Un agente de Policía denuncia a una manifestante del 1-O en Barcelona que le dio un "pico" sin su consentimiento

Un agente de la Policía Nacional, que formaba parte de las Unidades de Intervención, UIP, ha denunciado a una ciudadana que, durante los incidentes registrados en el intento de golpe de estado del 1 de octubre de 2017, le dio un beso en la boca para, según la versión del agente, provocar un incidente dentro del ambiente de tensión que se vivía en esos momentos. Pide a la justicia que sea identificada y se adopten las medidas oportunas contra ella, así como que se dicte una orden de alejamiento de 1.000 metros.

Los hechos a que se refiere ocurrieron en la calle Vía Augusta 202, “donde una persona desconocida y de manera sorpresiva, inopinada, repentina y no consentida me da un beso en la boca, constitutivo de un delito contra la libertad sexual” del Código Penal.

“En ese momento, se acababan de intervenir las urnas electorales de dicho centro, que era colegio electoral y mientras se iniciaba el repliegue de los funcionarios actuantes, entre gritos, insultos y agresiones y vejaciones, una señora de unos 60 años se acerca a mí, me insulta y, al observar que una cámara estaba próxima a ambos, me agarra con ambas manos del cuello y del casco antidisturbios que portaba al ir de uniforme, inmovilizándome sorpresivamente y acercando mi cabeza a la suya, para posteriormente besar mi boca con la suya”., dice la denuncia.

“Todo ello aconteció en un ambiente de extrema violencia ambiental y buscando, además del ánimo libidinoso que le pudo complacer el hecho, una reacción en mi persona que sirviera de desencadenante de una situación de violencia generalizada. Ante ello, mi reacción, además de asco, fue de contención ante la extrema violencia que vivíamos”.

“Al agarrarme de la parte baja del casco, no pude zafarme ni impedir que doblara mi espalda, todo ello al intentar evitar tener una respuesta brusca al abuso que pudiera desencadenar una situación de riesgo aún mayor para la integridad de los actuantes de la que ya estábamos soportando”.

Por todo ello, solicita la plena identificación de la demandada, que aparece claramente en el vídeo que se aporta al juzgado y, si fuera necesario, su divulgación pública dado que está colgado en redes sociales. Y que se adopten las medidas policiales y judiciales necesarias para lograr ese fin.

Por su parte, el SUP insta a que los poderes públicos pongan a disposición de este policía todas las herramientas y garantías del estado de derecho para protegerle y que todo el peso de la ley recaiga sobre esta persona. “Seguimos con un procedimiento judicial donde 45 policías fueron imputados, mientras nosotros recibimos pedradas, vejaciones, agresiones físicas y hasta agresiones sexuales como este caso”, subrayan.