costearon con fondos comunitarios. En concreto, explican que se ha dado un giro importante a la investigación con esta nueva fuente de prueba, si bien, como informó este medio, tampoco se prevé que las diligencias se alarguen excesivamente en este órgano.

Las mismas arrancaron tras constatar que los contratos de Red.es a la UTE The Valley-Innova Next por valor superior a los 8 millones de euros se habían sufragado con fondos comunitarios. La Fiscalía Europea asumió pues, lo relativo a esta parte de las pesquisas por delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación, si bien el resto de las diligencias se quedaron en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, del que es titular Juan Carlos Peinado.

Al menos dos investigados

De acuerdo con las fuentes consultadas, antes de verano había dos investigados en este procedimiento: el propio Barrabés (quien también dio clases en el máster que codirigió Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid) y un alto cargo del ente que adjudicó los contratos bajo sospecha. Al respecto, las fuentes consultadas no descartan que, a raíz del informe de Hacienda, se pueda ampliar la lista de investigados en el procedimiento. Sin embargo, para ello habrá que esperar a que se practiquen nuevas diligencias en aras a esclarecer la presunta ilegalidad de estas licitaciones, las cuáles vinieron recomendadas por la mujer del presidente del Ejecutivo.

En lo que respecta a las testificales las fuentes consultadas aseguran que se han practicado con celeridad durante este tiempo y que se ha escuchado a un grupo muy variado de personas. Entre ellas destacan componente de la mesa de contratación del órgano y también empresas competidores que concurrieron a estas licitaciones. En ese sentido, Hacienda alertó de que se podría haber producido incluso "fraude de ley" con las adjudicaciones de dos lotes de contratos sobre formación para el empleo juvenil en la economía digital y otro lote más de un contrato por el servicio de formación para desempleados.

En concreto, alertó de que, al darse un peso superior al juicio de valor, antes que a los criterios subjetivos se produjo una ponderación de criterios que no solo "no responde a la realidad", sino que podrían constituir fraude de ley. Además, el perito expuso que se eludió quela evaluación de los criterios subjetivos la realizara un Comité de Expertos en la que no podría haber participado el director proponente del contrato, ya que todo ello hubiera dado mayores garantías de una evaluación ecuánime de las ofertas, hecho que no ocurrió.

El futuro de la causa

El informe concluyó que la fórmula establecida en los pliegos no solo no contribuye a que los licitadores presenten ofertas económicas competitivas, sino que "les desincentiva a hacerlo". Al respecto se destacó que, de haberse tenido en cuenta los baremos más convencionales, el adjudicatario de los lotes hubiera sido Alita Consultores S.A y no la firma de Barrabés, ya que la primera presentó una oferta de 2,9 millones de euros frente a la de 3,6 millones de la UTE ganadora. Así pues, la correcta licitación hubiera supuesto un ahorro de 641.013,54 euros.

Se trata de extremos que han arrojado luz al procedimiento abierto en la Fiscalía Europea y que apuntala los indicios contra el empresario amigo de Begoña Gómez. La relevancia del documento hizo que Peinado se dirigiera a la Fiscalía Europea a principios de septiembre para recabarlo y adherirlo a su procedimiento. Se trata de un movimiento que ya ha recurrido el propio Barrabés, que considera que este asunto no forma parte de las diligencias de Plaza de Castilla y, por lo tanto, debería apartarse. Es más, su defensa ha remitido recientemente un escrito a la causa de Peinado en el que no solo se opone a que el asunto acabe juzgándose por un jurado popular, sino que pide el archivo de su causa, toda vez que lo relativo a sus contratos ya es asunto de la Fiscalía Europea.

Pero Peinado no está dispuesto a soltar lastre. Al contrario, hasta la fecha, la causa de Plaza de Castilla contaba un informe la Guardia Civil y otro de la IGAE, ambos elaborados casi al principio del caso y en fuentes abiertas, que no alertaron de ninguna irregularidad. Sin embargo, al adherir este nueva pericial de Hacienda, el juez acota los indicios contra el empresario y contra la mujer del presidente del Gobierno, a la que investiga por cinco delitos de corrupción. Peinado sostiene que hay serios indicios de que Gómez se habría aprovechado de su condición de mujer del presidente del Ejecutivo para beneficiarse de sus negocios particulares.